Una personal llena un automóvil en una gasolinera

Una personal llena un automóvil en una gasolinera Shutterstock

Observatorio de la Energía

La CNMC archiva la investigación contra Repsol, Moeve y BP por prácticas anticompetitivas en 2022

El regulador investigaba las denuncias presentadas por dos asociaciones del sector, AESAE y ACIH.

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Las claves

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La CNMC ha archivado la investigación contra Repsol, Moeve (antes Cepsa) y BP por supuestas prácticas anticompetitivas denunciadas por asociaciones de operadores independientes.

El regulador no ha encontrado pruebas de concertación ni de una posición de dominio colectiva entre las tres compañías durante la crisis energética de 2022.

Las denuncias señalaban posibles abusos de posición de dominio y prácticas colusorias para incrementar cuotas de mercado y precios en el contexto de la guerra en Ucrania.

En un expediente aparte, la CNMC sancionó a Repsol con 20,5 millones de euros por abuso de posición de dominio en el mercado mayorista, sanción que la empresa recurrirá judicialmente.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado no incoar un procedimiento sancionador y archivar las actuaciones seguidas contra Repsol, Moeve -antigua Cepsa- y BP por las denuncias presentadas por las asociaciones de operadores independientes.

Hace unos años, se les denunció por posibles prácticas anticompetitivas mediante descuentos conjuntos en 2022, en plena crisis energética por Ucrania, pero el regulador considera que no hay indicios de infracción.

En concreto, el regulador investigaba las denuncias presentadas por dos asociaciones del sector -AESAE (Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas) y ACIH (Asociación de Comercializadores Independientes de Hidrocarburos)-.

Acusaron a las tres grandes petroleras de haber abusado de su posición de dominio colectiva y realizado prácticas colusorias para aumentar sus cuotas de mercado en el contexto de las subidas de precios de los carburantes por la invasión rusa de Ucrania.

Las prácticas habrían consistido, por un lado, en incrementar los precios de venta mayorista a las gasolineras independientes (low cost) -las que les compran el carburante- y, por el otro, aplicar descuentos a sus clientes en la venta minorista mediante tarjetas de fidelización y pago.

Sin posición de dominio

No obstante, tras la investigación, el organismo presidido por Cani Fernández no ha hallado indicios de la existencia de intercambios de información ni concertación entre Repsol, Moeve y BP. Asimismo, considera que no hay indicios de la existencia de una posición de dominio colectiva entre dichas compañías.

En lo que respecta al intercambio de información, la CNMC indicó que BP y la entonces Cepsa supieron de las políticas de descuentos que Repsol pensaba adoptar a través de los medios de comunicación e información pública.

Además, añadió que ambas compañías se vieron negativamente afectadas por una pérdida de clientes, parte de ellos captados por Repsol.

Por otro lado, el regulador subrayó que Repsol tenía una capacidad de refino en 2022 muy superior a la de sus rivales y unas mayores cuotas de mercado, "no actuando junto con BP y Cepsa como una única entidad colectiva desde el punto de vista económico".

La CNMC recordó que, en un procedimiento sancionador distinto finalizado el pasado mes de enero, sí sancionó a Repsol con 20,5 millones de euros por haber abusado de su posición de dominio en el mercado mayorista de distribución de combustibles de automoción a estaciones de servicio.

En este caso, consideró responsable a la empresa de un estrechamiento de márgenes consistente en aplicar, entre otras conductas, políticas de retención de volumen y de incremento de precios de venta del Gasóleo A (GOA) a sus rivales (gasolineras independientes) en dicho mercado.

Mientras, en el mercado minorista de venta de combustibles de automoción en estaciones de servicio, realizó una campaña de descuentos en el precio del GOA a clientes profesionales que superaba las prestaciones que estaba obligada a aplicar en virtud de las medidas aprobadas en su día por el Gobierno.

Por su parte, Repsol rechazó "de forma tajante" la sanción de 20,5 millones de euros a diversas de sus filiales del área de venta de carburantes y la prohibición de participar en contratos públicos impuesta por la CNMC.

Consideraba que se apoyaba "en un relato parcial y descontextualizado, con errores de método y de derecho, que ignora el contexto excepcional de 2022", marcado por la crisis tras la invasión de Ucrania por Rusia.

Además, la energética afirmó que recurriría ante la jurisdicción contencioso-administrativa la multa para hacer "valer todos estos argumentos en su impugnación".