Consumo abre expediente sancionador a la inmobiliaria Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra inquilinos

Este nuevo procedimiento de sanción que abre Consumo a través de su Dirección General parte de la investigación que se inició el pasado mes de octubre desde el Ministerio que lidera Pablo Bustinduy.

Facua denunció a Alquiler Seguro en noviembre de 2023 por obligar a los inquilinos a abonarles el equivalente a un mes de renta más el 21% de IVA, cobro que justificaban en la prestación de un "servicio de atención al arrendatario".

Reuters

Modric prepara su futuro fuera del fútbol: inyecta 22 millones de euros en su inmobiliaria

Según la organización de consumidores, Alquiler Seguro ha sido emplazada para presentar sus alegaciones a la propuesta de sanción.La empresa también tiene la opción de reconocer la comisión de una parte o la totalidad de las infracciones por las que ha sido expedientada, comprometerse a subsanarlas y abonar la multa con una significativa reducción de su importe.

Por su parte, el consejero delegado de Alquiler Seguro, David Caraballo, ha indicado que desde la compañía están analizando el expediente sancionador que Consumo les ha abierto por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler y ha asegurado que la compañía de gestión de alquiler cumple con la ley.

Más inmobiliarias

Esta investigación sigue en marcha respecto a otras inmobiliarias que también podrían haber cometido estas u otras prácticas. La Dirección General de Consumo ha requerido información a estas agencias tras recibir denuncias sobre este tipo de acciones por parte del Sindicato de Inquilinas-CECU, Facua y la OCU.

Estas denuncias destacan infracciones como pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratación de servicios no solicitados por el inquilino.

A este respecto, desde Consumo se señala que la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.

Estas infracciones acarrean multas que en el caso de ser graves van hasta 100.000 euros pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. Pero si se consideran muy graves podrían ser sancionadas con multas de hasta un millón de euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.

Otros expedientes

Este nuevo procedimiento de sanción por parte de Consumo se une al expediente sancionador que el departamento que dirige Pablo Bustinduy abrió hace tres meses, también en el ámbito de la vivienda, a una plataforma dedicada al alquiler de viviendas turísticas.

En este caso, el expediente se puso en marcha porque esta plataforma mantiene miles de anuncios de alojamientos de este tipo que fueron catalogados como publicidad ilícita por suponer una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

EP

Consumo regulará los algoritmos de Uber y Cabify para evitar que suban precios de forma discriminatoria

La Dirección General de Consumo solicitó a la plataforma que retirara de forma inminente estos anuncios y, ante su negativa, se le incoó el expediente.

En esta misma línea, Consumo abrió en febrero expedientes sancionadores a empresas que administran viviendas turísticas en distintas Comunidades Autónomas.

Sobre los derechos de los inquilinos, desde Consumo ya se han llevado a cabo acciones informativas con los operadores del mercado sobre potenciales conductas abusivas en los contratos de alquiler.

Se trataría de prácticas que también son contrarias a la normativa vigente como exigir a inquilinos e inquilinas el pago de fianzas desproporcionadas, que asuman garantías adicionales o que tengan que pagar mensualidades adelantadas.

Desde la Dirección General de Consumo se señala que la iniciación de este expediente sancionador no prejuzga el resultado final de la investigación.