El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 22 de abril de 2025. Europa Press
Consumo abre un expediente sancionador a otra inmobiliaria por posibles prácticas abusivas contra inquilinos
La sanción podría ir desde 100.000 euros hasta el millón de euros.
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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un nuevo expediente sancionador a una gran agencia inmobiliaria que opera en todo el territorio nacional por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler como el cobro de comisiones ilegales u obligar a contratar servicios no solicitados.
Se trata del segundo expediente de este tipo que se ha abierto desde el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy a través de la Dirección General de Consumo, después del que se abrió a finales de marzo a Alquiler Seguro. En este caso, el nombre de la inmobiliaria no ha trascendido.
Este nuevo procedimiento de sanción forma parte de la investigación que se inició el pasado mes de octubre desde Consumo.
Esta investigación se abrió a partir de denuncias del Sindicato de Inquilinas CECU y de asociaciones de consumidores como Facua y OCU.
Y sigue en marcha respecto a otras empresas inmobiliarias a las que también se podrían incoar expedientes por haber podido cometer estas u otras prácticas.
Multas
Estas denuncias destacan infracciones como pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratación de servicios no solicitados por el inquilino.
A este respecto, desde Consumo se señala que la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.
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Estas infracciones acarrean multas que en el caso de ser graves van hasta 100.000 euros pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
Pero si se consideran muy graves podrían ser sancionadas con multas de hasta un millón de euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.
Otros expedientes
Los dos procedimientos sancionadores abiertos a sendas agencias inmobiliarias se unen a los expedientes que la Dirección General de Consumo mantiene abiertos en el sector de los pisos turísticos.
En este sentido, el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy ordenó el bloqueo de más de 65.935 anuncios ilegales de pisos turísticos a la plataforma Airbnb.
Según Consumo, se vulnera la normativa de las diferentes comunidades autónomas donde se han detectado estos anuncios.
En todos los casos, además, se trata de viviendas completas de uso turístico, no aparecen anuncios de habitaciones individuales.
