La parálisis eólica se agrava en Galicia pese al apoyo del TJUE: más bloqueos, 10.000 millones en riesgo y una fuga industrial

El bloqueo comenzó cuando asociaciones ecologistas como Adega, Petón do Lobo y Ecologistas en Acción comenzaron a llevar a los tribunales decenas de parques, cuestionando la forma en que la Xunta aplicaba la evaluación ambiental y la participación pública.

La sección tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) empezó entonces a suspender cautelarmente autorizaciones. Un centenar de proyectos se han visto afectados.

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Pese a que el pasado agosto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) parecía devolver la esperanza al sector al invalidar una cuestión judicial en la que se amparaban muchos bloqueos, siete meses después los parques siguen paralizados y la situación se ha agravado.

Ya son 3.500 megavatios (MW) en proyectos judicializados, la mitad de todo lo que se tramita en Galicia, según explica Manuel Pazo, presidente de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), en una conversación con EL ESPAÑOL-Invertia.

El impacto económico no es baladí. Sólo las inversiones industriales que estaban interesadas en instalarse en Galicia y que dependían de contratos de suministro eléctrico vinculados a estos parques eólicos superan los 7.000 millones de euros.

Si a estas cifras se suman las inversiones directamente vinculadas a los parques eólicos paralizados, el volumen total en riesgo ronda los 10.000 millones de euros, según las citas de la EGA.

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"Había más de 32 empresas industriales que querían implantarse en Galicia y nos estaban llamando para cerrar contratos de energía. Ahora, han dejado de hacerlo", explica el presidente de la EGA. En conjunto, estos proyectos podrían generar hasta 14.000 nuevos puestos de trabajo.

Los promotores eólicos denuncian que existe una estrategia coordinada para frenar los proyectos mediante una avalancha de reclamaciones judiciales, cuyo único objetivo es bloquear el desarrollo del sector en la región.

Mientras tanto, el consumo eléctrico en Galicia continúa cayendo, un síntoma de desaceleración económica ligada a la pérdida de tejido industrial.

Según recuerdan desde la Asociación Eólica de Galicia, en los últimos cinco años la demanda de electricidad ha descendido más de un 32% por el parón de Alcoa y la desaparición de otras empresas electrointensivas.

El bloqueo judicial de proyectos eólicos puede alargarse años. En muchos casos, cuando el procedimiento se desbloquea, la tecnología prevista ha quedado obsoleta y obliga a reiniciar todo el proceso.

"Esto genera una enorme inseguridad jurídica", advierte Manuel Pazo, quien apunta que la situación "está provocando que muchos inversores opten por abandonar Galicia y llevar sus proyectos al norte de Portugal u otros países y regiones donde encuentren más seguridad".

Nuevos bloqueos

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha frenado la judicialización de nuevos proyectos.

En los últimos meses, la sección tercera de lo Contencioso-Administrativo del TSXG ha vuelto a dictar resoluciones que paralizan iniciativas eólicas en distintas fases de tramitación, apoyándose en nuevos argumentos jurídicos.

La semana pasada, suspendió cautelarmente el parque Patiñeiro (Vimianzo), de Naturgy. Aunque contaba con todos los permisos administrativos, el tribunal argumentó riesgos sobre fauna protegida, patrimonio arqueológico y hábitats sensibles, dejando en pausa la instalación.

También en octubre revocó el permiso del parque A Ruña III (Mazaricos), promovido por Eurus/Acciona, argumentando deficiencias en la evaluación ambiental por no incluir la línea eléctrica de evacuación ni la cercanía de espacios protegidos.

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"Se están presentando recursos basados en argumentos muy discutibles", señala Pazo. Entre ellos, la utilización de criterios poco claros o mediciones irrelevantes, que terminan provocando suspensiones cautelares prolongadas.

El sector eólico ha recurrido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano encargado de coordinar el funcionamiento del Poder Judicial en España, para denunciar lo que considera una anomalía en la aplicación de la justicia en Galicia.

Igualmente, ha solicitado al Gobierno español que traslade a la legislación nacional el concepto de “interés público superior” que la UE reconoce a la energía eólica.

La intención es que los proyectos estratégicos de generación renovable no puedan bloquearse por dudas administrativas o interpretaciones judiciales locales. Según los promotores, esta medida permitiría que, cuando existan conflictos entre impactos ambientales menores y necesidades energéticas, prevalezca el interés público de producir energía limpia y sostenible.

Asimismo, el sector eólico ha elevado una queja ante la Unión Europea para alertar del mal funcionamiento de la justicia española ante esta situación.

Aunque el sector eólico reconoce que en el pasado algunas compañías financieras cometieron errores en Galicia, hoy subrayan que la situación es muy distinta. Los proyectos actuales se desarrollan de la mano de las comunidades locales, con diálogo y atención a los impactos ambientales.

Al mismo tiempo, insisten en la urgencia de avanzar en la transición energética, de impulsar la industria en Galicia -una región que cuenta con un enorme potencial- y de reforzar la seguridad energética del país, frente a un escenario geopolítico cada vez más complejo.