Fotomontaje de Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno, Teresa Ribera, ex vicepresidenta para la Transición Ecológica y actualmente vicepresidenta Competencia de la Comisión Europea, y Sara Aagesen, actual vicepresidenta para la Transición Ecológica.
Los 30 errores en política energética que ha cometido el Gobierno de Sánchez a lo largo de sus ocho años, según el PP
Los populares critican los fallos, pero faltan sus propuestas.
El futuro de las nucleares y los centros de datos, las grandes diferencias.
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El Partido Popular ha presentado los principales errores, que a su juicio, tiene la política energética de los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, y su portavoz en energía, Juan Diego Requena, lo ha difundido por redes sociales.
Son un listado de 30 'temas' que abarca desde el precio de la energía y la pobreza energética hasta el cierre de las centrales nucleares, la planificación de las redes eléctricas o la dependencia del gas.
Sánchez ha destacado en numerosas ocasiones, incluso el pasado lunes cuando anunció las elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, que, en sus ocho años de Gobierno, España ha recuperado el liderazgo europeo de la transición energética siendo una ventaja económica e industrial.
Pedro Sanchez a fracasado estrepitosamente en su política energética: https://t.co/ldTOvmVPo2
— Juan Diego Requena (@JDRequenaRuiz) October 5, 2026
Sin embargo, un documento elaborado por los populares y que se ha difundido por redes sociales, dibuja un balance especialmente negativo de la gestión socialista.
Como resumen, consideran que el país sufre más costes energéticos para hogares e industria, una electrificación que no avanza al ritmo esperado y una planificación que, a su juicio, ha provocado que España tenga cada vez más renovables pero también una mayor dependencia de las centrales de gas.
Además, el argumentario del PP se centra fundamentalmente en identificar los problemas y cuantificar sus consecuencias.
Pero deja en segundo plano cuáles serían las medidas concretas para corregirlos.
Precisamente ahí se encuentra una de las principales incógnitas de la política energética de los populares: qué soluciones proponen para los próximos años, especialmente en cuestiones como las redes o el despliegue de los centros de datos.
Una factura de casi 400.000 millones
La primera crítica del PP se dirige directamente a la factura de la balanza comercial exterior.
Según sus cálculos, España habría acumulado 398.114 millones de euros en importaciones energéticas durante el mandato de Sánchez, con un sobrecoste de 66.992 millones en petróleo y gas respecto al periodo anterior.
![Representantes de las diferentes fuerzas políticas en el Congreso anual de la Cogeneración](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11371633.jpg?p=w:320\/h:240&h=LcIxp2B4"])
Los populares ponen el foco especialmente en 2022, año marcado por la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania.
Ese ejercicio, según sus datos, España registró el mayor importe de importaciones energéticas, con 90.426 millones de euros, y alcanzó un déficit comercial energético de 53.178 millones.
El PP cuestiona incluso el impacto de la llamada 'excepción ibérica'. A su juicio, la medida permitió contener parte del precio mayorista de la electricidad, pero no evitó que 2022 terminara siendo el ejercicio de mayor factura energética exterior.
En el mercado eléctrico, los populares calculan que el precio medio de la luz habría pasado de 58,24 euros/MWh antes de 2018 a 96,62 euros/MWh durante el periodo analizado, con un máximo histórico de 204,3 euros/MWh en 2022.
A ello suman los precios de los combustibles y del butano, que consideran especialmente perjudiciales para los hogares rurales.
El diagnóstico social tampoco es favorable. Según el PP, 8,6 millones de personas viven en situación de pobreza energética, frente a 4,2 millones en 2018. El partido señala incrementos tanto en los hogares con un gasto energético desproporcionado como en aquellos que se ven obligados a racionar su consumo.
Renovables sí, pero más gas
Uno de los argumentos centrales del documento es la supuesta contradicción entre el fuerte crecimiento renovable y el incremento de la generación eléctrica con gas.
El PP señala que España ha incorporado unos 51.000 MW fotovoltaicos adicionales y, pese a ello, ha aumentado un 61% el consumo de gas para generar electricidad.
Los populares vinculan esta situación a una planificación insuficiente del sistema y a la falta de almacenamiento, redes y capacidad de respaldo.
También cuestionan la evolución del sistema gasista español.
Según su diagnóstico, el país habría pasado de depender fundamentalmente del gasoducto argelino a estar más expuesto al mercado global de gas natural licuado (GNL), en un contexto en el que además acusa al Gobierno de no haber explicado suficientemente el incremento de las compras de gas procedentes de Rusia, aunque las compras las realizan las empresas privadas.
El hidrógeno y el biometano tampoco escapan a las críticas. El PP considera que las promesas realizadas por el Ejecutivo en estas tecnologías todavía no se han traducido en los resultados esperados.
Nuclear, redes y apagón
La energía nuclear ocupa uno de los puntos más sensibles del documento. El PP califica de "ideológica" la decisión de cerrar las centrales y acusa al Gobierno de mantener una regulación hostil hacia esta tecnología.
Aquí aparece una de las grandes diferencias entre el modelo energético defendido por los populares y el del Ejecutivo socialista.
Mientras el Gobierno mantiene el calendario de cierre pactado con las compañías eléctricas, pese a haber prorrogado hasta 2030 (tres años más) la operación de Almaraz (Cáceres), el PP ha reclamado en distintas ocasiones revisar la situación de las centrales ante el aumento de la demanda eléctrica y las necesidades de respaldo del sistema.
El partido también sitúa en el centro de sus críticas el apagón del 28 de abril de 2025, que afectó al sistema eléctrico peninsular y cuya investigación ha generado un intenso debate político y técnico.
En su balance, el PP habla de 60 millones de afectados y cinco fallecidos y cuestiona que todavía no se hayan aclarado suficientemente las causas y responsabilidades.
A esto añade el problema de las redes eléctricas. Según sus datos, el 83% de las subestaciones estarían saturadas, es decir, no tendría capacidad para admitir nueva demanda y únicamente se estaría concediendo el 12% de las solicitudes de acceso.
La consecuencia, sostiene el PP, es que España está construyendo generación renovable más rápido que las infraestructuras necesarias para evacuarla y consumirla. De ahí otra de sus críticas: los vertidos renovables, que cifra en hasta el 70% en determinadas zonas de Extremadura y en 8,3 TWh anuales.
Industria y electrificación
El último bloque se concentra en la industria. Los populares denuncian el cierre de instalaciones de cogeneración, el impacto del precio de los derechos de CO2 y una electricidad para la industria electrointensiva más cara que en Francia y Alemania.
También consideran que la falta de capacidad de acceso a la red está impidiendo nuevos proyectos industriales y dificultando la descarbonización.
La electrificación del transporte es otro de los puntos de fricción. El PP afirma que el 98,45% de los 35,6 millones de vehículos continúa utilizando combustibles tradicionales, lo que, a su juicio, evidencia que los objetivos de electrificación no están avanzando al ritmo previsto.
El problema de fondo es, por tanto, el modelo.
El Gobierno ha apostado por acelerar las renovables, abandonar progresivamente la nuclear y electrificar la economía. El PP cuestiona que esa transición se esté produciendo con suficiente planificación y reclama una política energética más centrada en la competitividad, la seguridad de suministro y el precio.
Pero el listado de 30 errores deja abierta una pregunta clave: ¿cuál sería exactamente la alternativa? Sobre todo en dos asuntos que marcarán la próxima década: cuánto tiempo deberían seguir funcionando las centrales nucleares y cómo atender el enorme crecimiento de la demanda eléctrica previsto para los centros de datos y la inteligencia artificial.
Ahí estará, previsiblemente, una de las grandes batallas energéticas de la próxima legislatura.
