Un centro de datos rodeado de generación renovable
Grandes tecnológicas presionan al Gobierno para restringir la normativa de centros de datos y expulsar así a la competencia
Desde 2021 se han preconcedido más de 12 GW de derechos de acceso a la red.
Las previsiones nacionales apuntaban a unos 2,5 GW de potencia en 2030.
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El Real Decreto que el Gobierno ha presentado en audiencia pública para regular la instalación de centros de datos en España ha caído como un jarro de agua fría en el sector. Aunque, para ser más concretos, habría que decir "a una mayoría".
Porque "el texto, con tantas exigencias en materia de energía, ambiental y de soberanía digital, eleva considerablemente las barreras de entrada de compañías de medio o pequeño tamaño", explican fuentes del sector de los centros de datos a EL ESPAÑOL-Invertia.
"De hecho, las grandes tecnológicas, como Amazon, que prevé invertir hasta 33.700 millones de euros, sobre todo, en Aragón, y desarrollar un ecosistema industrial propio, han presionado al Gobierno para hacer ese texto tan restrictivo", aseguran.
El gigante multinacional propiedad de Jeff Bezos calcula que estas inversiones tendrán un impacto equivalente a 29.900 empleos, entre directos, indirectos e inducidos.
De ellos, unos 6.700 empleos estarían directamente relacionados con la inversión de Amazon y sus proveedores, porque hay referencias de hasta 30 nuevos edificios de centros de datos dentro de distintos campus de AWS (Amazon Web Services) en Aragón.
De 2,5 GW a más de 12 GW
El problema de fondo está en la enorme diferencia entre la capacidad que España espera realmente necesitar y los derechos de conexión que ya se han reservado.
La Estrategia de Inteligencia Artificial del Gobierno calcula unos 2,5 GW de potencia de computación en 2030, equivalentes a entre 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica.
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Sin embargo, desde 2021 se han preconcedido más de 12 GW de derechos de acceso y conexión para centros de datos.
El Gobierno negocia estos días con las empresas tecnológicas los detalles del futuro real decreto que establecerá estas exigencias. Con las cifras que maneja Amazon, al igual que otras compañías de su tamaño, y ante la férrea competencia actual, el objetivo es evitar que España pierda inversiones frente a otros mercados europeos.
Sin embargo, por su parte, el Ejecutivo interpreta esta brecha como una señal de la elevada expectativa generada por el negocio y de una posible componente especulativa en la reserva de capacidad.
Por eso, el decreto pretende ordenar el despliegue y evitar que determinados promotores bloqueen capacidad de red para después renunciar a sus proyectos o tratar de aprovechar económicamente esos derechos.
Renovables y centros de datos
El principal punto de fricción es la obligación de que los centros de datos de más de 1 MW utilicen al menos el 80% de su consumo eléctrico con nueva generación renovable, pero este punto contiene letra pequeña.
El proyecto exige adicionalidad: por cada nuevo megavatio de demanda, deberán construir un megavatio adicional de generación renovable, instalado en los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento del centro.
Además, el requisito que da el mazazo definitivo es que el respaldo deberá acreditarse hora a hora. "Los pequeños promotores de centros de datos no van a poder hacer frente a esta exigencia", señalan las mismas fuentes.
Es decir, al menos el 80% de la electricidad consumida en cada hora deberá estar respaldada por generación renovable producida en esa misma hora.
El suministro podrá articularse mediante autoconsumo o contratos de compraventa de energía a largo plazo, los conocidos PPA.
El sector considera que España está imponiendo obligaciones difíciles de cumplir en un sistema eléctrico que, paradójicamente, ya registra excedentes renovables en determinadas horas y episodios de vertidos.
Sobrevive el de mayor músculo
La crítica empresarial es que obligar a cada nuevo centro de datos a incorporar nueva generación renovable puede encarecer artificialmente los proyectos y hacer menos competitivas las inversiones frente a otros países.
Las grandes compañías tecnológicas, con mayor capacidad financiera y acceso a contratos energéticos (más músculo), pueden asumir mejor el coste de construir o contratar nueva generación.
Mientras, los desarrolladores más pequeños o nuevos operadores tendrían más dificultades para cumplir simultáneamente con las exigencias.
En otras palabras, si lo que quiere el Gobierno es endurecer la regulación para reducir el número de proyectos que lleguen al mercado, lo puede conseguir, pero a costa de que solo puedan instalarse los grandes monstruos tecnológicos.
El Gobierno pretende precisamente seleccionar aquellos centros que aporten más valor económico y social y tengan menor impacto energético, hídrico y territorial.
Pero para la industria el riesgo es que esa selección termine expulsando proyectos antes incluso de que puedan competir.
Alquiler del punto de conexión
El incumplimiento no sería una cuestión meramente administrativa. El proyecto contempla recargos sobre peajes y cargos eléctricos y, en los casos más graves y reiterados, incluso la pérdida de los derechos de acceso y conexión.
Los proyectos que ya están en tramitación dispondrían de seis meses para adaptarse, tres meses si están pendientes de un concurso de acceso, o renunciar a sus derechos, y mientras tanto pagar "un alquiler" por el punto de conexión hasta que el centro de datos esté operativo.
La batalla, por tanto, no es únicamente energética. Es también una pugna por decidir quién podrá competir en el futuro mercado español de centros de datos.
El país dispone de renovables, suelo, conectividad y una posición estratégica para convertirse en un gran hub europeo de inteligencia artificial. Pero las condiciones que se establezcan para acceder a la red determinarán qué proyectos consiguen sobrevivir.
