El acuerdo alcanzado entre ERC y el Gobierno para blindar el catalán en los contenidos de plataformas digitales como Netflix, HBO, Disney+ o Prime Video a cambio de no presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 ha sido acogido con "preocupación máxima" dentro del sector. 

El Gobierno está trabajando actualmente en la redacción definitiva del anteproyecto de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que debería llegar antes de que concluya el año al Consejo de Ministros para su tramitación a lo largo de 2022 en el Congreso de los Diputados. 

Un texto en el que el Gobierno se comprometió la semana pasada a incluir fórmulas que garanticen un porcentaje de producción, doblaje y subtitulación en lenguas cooficiales con el grupo catalán a cambio de que la formación política no presentara una enmienda a las cuentas públicas del año que viene. 

A la espera de que se conozca la redacción definitiva del texto y se determinen cuáles son esas fórmulas con las que se garantizará ese mayor impulso a la producción en las lenguas cooficiales, fuentes conocedoras han indicado a EL ESPAÑOL-Invertia que el sector ha acogido con "preocupación máxima" este anuncio.

Las fuentes indican que, si finalmente se imponen cuotas a la creación de contenidos en los distintos idiomas oficiales, en España se generaría "una situación inédita" en el sector audiovisual en comparación con otros países.

Las plataformas digitales de contenidos en España consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia han rehusado hacer declaraciones sobre esta información. 

Estas compañías han aumentando en los últimos años su producción propia en España y, por ejemplo, Netflix en estos momentos estudia producir su primer proyecto íntegramente en catalán, de la mano de la productora catalana Minoría Absoluta (Todo es mentira). Se trataría de Smiley, basada en la obra teatral del mismo nombre del dramaturgo Guillem Clua.

Proteger las lenguas cooficiales

El acuerdo alcanzado la pasada semana entre ERC y el Gobierno contempla potenciar y fomentar la producción audiovisual, "protegiendo las lenguas cooficiales y contribuyendo a su difusión".

Para ello, ambas partes se comprometen a buscar las mejores fórmulas para "garantizar un porcentaje de producción, doblaje y subtitulación en lenguas cooficiales" que requerirá de la conformidad de ERC para aprobar la Ley de Comunicación Audiovisual.

En una rueda de prensa para anunciar el acuerdo, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, aseguró que habían conseguido "blindar una cuota para las lenguas cooficiales" en la Ley Audiovisual, pero se negó a revelar cuál será esa proporción.

Sin embargo, desde el Partido Socialista indicaron que lo incluido en este documento de mínimos es suficiente como para no obligar a las OTT (Over The Top) a tener un catálogo específico filmado en catalán u otras lenguas del Estado. 

Esto último era una de las grandes exigencias de ERC, que pretendía blindar el catalán en esas plataformas. Sin embargo, para el PSOE era una línea roja pues podía suponer un freno en el desarrollo de España como hub audiovisual. 

Las fuentes socialistas que consultó EL ESPAÑOL-Invertia explicaron que existía cierto temor a que una exigencia muy potente a Netflix, HBO o Amazon Video pudiera dar al traste con los contactos que se vienen manteniendo en los últimos meses con inversores internacionales y grandes majors.

Las principales plataformas digitales de contenidos en España han apostado en los últimos años por producir series y películas en el país. Así, HBO ha estrenado Patria o 30 Monedas, Netflix ha apostado por La Casa de Papel o Elite y Amazon Prime tiene en su catálogo El Cid o El Internado.

En el caso de Netflix, la compañía ha hecho una sólida apuesta local, como refleja que, entre 2018 y 2021, el 53% de sus producciones incluyeron localizaciones distintas de Madrid. De hecho, en la compañía aseguran mantener un vínculo estrecho con la comunidad creativa catalana, tanto delante como detrás de las cámaras.

España, hub audiovisual en Europa

Tal y como recoge la agenda España Digital 2025, y con el apoyo de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Gobierno quiere convertir España en un hub audiovisual en Europa, ya que considera que se trata de un sector estratégico con un gran potencial que puede favorecer al país tanto en términos económicos como culturales. 

De hecho, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó en marzo el plan 'España, Hub audiovisual de Europa', dotado con más de 1.600 millones de euros de inversión pública hasta 2025. El objetivo es aumentar un 30% la producción audiovisual realizada en España al final del periodo.

En la parte de reformas del plan, uno de los puntos claves es precisamente la Ley General de Comunicación Audiovisual. Un texto en el que el Gobierno tiene que transponer las disposiciones de la directiva de la UE sobre servicios de comunicación audiovisual.

Una reforma que, además, debe realizar con carácter de urgencia, ya que el plazo de transposición vencía el 19 de septiembre de 2020. La Comisión Europea anunció a finales de septiembre que daba dos meses más de plazo a España y el resto de países, pero si la Ley Audiovisual sigue sin estar aprobada entonces, podría denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).