Plantas de biometano.
La oposición política se divide ante el biometano: impulso industrial y fiscal del PP frente al control y exigencias de Vox
Los populares apuestan por acelerar permisos y repartir costes de la red, mientras los de Abascal reclaman garantías y proteger lo rural.
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El biometano no termina de despegar en España, pese al creciente interés inversor. Y es que aunque en la actualidad hay cerca de 300 proyectos de biometano en tramitación, poco más de una veintena de plantas están operativas.
El Gobierno ha dado algunos pasos en el desarrollo del biometano, pero desde el sector se ha criticado durante años una falta de ambición y un apoyo institucional muy limitado.
En este contexto, la posición de los principales partidos de la oposición es clave. Sus posturas condicionan las decisiones de comunidades autónomas y ayuntamientos, y pesan aún más en un escenario de incertidumbre política con elecciones hoy previstas para 2027.
Dirigentes del PP, Vox y también del PNV se pronunciaron este lunes para fijar el posicionamiento de sus partidos y adelantar qué medidas concretas impulsarían en un eventual cambio de Gobierno, durante la jornada El biometano y los gases renovables en la política energética española, organizada este lunes por la plataforma Gas Verde Sí en el Congreso de los Diputados.
Las posturas de la oposición sobre el biometano difieren. El PP apuesta por impulso industrial, incentivos fiscales y reformas regulatorias, mientras que Vox reclama un mayor control, beneficios reales para el territorio y garantías sobre los costes.
El PP achaca el freno de los proyectos en España a un Gobierno que "ideologiza" las tecnologías energéticas, "priorizando sesgos políticos sobre la eficiencia económica y el desarrollo del país", explicó Guillermo Mariscal, diputado popular (PP).
En su análisis, España importa prácticamente todo el gas que consume y depende de decisiones de terceros, lo que supone “un riesgo país evidente”. Frente a esto, desde la principal fuerza de oposición consideran prioritario aprovechar al máximo los recursos propios, como el biometano.
Mariscal subrayó que esta energía "no es novedosa ni experimental". España "tiene capacidad de ingeniería suficiente" y que permite desarrollar industria ligada al sector ganadero y agrícola, "valorizar residuos" y evitar emisiones descontroladas de metano.
Medidas que defiende el PP:
➡ Oficina de Proyectos Estratégicos (permitting): Crear una ventanilla única para ordenar y agilizar permisos ambientales, urbanísticos y energéticos, reduciendo la “maraña legislativa” y dando seguridad jurídica a promotores y territorios.
➡ Estudiar el reparto justo de costes de la red: Estudiar y regular mecanismos para repartir los costes asociados al uso de la red (reverse flow).
➡ Fiscalidad inteligente para el biometano: Revisar la fiscalidad, especialmente el impuesto de hidrocarburos, para incentivar el biometano frente al gas fósil, tomando como referencia experiencias en otros países.
➡ Desarrollo regulatorio y reglas claras: Aprovechar marcos ya creados por la UE y consolidarlos en España.
➡ Política industrial y territorial: Tratar el biometano como “un proyecto industrial y territorial”, que impulse la valorización de residuos municipales y agroganaderos, fomente el asentamiento de población rural y genere empleo local.
Por su parte, Vox carga contra “la forma en que el Gobierno está impulsando el desarrollo del biometano” y cómo, en algunas comarcas, “no se informa con claridad de lo que significan estas plantas y esta nueva tecnología”, señaló Ricardo Chamorro, diputado del partido.
En su diagnóstico, la falta de información y de participación está alimentando conflictos sociales y rechazo en el territorio.
Chamorro aclaró, no obstante, que Vox no rechaza “el biometano como tecnología”, ni “ninguna energía renovable”.
Para el partido liderado por Santiago Abascal, la prioridad son la soberanía energética, la protección del consumidor y el respeto al mundo rural.
El biometano sólo tiene sentido si “valoriza los residuos existentes y genera beneficios directos para agricultores y ganaderos”, defendió Ricardo Chamorro, quien criticó cuando “el ganadero pone el residuo, el territorio soporta el impacto y los beneficios se los llevan fondos o grandes operadores”, calificando esta situación de “extractivismo verde”.
Medidas que defiende Vox:
➡ Soberanía energética: Vox apuesta porque el biometano esté en el mix, pero no como tecnología prioritaria. Reclama integrarlo en una estrategia más amplia junto a fuentes firmes como la nuclear, con el objetivo de reducir la dependencia exterior sin sustituir una dependencia por otra "independencia ideológica diseñada desde Bruselas o desde despachos alejados del territorio".
➡ Valor local: Exige que los proyectos generen empleo, ingresos y actividad industrial en los pueblos, y que esos beneficios se queden en el territorio.
➡Control y garantías: Propone controles estrictos sobre la integración del biometano en el sistema energético, la calidad del gas y su salubridad, la seguridad de infraestructuras y usuarios, y, sobre todo, su impacto real en la factura.
➡ Aceptación social: Insiste en que los proyectos deben impulsarse con transparencia y participación vecinal desde el inicio, para evitar que las zonas rurales se conviertan en “colonias energéticas” donde se instalan infraestructuras no deseadas sin retorno claro para la población local.
El PNV y el IDAE
El representante del PNV, Igotz López, se presentó con una postura favorable al biometano, pero enfocada en cómo hacer que los proyectos avancen en la práctica.
El senador jeltzale propuso, para solucionar los problemas de permitting, delegar la tramitación en empresas o profesionales acreditados.
Además, López subrayó la necesidad de trabajar en la recogida selectiva de materias primas, especialmente la fracción orgánica de residuos y subproductos agroganaderos.
No descartó la creación de nuevas tasas al estilo europeo para incentivar la separación de calidad en origen y garantizar un suministro estable. Todo esto, acompañado de “una fiscalidad adecuada”.
Aunque el debate no contó con ningún representante del PSOE, sí asistió Miguel Rodrigo, director del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
Recordó que el biometano forma parte del plan nacional, pero los proyectos “no acaban de llegar”. Explicó que el problema es económico: “el plan de negocio no acaba de salir por los euros”.
Rodrigo alertó sobre la fragilidad económica de muchos proyectos, pues más de la mitad de los proyectos seleccionados para ayudas han acabado renunciando. En este sentido, el IDAE lanzó un llamamiento a socios industriales y financieros para coinvertir en este tipo de tecnología.
