Una columna de humo se eleva desde una fábrica al atardecer en Torrelavega
La UE dará más margen a la industria para emitir CO2 con el fin de abaratar costes y ganar competitividad
Bruselas propone fijar un objetivo de electrificación del 46% en 2040 (frente al 23% actual) y exige que los impuestos sobre la electricidad sean más bajos que los del gas.
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La Comisión de Ursula von der Leyen ha propuesto este viernes relajar el mercado europeo de emisiones de CO2 -que funciona desde hace 20 años y que fija un precio a la contaminación industrial-, con el fin de reducir costes a la industria y reforzar su competitividad frente a rivales como China o Estados Unidos, sometidos a menores exigencias medioambientales.
En concreto, Bruselas plantea dar más margen a la industria para emitir CO2, con una reducción más gradual del límite global de emisiones y una ampliación de los permisos gratuitos durante más tiempo. El Ejecutivo comunitario asegura que esta mayor flexibilidad no compromete el objetivo de recortar un 90% las emisiones de aquí a 2040.
La reforma amplía además el mercado de emisiones a nuevos sectores. A partir de 2029 incluirá los vuelos con origen o destino en la UE de hasta 5.000 kilómetros (lo que deja fuera a las conexiones con EEUU, así como todos los vuelos en jets privados.
También quedará cubierta la incineración de residuos municipales y un mayor número de actividades del transporte marítimo, con el objetivo de acelerar la transición hacia combustibles más limpios.
El plan de Bruselas -que todavía debe ser debatido y aprobado tanto por los Gobiernos de los 27 como por la Eurocámara- divide a los Estados miembros. Los países que lideran la acción climática, como España o los nórdicos, rechazan flexibilizar el mercado de CO2. En el bando contrario, Polonia o Italia reclaman cambios más profundos para proteger a la industria.
El Ejecutivo de Von der Leyen reivindica el mercado de CO2 como la herramienta climática más eficaz de la UE. Desde su creación, las emisiones de los sectores cubiertos se han reducido cerca de un 50% y el sistema ha generado 270.000 millones de euros, destinados en parte a financiar la transición energética y la descarbonización de la industria.
Bruselas admite, sin embargo, que el sistema presenta carencias. La competencia de países con normas medioambientales menos exigentes ha dejado a la industria europea en desventaja y ha favorecido que parte de las inversiones se desplacen fuera de la UE. Además, denuncia que los Estados miembros destinan menos del 10% de los ingresos obtenidos con este sistema a la descarbonización de la industria, pese a que reciben alrededor del 80% de esos recursos.
Para corregir estas distorsiones, la Comisión propone en primer lugar reducir el ritmo anual de recorte del techo de emisiones del 4,3% al 3,7% entre 2031 y 2035, y al 1,7% a partir de 2036.
La reforma permitirá desde 2036 compensar parte de las emisiones con créditos internacionales de carbono y con proyectos de captura permanente de CO2 dentro de la UE. Bruselas sostiene que este mecanismo dará más margen a la industria sin poner en riesgo el objetivo climático para 2040.
Como medida adicional de apoyo a la industria, las empresas seguirán recibiendo derechos gratuitos de emisión más allá de 2020, aunque con la condición de que reinviertan ese beneficio en innovación en Europa. En la actualidad, el sistema concede cada año permisos gratuitos por un valor aproximado de entre 35.000 y 40.000 millones de euros.
Finalmente, Bruselas pretende obligar a los Estados miembros a destinar el 50% de los ingresos nacionales obtenidos del mercado de CO2 a inversiones destinadas a descarbonizar los sectores industriales cubiertos por el sistema. Se trata de una de las propuestas más controvertidas de la reforma, ya que los Gobiernos rechazan que la UE determine cómo deben utilizar unos recursos que consideran propios.
Plan de electrificación
En paralelo, el Ejecutivo comunitario ha presentado este viernes un Plan de Acción de Electrificación con el objetivo de convertir a Europa en el primer continente impulsado por la electricidad y reducir su dependencia de los combustibles fósiles importados.
Aunque el 70% de la electricidad que consume la UE ya procede de fuentes de energía limpia producidas en Europa, la electrificación de la demanda energética apenas ha avanzado en la última década y se mantiene estancada en el 23%. Ante esta situación, Bruselas reclama acelerar la transición hacia el uso de la electricidad en los principales sectores consumidores de energía, especialmente la industria, el transporte y los edificios.
Para dar impulso a esta transformación, la Comisión propone establecer un objetivo indicativo de electrificación del 46% para 2040. Según sus estimaciones, alcanzar esta meta permitiría reducir la factura europea por importación de combustibles fósiles en unos 260.000 millones de euros anuales de aquí a ese año.
Entre las medidas propuestas figura también una reforma de la fiscalidad energética para eliminar una de las barreras que, según Bruselas, frena la electrificación: en numerosos Estados miembros, la electricidad soporta una carga fiscal mayor que el gas natural.
La nueva normativa obligaría a los Gobiernos a corregir este desequilibrio y a garantizar que la electricidad no esté gravada con un tipo superior al aplicado al gas. No obstante, la Comisión contempla posibles aplazamientos temporales para aquellos países que puedan justificar circunstancias nacionales específicas, siempre que no comprometan los objetivos de electrificación de la UE.
