La última bala de las eléctricas para salvar la central nuclear de Almaraz: entre el riesgo de apagón y el 'capote' de Guardiola

El calendario no da tregua. El 1 de noviembre marca el inicio del proceso de desmantelamiento. Las eléctricas deberán presentar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un extenso proyecto de cierre, un dossier de más de 300 documentos técnicos que detalla, paso a paso, cómo se apagará la central.

Si nada cambia, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) fija su clausura definitiva para noviembre de 2027.

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No obstante, los picos de tensión detectados por Red Eléctrica en el sistema y la alarma social que se ha disparado en las últimas semanas han vuelto a poner de relieve el valor de la energía nuclear como garante de estabilidad.

Así lo trasladaron este martes los máximos responsables de Iberdrola, Endesa y Naturgy en su reunión con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tal y como publicó este medio. Sobre la mesa, un plan alternativo al de Red Eléctrica para evitar nuevos sobresaltos en el que las nucleares juegan un papel clave.

Este mismo debate también sonó dos días después en la sala del Senado, cuando Miguel Duvison, exdirector general de Operación de Red Eléctrica, en su comparecencia ante la Comisión de Investigación del apagón, afirmó que la nuclear sigue siendo la tecnología que más inercia aporta y la que mejor regula la tensión.

En el último año, las grietas del calendario de cierre se han hecho cada vez más visibles: informes críticos con el calendario de consultoras como PwC y EY; la aprobación de proposición de ley del PP para revertir el cierre o las 7.000 personas que salieron a las calles bajo el lema “Sí a Almaraz, sí al futuro”.

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El debate no está en elegir entre energías renovables o nucleares, aunque algunos insistan en presentarlo así. El debate real es si España puede permitirse prescindir de sus centrales antes de tener una alternativa real y mejor.

En paralelo, el choque político y fiscal se ha intensificado también. Y la presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha enseñado sus cartas.

Guardiola anunció que reducirá a la mitad, de forma gradual, la ecotasa (el impuesto autonómico sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente), una exigencia de Vox para aprobar los Presupuestos regionales, pero también un movimiento estratégico que da fuerza a las eléctricas.

La reducción de la ecotasa se proyecta hasta 45 millones de euros en 2029, cuando actualmente la planta paga más de 80 millones al año.

El gesto tiene un peso considerable, porque la cuestión fiscal es, hoy por hoy, el gran nudo que complica el futuro de Almaraz.

Pero el verdadero punto de fricción sigue siendo la tasa Enresa, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y supervisada por el Gobierno. Esta tasa financia la gestión de residuos y el desmantelamiento de las centrales y representa 176 millones anuales para Almaraz.

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Sumando la ecotasa y otros gravámenes como el impuesto sobre la producción eléctrica o el almacenamiento de combustible gastado, la central afronta una carga fiscal total de 435 millones de euros al año, siendo la tasa Enresa la que ejerce mayor presión sobre sus cuentas.

Además, el movimiento de Guardiola pone la pelota en el tejado del Gobierno. "Si nosotros damos el paso, Moncloa no puede seguir mirando hacia otro lado", criticó la propia presidenta extremeña.

La postura del Gobierno

El Gobierno ya tumbó, en el primer semestre, la primera propuesta de Iberdrola y Endesa para prolongar la vida útil de varias nucleares. Alegó que la iniciativa no respetaba sus “tres líneas rojas”: que se garantice la seguridad de las personas, el suministro energético y (aquí está el problema) que no suponga un mayor coste para los ciudadanos.

El primer plan informal de las eléctricas mantenía la fecha final de cierre en 2035, pero proponía ampliar los plazos intermedios, incluyendo Almaraz hasta 2030.

La prórroga implicaba, de facto, una rebaja del 18% en la tasa Enresa, además de la promesa de no subir impuestos hasta 2035 y eliminar el gravamen sobre el combustible nuclear gastado.

Pero la situación ha cambiado mucho en las últimas semanas con la alarma de nuevos apagones y la jugada de Extremadura.

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Aunque algunos técnicos del Ministerio ya piden revisar todo el sistema, sin descartar ninguna central, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, se enfrenta a un dilema mayúsculo.

Modificar el calendario de cierre de las nucleares choca frontalmente con la agenda “verde” del Gobierno y supone una afrenta para la izquierda de Sumar y Podemos.

En este contexto también ha resurgido la “teoría del sacrificio de Almaraz”. Según esta visión, la central será la primera en cerrar, mientras que otras plantas, especialmente catalanas, podrían salvarse mediante acuerdos políticos.

Almaraz se ha convertido en símbolo de un pulso entre fiscalidad, política territorial y seguridad energética, donde cada decisión define el futuro energético a corto plazo en España.

Y ahora, Iberdrola, Endesa y Naturgy preparan su última bala, conscientes de que puede ser la jugada que determine el destino de la central.