Yacimiento petrolero.
Cisneros, corporación histórica en Venezuela, expulsada del negocio del petróleo por Delcy Rodríguez y Trump
Se confiscaron sus activos y ahora son de una compañía de EEUU.
La deuda de Venezuela con su filial Petrodelta supera los 1.000 millones.
Más información: Chevron invertirá más de 6.000 millones de euros en Venezuela tras renegociar sus condiciones operativas
El fin de las sanciones norteamericanas al petróleo de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro y la llegada al poder de Delcy Rodríguez está teniendo fallos de seguridad jurídica.
La familia Cisneros, una de las grandes corporaciones empresariales históricas del país, ha sido apartada de los derechos que mantenía sobre seis campos petroleros de la empresa mixta Petrodelta (filial del grupo) con PDVSA (la estatal petrolera del país).
Y reclama ahora más de 1.000 millones de dólares por los daños sufridos, además de reclamar impagos por la venta de su producción.
"En abril pasado, de un día para otro, los activos de Petrodelta se entregaron a Pacific Coast Energy (PCEC), una minúscula compañía estadounidense con sede en California", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Silvestre Tovar, director de DP Delta Finance B.V., en representación de la familia Cisneros (corporación We Cisneros).
"Esta compañía se ha convertido en uno de los nuevos actores que avanzan con mayor rapidez en la reapertura del sector petrolero venezolano".
El caso resulta especialmente sensible porque se produce precisamente cuando el Gobierno interino de Delcy Rodríguez, respaldado por la Administración de Donald Trump, intenta atraer miles de millones de dólares de capital extranjero para reconstruir la industria petrolera del país.
La propia Pacific Coast anunció a finales de julio que estaba ultimando un acuerdo con PDVSA y el Gobierno venezolano para desarrollar y operar campos petroleros.
La compañía asegura haber levantado 800 millones de dólares entre capital, deuda y financiación comercial para sus operaciones iniciales.
"Pero es que la concesión de algunos de esos campos son de Petrodelta, la empresa mixta en la que DP Delta Finance B.V. controla el 40%".
30 años de historia petrolera
La historia de los Cisneros con estos yacimientos se remonta a la apertura petrolera venezolana de los años noventa. Según Tovar, "los campos fueron asignados inicialmente en 1996, dentro del proceso de apertura petrolera, a una empresa denominada Benton Winkler".
Posteriormente, pasaron por diferentes manos hasta desembocar en la estructura que acabaría convirtiéndose en Petrodelta. En 2009, durante el Gobierno de Hugo Chávez, Venezuela puso fin a los antiguos convenios operativos y obligó a migrar al modelo de empresas mixtas con PDVSA.
![Extracción de petróleo en Venezuela.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11163912.jpg?p=w:320\/h:240&h=MeMmPm-B"])
Petrodelta nació en ese contexto. La compañía obtuvo derechos sobre los campos de Tucupita, Bombal, Uracoa, El Isleño, Temblador y El Salto, con un horizonte operativo que, según DP Delta Finance, llegaba hasta 2042.
La familia Cisneros sostiene que su inversión no se limitó a mantener unos derechos sobre el papel. Tras hacerse cargo de la operación, invirtió más de 120 millones de dólares para recuperar unos campos que encontró prácticamente sin producción.
"Los agarramos con cero producción", explica Tovar. Según su relato, las inversiones permitieron recuperar progresivamente la extracción hasta alcanzar entre 9.000 y 12.000 barriles diarios.
El problema, asegura, es que PDVSA nunca habría reintegrado a la empresa privada el valor de buena parte del crudo producido. Tovar cifra en más de 12,5 millones los barriles producidos entre enero de 2022 y mayo de 2026 que fueron entregados a la petrolera estatal sin que Petrodelta recibiera el correspondiente pago.
La deuda acumulada también habría crecido durante años. "Ciframos en unos 340 millones de dólares la deuda por dividendos reconocida en una conciliación de 2015 y calcula que, con intereses y otras cantidades pendientes, la deuda actual de PDVSA con la compañía supera los 1.000 millones de dólares".
Giro inesperado
En la primavera pasada, Caracas aprobó un nuevo marco regulatorio de hidrocarburos destinado a facilitar la llegada de capital privado y extranjero y reducir la carga fiscal de los operadores.
"Nuestra expectativa era que la nueva legislación permitiera recuperar la actividad de Petrodelta. La empresa había presentado planes de negocio y confiábamos en continuar operando los campos bajo unas condiciones actualizadas", señala Tovar a este diario.
![Instalaciones petrolíferas de Venezuela](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11187188.jpg?p=w:320\/h:240&h=mhG2bD6A"])
Pero entonces apareció Pacific Coast Energy.
En abril, el multimillonario e inversor internacional pakistaní-belga Alshair Fiyaz llegó para visitar las instalaciones de Petrodelta en Maturín, cuando todavía no se había iniciado formalmente el procedimiento administrativo que terminaría con la revocación de los derechos de la empresa mixta.
Fiyaz figura como uno de los inversores clave detrás del respaldo económico a la petrolera estadounidense para esta expansión, así como de otros perfiles como Alejandro Betancourt, polémico magnate y empresario internacional venezolano.
"Alguien le ofreció esos yacimientos de parte del Gobierno cuando esos yacimientos estaban con el nombre de Petrodelta", sostiene Tovar.
La compañía no acusa a Pacific Coast Energy ni a sus inversores de haber cometido una conducta ilegal. Su reclamación se centra en que no fue informado, mientras el potencial nuevo operador ya estaba entrando en las instalaciones, y el Gobierno venezolano se saltó a la torera los acuerdos previos con Petrodelta.
Una revocación en cuestión de semanas
En mayo pasado, se abrió un procedimiento administrativo contra Petrodelta por supuestos incumplimientos de sus obligaciones.
DP Delta Finance rechaza las acusaciones y sostiene que el procedimiento se desarrolló sin ofrecerle una oportunidad efectiva para defender sus derechos.
Luego, en junio, se produjo la revocación de los derechos de explotación y la notificación al socio privado llegó posteriormente, en julio, según la documentación aportada por la compañía.
Poco después, Pacific Coast Energy comenzó a asumir las operaciones.
El resultado, según el relato de Tovar, es que "las instalaciones que hasta entonces utilizaba Petrodelta pasaron a identificarse con Pacific Coast. Parte de los trabajadores fueron absorbidos por el nuevo operador y otros abandonaron la compañía".
"La presidenta de la empresa mixta que dijo que habíamos cumplido se fue a trabajar con ella", afirma el responsable de Delta Finance B.V..
La situación ha sido descrita por el portavoz de Cisneros como una sustitución de hecho del operador. La compañía ha impugnado las actuaciones y está estudiando diferentes vías legales, tanto en Venezuela como en jurisdicciones internacionales, dependiendo de cada relación contractual.
Inseguridad jurídica
Pero el caso Petrodelta introduce una contradicción incómoda: ¿qué ocurre con quienes ya estaban invertidos en Venezuela cuando comenzó la nueva apertura?
"Las leyes existen, hay que cumplirlas", resume Tovar. "El problema es que aquí tenemos muchos años donde lo que está escrito no se cumple".
La preocupación no se limita a la familia Cisneros. El caso ha sido señalado por analistas del sector como potencialmente relevante para la percepción de seguridad jurídica de la nueva apertura venezolana.
La disputa podría incluso acabar ante tribunales o mecanismos de arbitraje internacional y, según estimaciones de la parte afectada, los daños superarían los 2.000 millones de dólares.
Para Tovar, la comparación con las grandes petroleras resulta reveladora. Chevron, Repsol, Shell y otros operadores internacionales mantienen estructuras vinculadas al modelo de empresa mixta, que el ejecutivo considera jurídicamente más sólido.
"Los jugadores grandes son los que tienen tecnología, los que trabajan en todas partes del mundo, los que tienen procesos de cumplimiento muy sólidos", sostiene.
El caso Cisneros amenaza con convertirse en el primer test de la nueva etapa política del país caribeño.
Porque atraer capital extranjero no consiste únicamente en ofrecer mejores contratos a quienes llegan ahora. También implica convencer a los inversores de que los derechos adquiridos anteriormente serán respetados.
Y esa es precisamente la pregunta que la familia Cisneros ha puesto encima de la mesa: si Venezuela quiere que vuelvan los grandes capitales, ¿qué confianza puede ofrecer a un inversor extranjero si los derechos de un socio que ya estaba dentro del país pueden ser revocados mientras otro negocia su entrada?
DP Delta Finance asegura que no quiere una indemnización como primera opción. Su objetivo principal es recuperar los derechos sobre los campos y volver a operar Petrodelta.
