Momento del evento sobre el Plan Social para el Clima de España celebrado en el Congreso de los Diputados.
Falta consenso en el Congreso: España pierde 9.000 millones de euros del Plan Social para el Clima para familias vulnerables
Todos los grupos parlamentarios apoyan la necesidad de aprobar la regulación que de luz verde a los fondos europeos, pero sigue bloqueada.
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El Plan Social para el Clima (PSpC) pretende movilizar alrededor de 9.000 millones de euros en España durante el período 2026-2032 para apoyar a hogares en situación de pobreza energética, usuarios vulnerables del transporte y microempresas.
Sin embargo, no llegan porque España aún no ha enviado su PSpC a la Comisión Europea, y eso que el plazo expiró el 30 de junio de 2025, lo que hace demorar la llegada de las ayudas, por falta de consenso entre los grupos parlamentarios en el Congreso.
Estas ayudas permitirían, entre otras medidas e inversiones, rehabilitar viviendas, sustituir sistemas de calefacción basados en combustibles fósiles por tecnologías limpias y acceder a energías renovables y medios de transporte sostenibles.
Y no solo no se ponen de acuerdo para que España reciba 9.000 millones de euros, tampoco para transponer la directiva europea sobre las emisiones de CO2 ligadas a la vivienda y al transporte por carretera (más conocido como ETS2), para lo cual existía el plazo de 31 de diciembre de 2023.
Un paso previo necesario, pero que aún se encuentra en fase de enmiendas en su trámite parlamentario, por falta de voluntad política.
Debates en el Congreso
De todo esto, el pasado lunes 13 de abril, se habló en el Congreso de los Diputados para que representantes de la Comisión Europea, del Gobierno, expertos técnicos, organizaciones de la sociedad civil y grupos parlamentarios pudieran reflejar la situación tan crítica en la que se encuentra el Plan Social y más aún, en un contexto marcado por la reciente crisis energética derivada del conflicto en Irán.
El evento fue organizado por la Alianza por un Plan Social para el Clima justo para usuarios y microempresas vulnerables del transporte, la Alianza por la rehabilitación de viviendas sin dejar a nadie atrás y el Grupo de trabajo sobre vulnerabilidad y pobreza en transporte.
La urgencia de este plan es mayor que nunca, y en esto estaban todos los grupos políticos que asistieron al acto de acuerdo manifestando su disposición a facilitar la transposición de la normativa europea, pero hay que pasar de las palabras a la acción.
Daniel Senderos, del Grupo Parlamentario Socialista, defendió que el Fondo Social para el Clima favorecerá la descarbonización de la economía al tiempo que protegerá a los hogares, pequeños negocios y colectivos más vulnerables.
Laura Vergara, del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, aseguró que su formación votará a favor de la transposición, al igual que la portavoz de Esquerra Republicana, Teresa Jordá, quien aseguró que trabajará para que el futuro plan tenga un carácter estructural, con una gobernanza clara y una adecuada territorialización de los fondos.
Esto último también fue compartido por Igotz López, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) en el Senado.
Mikel Otero, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, señaló que existen razones climáticas, de autonomía estratégica y de justicia social que justifican avanzar con rapidez.
Juan López de Uralde, representante de Podemos/Alianza Verde (Grupo Mixto), puso el foco en evitar que los fondos reviertan en empresas de combustibles fósiles.
Por su parte, César Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular, defendió la voluntad de su grupo de contribuir a que este mecanismo tenga el mayor impacto posible en apoyo de las familias y recordó las enmiendas presentadas por su formación cuando se abrió el proceso parlamentario, relacionadas con la eliminación del impuesto a la producción eléctrica y los dividendos climáticos.
Próximos pasos
Carlos Bravo, coordinador de la Alianza por un Plan Social para el Clima Justo para usuarios y microempresas vulnerables del transporte, destacó que “esperamos que el Gobierno haya escuchado las numerosas voces de los partidos políticos y de los colectivos en el evento de que no puede seguir retrasando por más tiempo la elaboración y aprobación del Plan Social para el Clima de España, de modo que este pueda entrar en funcionamiento cuanto antes".
"Asimismo, ha habido un gran acuerdo político para que se active ya urgentemente el trámite parlamentario de la transposición de la Directiva ETS, que todos los grupos consideraron absolutamente necesaria, ya que es clave para poder empezar a recibir el dinero europeo del Fondo Social para el Clima", ha concluido.
Por su parte, Marcos González, de la Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea, advirtió que Bruselas no podrá aprobar el plan español hasta que se complete la transposición de la directiva. No obstante, subrayó la importancia de que España tenga el documento preparado para poder activarlo cuanto antes una vez se desbloquee el marco legal.
También Víctor Marcos, director general de Planificación y Coordinación Energética del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, anunció que dicho departamento prevé someter el borrador del PSpC a audiencia pública “en abril o principios de mayo”.
