Gasolineras de Madrid Europa Press
España ha destinado casi el 50% de las ayudas por la crisis de Ormuz a rebajar el precio de los combustibles fósiles
Un informe de Greenpeace señala que España ha obtenido la peor puntuación.
Junto con Holanda y Suecia, ha impulsado la electrificación y las renovables.
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La organización ambientalista Greenpeace ha comparado las medidas de protección de siete países de la UE frente al impacto de la guerra en Irán, entre ellos, España, en el análisis Rescate fósil o transición energética: España ante la crisis de Ormuz,
Y revela que, a pesar de los esfuerzos por la transición, el Ejecutivo español ha protagonizado el mayor “rescate fósil” del continente, destinando casi la mitad de sus recursos de emergencia a incentivar el consumo de energías contaminantes con ayudas generalistas, obteniendo por ello la peor nota de los países analizados.
Advierte que supera negativamente incluso a otros socios europeos como Alemania, Irlanda, Portugal o Grecia que no han adoptado ninguna medida para proteger a la población de la inflación fósil con medidas de transición.
“Siendo España el país mejor preparado para resistir el shock de Ormuz gracias a las renovables, resulta injustificable que responda siendo el que más subvenciona los combustibles fósiles”, señala Carlos García Paret, portavoz de Greenpeace.
El Gobierno de España articuló un ambicioso paquete de medidas de urgencia a través de los Reales Decretos-ley 7/2026 y 8/2026, movilizando un presupuesto de 5.000 millones de euros y 80 medidas, siendo el mayor paquete de medidas del continente.
Sin embargo, el análisis de Greenpeace concluye que estos recursos han priorizado al mismo tiempo medidas generalistas que han ahondado en la dependencia fósil por encima de las medidas positivas de protección de colectivos más vulnerables y de avance en la transición.
Como han señalado entidades como Funcas, el Banco de España y la Comisión Europea, estas medidas tienen un elevado coste fiscal y una cuestionada eficacia, recomendando, en su lugar, priorizar soluciones específicas que atiendan públicos y sectores más vulnerables y que aceleren el cambio de modelo.
Países Bajos
Pese al rescate fósil, el informe reconoce que el Gobierno ha impulsado la segunda mejor apuesta de fondo por la transición energética en el bloque analizado, solo por detrás de los Países Bajos.
De hecho, solo Países Bajos, España y Suecia han intentado compatibilizar estas medidas de auxilio al consumo fósil con directrices orientadas a la transición ecológica.
El Ejecutivo también ha implementado reformas estructurales como la ampliación a 5 kilómetros de la distancia para el autoconsumo colectivo, la liberación del 10% de la capacidad de red para comunidades energéticas y autoconsumo local, nuevas competencias para ayuntamientos, permitiéndoles incentivar fiscalmente proyectos de energía descentralizada, obligaciones de sostenibilidad a centros de datos, etc.
No obstante, los incentivos fiscales para que la ciudadanía se beneficie de las energías renovables (rehabilitación edificios, movilidad sostenible…) expiran a finales de 2026. También lo hacen las medidas como el bono social eléctrico y el térmico.
“España importa 22.000 millones de euros de combustibles fósiles”, afirma García Paret.
Greenpeace ha planteado 10 medidas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, entre las que se incluyen un impuesto a los vuelos VIP para pagar un abono transporte único asequible para todo el territorio, acabar con las rutas aéreas innecesarias por tener una alternativa en tren viable, o generar una Reserva Estratégica de Almacenamiento Verde.
También propone rehabilitar 10 millones de hogares antes de 2040, o un "bono climático" mensual para pequeños agricultores que incentive la agroecología y el consumo de proximidad, un impuesto a los superricos y a las petroleras para que paguen su deuda climática, o un Fondo Soberano Verde, para que España crezca en soberanía energética y resiliencia climática.
