Sede de la CNMC.

Sede de la CNMC. CNMC

Observatorio de la Energía

La CNMC apura los expedientes del apagón para dar tiempo a que funcione el control de tensión de las renovables

Todos los focos están puestos en la implicación que se le pueda atribuir a Red Eléctrica (Redeia) y a alguna de las grandes eléctricas.

Más información: El accidente y el apagón dejan sin argumentos al Gobierno para vender la ‘Marca España’ más allá de la ‘macro’ en el extranjero.

Publicada

Las claves

La CNMC retrasará los expedientes del apagón hasta que se implementen las nuevas normas de control de tensión en plantas renovables.

El objetivo es evitar futuros apagones y reducir el sobrecoste actual en la factura eléctrica, permitiendo que las renovables controlen la tensión de la red.

Redeia está certificando la habilitación de plantas fotovoltaicas para el control de tensión, lo que permitirá planificar el sistema con más garantías y a menor coste.

La instrucción de la CNMC apunta a un reparto de responsabilidades entre operadores, eléctricas y otras entidades, con posibles sanciones que pueden dar pie a reclamaciones por daños de hasta 4.000 millones de euros.

La CNMC esperará a que se terminen de aplicar las nuevas normas de procedimiento para que las plantas fotovoltaicas puedan contener la tensión de la energía que generan, antes de lanzar los expedientes que se puedan derivar del apagón.

Fuentes empresariales conocedoras de la situación aseguran que el empeño que tiene el supervisor en este momento es poner las bases para que no pueda volver a ocurrir un apagón sin tener que pagar un sobrecoste en la factura, como ocurre ahora.

La investigación del apagón está prácticamente terminada por los expertos de la CNMC y ya se está en disposición de poner en marcha los expedientes. La idea es sacarlos todos a la vez y antes de que se cumpla un año de la caída del sistema, en abril.

Mientras ese proceso se desarrolla en el seno de la Competencia en estos dos meses y medio, Redeia es la encargada de certificar la habilitación de las renovables (sobre todo fotovoltaicas) para entrar en los grupos de control de tensión.

El llamado Procedimiento Operativo 7.4 se puso en marcha el verano pasado, a requerimiento de la propia Redeia, para ampliar las opciones de tener controlada la tensión de la red con instalaciones renovables.

De esa forma, no se dependerá sólo de las centrales de ciclo combinado y las nucleares para hacer de soporte del sistema en caso de que se produzca un exceso de oscilaciones de nuevo que lo ponga en riesgo de nuevo.

Con la entrada de las renovables en ese grupo, se rebajaría además la factura de la luz, dado que el coste a pagar sería más barato que el resto de los sistemas de generación que ahora operan.

Fuentes técnicas consultadas aseguran que lo que hace cuatro años era un coste de apenas 200 millones para la factura eléctrica, se ha convertido ahora en un negocio de más de 1.200 millones al año.

Hasta el pasado mes de diciembre, había habilitadas ya centrales fotovoltaicas con control efectivo de tensión por 2,2 gigavatios, para las que ahora se establece una retribución simbólica por debajo del coste.

Lo que la CNMC espera es que esa cifra aumente en estos meses para generar una cantidad suficiente que permita a las renovables entrar en ese mercado a un precio menor del que establecen los ciclos combinados.

Fuentes del sector aseguran que ese proceso de homologación se puede acelerar, dado que la mayor parte del parque fotovoltaico (todas las plantas de después de 2019) ya cuenta con las inversiones hechas para aplicar control de tensión.

El día del apagón había diez generadores comprometidos para aportar energía síncrona y controlar la tensión en toda España, distribuidos por zonas. De ellos, seis eran centrales de ciclo combinado.

Lo lógico es que, cuando estén habilitadas las renovables, Redeia pueda hacer planificaciones con más componentes en esa lista. Eso permitiría tener más garantías a un precio más barato que ahora, explican los técnicos consultados en ese ámbito.

Expedientes en marcha

Mientras ese proceso se lleva adelante, los ingenieros y técnicos de la CNMC tienen prácticamente terminada la instrucción que abrieron sobre el apagón, para la depuración de todas las responsabilidades que se deriven de ello.

Todo apunta a un reparto de responsabilidad entre operador, eléctricas y todo tipo de entidades implicadas en la operación de ese día, que pudieron hacer dejación de sus responsabilidades para evitarlo.

Pero los focos están puestos en la implicación que se le pueda atribuir a Red Eléctrica (Redeia), encargada de la planificación y operación del sistema, y a alguna de las grandes eléctricas, como Iberdrola, cuya implantación en el sureste de la Península, donde se originó el apagón, es muy amplia.

Fuentes jurídicas aseguran que la clave que se puede manejar en el seno de la CNMC es conocer si el operador sabía que la falta de preparación de esas entidades comprometidas era práctica habitual, pero se obviaba mientras no pasara nada grave.

Por otro lado, las centrales de ciclo combinado y nucleares que tenían que aportar energía para controlar las oscilaciones de tensión no lo hicieron a tiempo. Lo previsto es que se abran expedientes y se apliquen sanciones para cada uno de los casos implicados.

Precisamente Red Eléctrica aplica desde el apagón una operación reforzada con más medios de soporte por lo que pudiera pasar. Por eso resulta más caro y está a la espera de la aplicación del PO 7.4 para que las renovables puedan controlar su tensión.

El riesgo siempre existe. Incluso la semana pasada hubo que utilizar el procedimiento paralelo de desconexión automática de algunos consumidores electrointensivos (gran industria) ante una falta de energía en el sistema.

La investigación de los técnicos de la CNMC ha analizado además a todas aquellas plantas (sobre todo fotovoltaicas) que se desconectaron del sistema a la vista de que todo se caía.

Si lo hicieron antes del tiempo estipulado o no atendieron a los requerimientos que se les hicieron, tendrán también su expediente y su sanción.

La investigación de la CNMC ha requerido los últimos datos a algunas de las grandes eléctricas implicadas, en busca de afinar todos los análisis. Máxime si se busca incluso el origen de todo el desplome.

La directora de energía de la CNMC y su equipo tienen el trabajo en sus manos, para elevar los expedientes a la presidenta, Cani Fernández, para que los someta al pleno antes de publicarlos.

Fuentes del sector aseguran que una clave importante en todo este proceso lo pondrá la publicación, en marzo, del informe completo de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E).

Ese documento tendrá el análisis y las recomendaciones para España ante el apagón, que todo el sector deberá tener en cuenta. No es fácil que los expedientes de la CNMC salgan a la luz antes de conocer esas conclusiones.

En cualquier caso, las sanciones de la CNMC, que oscilarán entre seis y sesenta millones de euros, no son lo más importante. La clave es que darán pie, aguas abajo, a demandas por daños y perjuicios a los supuestos responsables que se estiman en más de 4.000 millones de euros.