Berkeley iniciará a principios de 2026 su ofensiva legal de mil millones contra España por la mina de uranio

Berkeley, a través de su filial Berkeley Exploration Limited, presentó en mayo de 2024 una solicitud de arbitraje contra el país por la oposición a la explotación de la mina de uranio en Retortillo (Salamanca).

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial especializado en resolver disputas entre Estados e inversores extranjeros, ya ha fijado el calendario y las normas del proceso.

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Y ahora Berkeley anticipa que presentará a comienzos del próximo año su Declaración de Reclamación. Es decir, el documento central de la demanda en el que la compañía expondrá de manera detallada los hechos, los fundamentos jurídicos y la reclamación que solicita al Estado español, dando inicio al arbitraje formal.

Así lo refleja la filial española de Berkeley en su informe financiero 2025 (cerrado en junio), en el que recalca que "sigue comprometida con el Proyecto Salamanca y mantiene su disposición a un diálogo constructivo con España".

La compañía australiana añade que "está preparada para colaborar con las autoridades españolas pertinentes para encontrar una solución amistosa a la situación de permisos" y "confía en que las conversaciones puedan llevarse a cabo en el corto plazo".

Si no se alcanza un acuerdo amistoso, tras la presentación de la Declaración de Reclamación por parte de Berkeley, España deberá responder ante el tribunal, iniciándose así el intercambio formal de argumentos y pruebas que marcará el desarrollo del arbitraje.

La disputa

En este arbitraje, Berkeley está asesorado por Herbert Smith Freehills y por LCS Abogados. Hasta junio de 2025, la filial española ha registrado en sus cuentas unos gastos relacionados con procedimientos de arbitraje contra España de 3,1 millones de dólares (2,6 millones de euros): 2,2 millones en 2025 y 925.000 dólares en 2024.

El conflicto se inició en 2021, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, liderado entonces por Teresa Ribera, denegó la autorización para construir la mina de uranio de Retortillo.

La decisión se basó en un informe negativo y vinculante del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que señaló incertidumbres y falta de fiabilidad en los análisis de seguridad, sobre todo en aspectos geotécnicos e hidrológicos.

Se trata del mismo año en el que entró en vigor la Ley de Cambio Climático, que prohíbe nuevas solicitudes de minas de uranio, aunque Berkeley sostiene que sus permisos fueron solicitados antes de la normativa y, por tanto, considera que no le aplica.

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En respuesta a la negativa, la compañía presentó documentación adicional y un “Informe de Mejora”, solicitando que se revisara su proyecto y comparando su evaluación con otras autorizaciones mineras.

Según sostiene Berkeley, tanto el CSN como Transición Ecológica actuaron de forma arbitraria, ignorando los procedimientos legales y los argumentos técnicos presentados.

A la disputa administrativa se sumó la presión social y medioambiental, con grupos opositores que impugnaron permisos clave de uso de suelo y licencias urbanísticas.

Tras fallos iniciales favorables a Berkeley, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló estos permisos en diciembre de 2023. La empresa decidió no apelar para preservar su posición en el arbitraje internacional.

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En noviembre de 2022, Berkeley notificó formalmente al Gobierno su intención de recurrir al arbitraje bajo el Tratado de la Carta de la Energía, alegando que el rechazo vulneraba sus derechos como inversor extranjero.

Ante la falta de negociación por parte de España, en mayo de 2024 la compañía presentó la reclamación ante el Ciadi, solicitando una compensación preliminar de 920 millones de euros.

La minera argumenta que ha invertido más de 100 millones de euros en el proyecto y que la mina es estratégica para la región y para la seguridad energética europea, mientras que autoridades y grupos sociales cuestionan su viabilidad económica y ambiental.

Actualmente, el arbitraje internacional sigue en curso, mientras que los recursos judiciales en España han sido desfavorables para la apertura de la mina.

Sólo permanece pendiente la revisión de la denegación de la autorización de la planta en la Audiencia Nacional.