El Gobierno corrige su plan contra el fraude del diésel y fija la retribución eléctrica insular en el 'decreto antidesahucios'

Entre las medidas destacan la flexibilización de los requisitos para ser "operador confiable" de hidrocarburos dentro del plan contra el fraude del diésel, la fijación de la retribución eléctrica en sistemas insulares y extrapeninsulares, la prórroga del bono social eléctrico hasta 2026 y nuevos incentivos fiscales verdes.

El Ejecutivo ha aprobado una modificación de los requisitos para ser “operador confiable” de hidrocarburos después de que, en la práctica, sólo las grandes petroleras estuvieran logrando esa calificación y el sector denunciara que se estaba restringiendo la competencia en el mercado de carburantes.

El Gobierno da el golpe final al fraude del diésel con la activación de los pagos del IVA por adelantado y nuevos avales

En concreto, con el Real Decreto-ley 2/2026 rebaja de 1.000 a 500 millones de litros el volumen anual de extracciones de gasolinas, gasóleos y biocarburantes necesario para obtener el sello de “confiable” en el IVA, una figura central del plan contra el fraude del diésel

Además, el periodo de contabilización de ese volumen de ventas ya no es el "año natural anterior", sino los “12 meses naturales inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud”.

​Para tener esa condición, la empresa debe estar inscrita en el registro de extractores, acreditar tres años de actividad como operador mayorista y cumplir criterios de solvencia financiera de la normativa aduanera europea.

Hacienda aprobará por orden ministerial el procedimiento y un registro específico de operadores confiables, lo que permite a más empresas beneficiarse de un tratamiento administrativo menos gravoso, manteniendo controles antifraude.

Retribución insular

Otra medida en el RDL es que se fija para 2026‑2031 una tasa de retribución financiera del 6,58% para la generación eléctrica en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla acogida a régimen retributivo adicional.

Esta tasa se aprueba siguiendo la propuesta de la CNMC y pretende reflejar el coste de financiación de actividades de “bajo riesgo”.

El doble desafío energético de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla: acabar con los apagones y descarbonizarse

El Gobierno se da hasta el 28 de febrero de 2026 para aprobar por orden ministerial el resto de parámetros retributivos y el procedimiento de despacho, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Cabe señalar que con este decreto, el Ejecutivo también encarga a la CNMC revisar periódicamente los sobrecostes de generación y las condiciones y precios de suministro en estos territorios para proponer ajustes regulatorios que garanticen luz al mínimo coste posible.

Incentivos fiscales “verdes”

El Gobierno ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 2026 las deducciones en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas.

Según el grado de mejora alcanzado, los contribuyentes podrán beneficiarse de distintos porcentajes: un 20% si se reduce al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración; un 40% si se disminuye al menos un 30% el consumo de energía primaria no renovable o la vivienda alcanza la etiqueta energética A o B.

El porcentaje podía alcanzar el 60% para rehabilitaciones energéticas de edificios residenciales que logren mejoras globales, con posibilidad de trasladar la deducción a 2027 y un límite acumulado de 15.000 euros.

En paralelo, se prorroga hasta finales de 2026 la deducción del 15% en IRPF por la compra de vehículos eléctricos enchufables o de hidrógeno, tanto turismos como motos incluidos en el plan MOVES, con una base máxima de 20.000 euros, aplicable a la compra directa o al pago anticipado de al menos el 25%.

Cobrar por ahorrar: las empresas podrán ganar hasta 91 millones por cada proyecto que ahorre energía y CO2

Además, se establece una deducción del 15% por la instalación de puntos de recarga domésticos, con una base máxima de 4.000 euros anuales, siempre que no estén vinculados a actividades económicas y cumplan la normativa y permisos vigentes.

En cuanto a los incentivos “verdes” en el Impuesto sobre Sociedades, se prorroga hasta 2026 la posibilidad de aplicar libertad de amortización para inversiones en instalaciones de autoconsumo eléctrico y sistemas térmicos que utilicen energías renovables, como solar o biomasa, y sustituyan equipos fósiles.

Esta medida incluye un límite de inversión de 500.000 euros y exige mantener la plantilla media 24 meses.

Asimismo, las empresas podrán amortizar libremente los vehículos nuevos eléctricos o híbridos enchufables utilizados en la actividad, así como las nuevas infraestructuras de recarga de potencia normal o alta que entren en funcionamiento durante 2024, 2025 y 2026, incentivando la electrificación del transporte dentro del sector empresarial.

Bono social

El RDL prorroga durante todo 2026 los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico: 42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos sobre la parte bonificada de la factura.

Si se han emitido facturas desde el 27 de enero hasta la entrada en vigor de la norma sin esos nuevos descuentos, las comercializadoras deberán regularizar la diferencia en la siguiente factura.

Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 la prohibición de cortar suministros básicos de agua y energía a consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social definidos en la normativa del bono social.