Los operadores de petróleo que cometían fraude en el IVA de los carburantes se van de España a Portugal a replicar el modelo

"Aunque el Gobierno español no ha aprobado aún la normativa para perseguir el fraude del IVA en los hidrocarburos, ha servido de elemento disuasorio y ha caído mucho este año, aunque no se podría hablar de que haya desaparecido", explican fuentes del sector del petróleo a EL ESPAÑOL-Invertia.

La aplicación práctica de la norma para controlar el fraude del IVA en los hidrocarburos no se ha hecho efectiva aún. Pese a que se aprobó la Ley 7/2024 en diciembre de 2024, sin las órdenes ministeriales que lo desarrollan, la norma solo sirve para asustar a los defraudadores.

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Al menos, el balance del último año fue de 23 operadores inhabilitados y cerca de 800 millones de fraude detectados, y la tendencia de inhabilitar a empresas poco transparentes o que no cumplen con la normativa ha ido en aumento.

Aun así, el Ministerio de Hacienda lleva un retraso de casi un año para aprobar tres normativas que han estado en el trámite de audiencia y consulta pública y cuyo plazo finalizó a principios de julio pasado.

"Ahora muchas de esas empresas se han trasladado a Portugal y se han disparado los casos de operadores que no pagan el IVA y que cruzan la frontera para vender ese carburante muy barato a las estaciones de servicio españolas", aseguran las mismas fuentes.

De hecho, en septiembre pasado, la Guardia Civil desmantelaba un grupo criminal que estafó cerca de un millón de euros a gasolineras y empresas de distribución de combustible en toda España, usando el método del "falso distribuidor".

Portugal, en alerta

Aunque ya ha sido detectada por las autoridades competentes, como el ENSE (Instituto Nacional de Ciencias Sociales) y la Agencia Tributaria de Portugal, la red está en auge.

Se siguen viendo ofertas en gasolineras con precios 10 céntimos inferiores a los de los operadores nacionales, provenientes de una empresa con sede en Oporto que importa combustible de España y anuncia algún tipo de ofertas, por ejemplo, publican medios portugueses.

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"El problema es que si venden en Portugal, no es difícil que también lo hagan, al menos en las estaciones de servicio españolas relativamente cerca de la frontera", añaden las mismas fuentes.

Este tipo de configuración empresarial es similar al de las empresas implicadas en casos de fraude que salieron a la luz en nuestro país en los últimos años.

El impacto en las arcas públicas del Gobierno portugués causado por este tipo de esquemas es significativo, no solo porque las empresas fantasma no pagan el IVA, sino también porque no abonan la compensación correspondiente cuando no incorporan el porcentaje legalmente establecido de biocarburantes.

En Portugal, según publica Diário de Notícias, las autoridades fiscales han sido defraudadas en más de 200 millones de euros, según una estimación a la baja realizada por la Asociación Portuguesa de Empresas Petroleras (APETRO) en los últimos cuatro años, como resultado de estos esquemas.

Con la liberalización del mercado de combustibles, han surgido en el mercado portugués decenas de nuevos operadores en los últimos años, muchos de los cuales son empresas unipersonales sin estructura corporativa.

Portugal sufre este mismo fenómeno por el marco fiscal común europeo, con el IVA intracomunitario que permite transacciones sin impuesto entre Estados miembros, lo que facilita crear redes ficticias que facturan ventas reales o simuladas y desaparecen sin declarar el IVA cobrado.

Fraude de biocombustibles

La proximidad geográfica y operativa, con la frontera terrestre y los puertos lusos (Lisboa, Sines, Setúbal), son usados para canalizar combustible y capitales ilícitos vinculados al fraude español. Así que si España ha vivido el fraude del IVA y el de los biocombustibles, Portugal también.

La Asociación Portuguesa de Productores de Biocombustibles (APBB) y la Asociación Portuguesa de Empresas Petroleras (APETRO) instan al gobierno —en este caso, a la Secretaría de Estado de Energía— a realizar cambios legales, en particular para que las empresas infractoras sean efectivamente condenadas en los tribunales.

Esto no ha sucedido debido a "lagunas legales y tácticas dilatorias de los abogados", argumenta António Comprido, de Apetro. De hecho, varias demandas interpuestas por la Autoridad Tributaria y la ENSE no han resultado condenatorias.