En concreto, para poder completarse, la operación debe recibir aún dos autorizaciones del Gobierno. Una del Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública, al implicar transmisión de espectro de una compañía a otra. Y otra del Consejo de Ministros, al tratarse de una inversión directa extranjera en una empresa estratégica para el país.

En el caso de la primera, fuentes conocedoras han confirmado a EL ESPAÑOL-Invertia que la autorización para la transferencia de espectro radioeléctrico, que debe ser concedida por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, se producirá "en las próximas semanas".

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En este sentido, han apuntado que se ha producido un retraso respecto a los plazos que se habían fijado inicialmente después de que Zegona presentará su solicitud a finales de 2023. No obstante, las fuentes han incidido en que este retraso será, en todo caso, "leve".

El motivo es que en el Ministerio ha decidido esperar a que se resolvieran todas las cuestiones relacionadas con el visto bueno de la Comisión Europea (que también debe aprobar la fusión de Orange y MásMóvil) antes de proceder a tramitar su autorización sobre el espectro.

Sede de Vodafone en España. Vodafone

La otra autorización pendiente es la del Consejo de Ministros, que deberá dar luz verde a la compra, al tratarse de una inversión directa extranjera en una empresa estratégica para el país. Según ha podido confirma este periódico, esta autorización, que debe ser propuesta por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, tampoco se ha producido aún. 

El motivo por el que la venta debe pasar por la Junta de Inversiones Exteriores es porque Vodafone opera una infraestructura crítica para el país, como son las telecomunicaciones y la tecnología. Este aspecto está regulado por el Decreto de Inversiones Extranjeras en España, aprobado en julio de 2023 y cuyo objetivo era desarrollar y mejorar el conocido como 'escudo antiopas' desplegado durante la pandemia de la Covid-19.

Cierre de la operación

Pese a este leve retraso en las autorizaciones que dependen del Gobierno español, está por ver cómo esto afectará a los plazos que se habían fijado las dos compañías para cerrar la operación de compraventa acordada el pasado 31 de octubre de 2023 por 5.000 millones de euros.

Fuentes cercanas a Zegona confirman que, por el momento, mantienen su previsión de cierre para finales del primer trimestre de 2024. Y aunque señalan que, en general, todo sigue "el curso normal y esperado", también admiten que en estos momentos los tiempos dependen del Gobierno.

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En la rueda de prensa de presentación de los resultados del tercer trimestre fiscal, Margherita Della Valle, consejera delegada de Vodafone Group, señaló que en el grupo británico prevén que esta venta se complete "en un futuro no muy lejano". En concreto, apuntó que el proceso avanza bien y se cerrará en los plazos previstos, en su caso, la primera mitad de 2024.

Lo que en todo momento han dado por seguro ambas partes es que no habrá ningún problema en obtener el visto bueno de las autoridades, ya que la operación no supondrá ningún cambio en el mercado español y Zegona ya es un viejo conocido en nuestro país. El fondo británico fue dueño de Telecable y primer accionista de Euskaltel hasta su venta al Grupo MásMóvil.

CNMC y Bruselas

Cuando, a finales de octubre, Zegona comunicó al mercado su intención de adquirir Vodafone España, ya informó de que la operación requería de cuatro autorizaciones: las dos ya mencionadas del Gobierno español, la de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la de la Comisión Europea (CE).

El fondo británico solicitó formalmente todas ellas a las pocas semanas de cerrar el acuerdo con el grupo británico con el objetivo de poder recibir cuanto antes luz verde para cerrar la compra.

Eamonn O'Hare, fundador de Zegona, quiere crecer en España.

La primera de las autorizaciones llegó a finales de enero, después de que la operación superara el trámite relativo a la normativa de la Unión Europea (UE) sobre "subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior". Esta revisión era necesaria porque Vodafone ha sido receptora de ayudas públicas concedidas por Bruselas.

La luz verde de la CNMC llegó el 1 de febrero, tras un análisis que le llevó poco más de dos semanas. La institución presidida por Cani Fernández decidió autorizar en primera fase y "sin compromisos" la concentración entre ambas empresas al no apreciar riesgos para la competencia. 

La Comisión detallaba que las actividades de las dos compañías "no se solapan ni horizontal ni verticalmente en España", ya que Zegona no está actualmente presente en nuestro país. "Por ello, la operación de concentración no modifica significativamente la estructura de los mercados afectados, produciéndose solamente un cambio en la titularidad del control de Vodafone en España", agregaba.