¿Tener o no tener actividad comercial durante el tiempo que dure el confinamiento por el coronavirus? Es la gran pregunta que en estos momentos divide a las operadoras de telecomunicaciones españolas y que divide a un sector en un momento en el que la sociedad española exige unidad.
El decreto del Gobierno flexibilizando la prohibición de las portabilidades y permitiendo los cambios de compañía telefónica para líneas móviles que no requieren un desplazamiento al domicilio, ha hecho saltar por los aires un delicado equilibrio entre las compañías.
Una unidad de criterio que se rompió casi desde que comenzara el confinamiento de lo españoles. Desde entonces declaraciones públicas y privadas se han cruzado entre las operadoras y no han faltado las acusaciones y discrepancias sobre cómo debe plantearse el sector frente a la pandemia.
Telefónica, Orange y Vodafone defienden que las operadoras deben centrarse en garantizar el servicio y el buen funcionamiento de las redes y que no hay que exponer a riesgos innecesarios a sus técnicos con ningún tipo de actividad comercial. Por su parte, MásMóvil y las operadoras móviles virtuales (OMV) defienden que el mercado siga funcionando sin interrupciones ya que se pueden hacer portabilidades sin riesgo.
No obstante, para entender esta nueva guerra entre telecos debemos remontarnos al fin de semana del 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma. Esos días los cinco CEO de las grandes operadoras en España: Telefónica, Orange, Vodafone, MásMóvil y Euskaltel, se reunieron por videoconferencia para preparar su estrategia conjunta de cara al comienzo del confinamiento.
Comienzo de las diferencias
Una reunión en la que Telefónica, Orange, Vodafone defendieron la tesis de que todo el sector renunciase voluntariamente a realizar portabilidades, precisamente para que todos se centraran solo en realizar mantenimiento de redes y que de facto se aparcara la guerra comercial que llevan casi tres años librando.
El objetivo era realizar una declaración conjunta con ésta y otras medidas que tomaría el sector para enfrentar el periodo de confinamiento. Pero MásMóvil se negó a apoyar una declaración en este sentido y Euskaltel dudó, lo que obligó a cerrar la reunión sin acuerdo y a hacer pública una comunicación en la que solo se pidió un "uso racional" del consumo de Internet ante un elevado incremento del tráfico.
Finalmente, sin acuerdo patronal, las empresas promotoras de esta decisión trasladaron su idea al Gobierno que el 17 de marzo aprobó en Consejo de Ministros la prohibición de realizar cualquier tipo de portabilidad durante el tiempo que durase el estado de alarma. Y la justificación fue la misma: proteger la seguridad de los técnicos y evitar que se desplazaran a los hogares de los clientes.
Una decisión que sentó como un jarro de agua fría en MásMóvil y a las operadoras móviles virtuales (OMV) que calificaron la decisión de una "ayuda" a las grandes operadoras para que no perdieran más clientes.
En estas compañías consideraron que esta decisión frenaba de facto la guerra comercial, lo que -indicaron- en la práctica se podría haber traducido en el recorte de 20.000 puestos de trabajo en la actividad comercial de las compañías.
Posición de las OMV
De hecho, las OMV advirtieron de que el fin de las portabilidades ponía en riesgo su supervivencia y que no podían permitirse parar la actividad comercial en líneas móviles, una operativa que podrían seguir realizando sin que los técnicos se desplazasen a los hogares.
Pero vendría una nueva vuelta de tuerca que terminaría de agitar el avispero. El Consejo de Ministros del pasado martes -solo dos semanas después- decretó la flexibilización de las portabilidades y permitió realizarlas solo en casos de que no se desplazaran los empleados de las operadoras.
Una decisión que hizo estallar a las grandes operadoras. Invertia publicó al día siguiente -el miércoles- que la nueva normativa había sentado muy mal en Telefónica, Orange y Vodafone quienes siguen considerando que habilitar las portabilidades pone en riesgo a sus empleados y que cualquier actividad comercial, que ahora se vuelve a permitir, solo perjudica el principal objetivo que es mantener las redes.
El jueves, el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, indicó por videoconferencia a su plantilla que no se pondría en riesgo la salud de ningún empleado y que no realizarían ninguna oferta comercial que implicase desplazamientos de sus trabajadores propios o subcontratas.
"Vamos a primar nuestro deber social sobre la actividad comercial estas semanas", indicó en respuesta a la vuelta de la portabilidad. Una declaración a la que se sumó Orange el viernes indicando que esta flexibilización puede poner en riesgo la seguridad, tanto de los clientes como de los equipos logísticos y técnicos, elevando de manera sustancial el movimiento de personas en una situación crítica de contagio en nuestro país.
Postura de Orange
Indican además que esta nueva situación igualmente implicaría desplazamientos. "Los empleados de Orange, así como los de las numerosas empresas que participan en los procesos de provisión y logística, tendrían que desplazarse a los domicilios de los clientes, tanto para la instalación de servicios fijos como para la entrega de nuevas SIM o terminales, además de tener que resolver aquellas incidencias que no puedan ser solucionadas a distancia, así como en muchos casos para la propia instalación".
Orange fue más allá y pidió directamente mesura a sus competidores durante esta crisis. "Apelamos a la responsabilidad del resto de agentes del mercado para que primen la salud pública y el aseguramiento de la continuidad del servicio por encima de los intereses particulares, con el objetivo de superar con prontitud esta difícil situación, gracias a la contribución de todos".
Una declaración pública que sorprendió a los operadores pequeños que siguen insistiendo en que las portabilidades móviles pueden hacerse en remoto. Además advirtieron de que estas declaraciones de intenciones coinciden con nuevas altas de líneas móviles para las grandes compañías en el nodo común de todas las telecos.
Unas diferencias que han estallado a propósito de la crisis, pero que detrás tienen meses acumulando discrepancias. De fondo está la guerra comercial que se ha intensificado desde que hace dos años precisamente MásMóvil, y desde hace un año Digi, comenzaran a 'robar' de manera acelerada líneas fijas y móviles a las tres grandes.
Situación de emergencia
Una batalla en la que MásMóvil y las operadoras más pequeñas llevan varios cientos de miles de líneas arrebatadas a los tres grandes que hasta el año 2017 mantenían una batalla a tres bandas. Pero la operadora presidida por Meinrad Spenger rompió la baraja y en dos años ha ganado no menos de 1,5 millones de líneas.
El objeto de debate es ahora definir si es conveniente parar con esta guerra comercial o realizar un armisticio mientras dura la situación de emergencia. Una pregunta que tiene claramente dos respuestas. Las pequeñas no están dispuestas a dejar de vender productos ni a hacer portabilidades siempre dentro de la actual legalidad vigente.
Mientras, las grandes insisten en el parón y reconocen en privado que este nuevo escenario deja abierta la puerta a la picaresca de las portabilidades fijas encubiertas, al tramitar la portabilidad móvil y luego instar al cliente a dar de baja su línea fija -cuyo número no es de vital importancia para casi nadie- y tramitar luego un alta nueva. La nueva guerra está abierta y amenaza con mantenerse durante todo el confinamiento.