El Gobierno endurece el pulso a las eléctricas a seis meses del límite para decidir el futuro de la central nuclear de Almaraz

Lo que a principios de año era un escenario prometedor de entendimiento entre el Ejecutivo y las principales propietarias nucleares, según fuentes del sector, ha ido deteriorándose desde el apagón y las críticas del presidente Pedro Sánchez hacia la energía nuclear.

De hecho, Joan Groizard, secretario de Estado de Energía, fue contundente esta semana al sugerir en una entrevista que Iberdrola, Endesa y Naturgy "tratan de escenificar ante la prensa" para no ser responsables del cierre nuclear.

El Gobierno tumba la primera propuesta de Iberdrola y Endesa para prorrogar la nuclear por no ajustarse a sus "líneas rojas"

Para el número dos del Ministerio de Transición Ecológica, las centrales nucleares "no son competitivas", ya que a las eléctricas "les siguen sin salir los números".

Estas declaraciones se produjeron en un contexto de crecientes tensiones también dentro del propio Gobierno, después de que Sumar advirtiese públicamente que prolongar la vida útil de las centrales nucleares “vulneraría” el acuerdo de coalición.

La tensión crece mientras la fecha límite para tomar una decisión se acerca rápidamente: marzo de 2026 es el plazo para solicitar la renovación del permiso de explotación de Almaraz. Un trámite clave que debe realizarse con suficiente antelación, un año antes del cierre definitivo.

Las empresas propietarias de la central aún no han logrado sentarse a discutir formalmente la propuesta de prórroga. Se esperaba inicialmente que la reunión tuviera lugar en mayo, pero la cita ha ido aplazándose mes a mes.

Las nucleares tienen mayoría en el Congreso: el PP logra revisar su cierre con el apoyo de Vox y la abstención de Junts

Pese a ello, en este tiempo los responsables de las tres grandes eléctricas han defendido públicamente la necesidad de prolongar unos años el cierre nuclear, siempre que una rebaja fiscal haga viable la operación.

Y este es precisamente el principal punto de fricción. El Gobierno se mantiene firme en su postura de que el proceso no debe suponer un coste adicional para los ciudadanos, lo que llevó a tumbar, en junio, la primera propuesta informal presentada por Iberdrola y Endesa.

Las eléctricas propusieron mantener el cierre definitivo del parque nuclear en 2035, pero ampliando los periodos intermedios para cierres individuales. En el caso de Almaraz, suponía alargar el funcionamiento hasta 2030.

Iberdrola y Endesa estaban dispuestas a renunciar temporalmente a su reclamación para reducir la tasa de Enresa, destinada al desmantelamiento y la gestión de residuos nucleares. Sin embargo, proponían distribuir la recaudación de esta tasa a lo largo de un período más largo de producción, lo que supondría, de facto, una rebaja fiscal al diluir el pago en más años.

Además, en su propuesta, las eléctricas rechazaban cualquier subida fiscal adicional hasta 2035 y solicitaban la eliminación del impuesto sobre el combustible nuclear gastado, argumentando que el déficit tarifario, que justificó originalmente este gravamen, desaparecerá en 2028.

Por ahora, el Gobierno se ha mostrado tajante en sus "líneas rojas" y mantiene su calendario para el apagado progresivo de las centrales, que comenzará en 2027 con el cierre de Almaraz. Le seguirán Ascó (Tarragona) en 2030, Cofrentes (Valencia) en 2031, y finalmente Vandellós (Tarragona) y Trillo (Guadalajara) en 2035.

El debate nuclear en España

En España, la energía nuclear ha ido recuperando terreno en los últimos años dentro de los círculos científicos y técnicos.

Las cifras aportan munición a este debate. La consultora Metyis advierte de que el cierre de la central de Almaraz podría acarrear un impacto económico superior a los 800 millones de euros, debido a la pérdida de actividad, empleo y recaudación fiscal.

PwC, por su parte, calcula que el abandono del parque nuclear encarecería el precio de la electricidad en hasta 13 euros por megavatio hora, lo que afectaría directamente a hogares e industrias.

El respaldo a la energía nuclear también ha crecido en la calle. El último barómetro del Real Instituto Elcano, publicado en julio de 2025, revela un cambio de percepción notable: dos tercios de los encuestados (66%) consideran que las centrales existentes deberían seguir funcionando.

El cierre nuclear en Alemania, un aviso a España: la luz 18 €/MWh más cara y 40.000 M para sustituir el carbón por gas

En 2023, sólo el 43% estaba de acuerdo con la afirmación “debemos extender la vida de las centrales nucleares tanto como sea posible”.

Por su parte, en el plano político, la nuclear logra ya la mayoría en el Congreso. En junio, el Partido Popular, con el apoyo de Vox y la abstención de Junts, logró reunir mayoría el apoyo suficiente para sacar adelante una proposición de ley que plantea ampliar el calendario de cierre de las centrales.

La iniciativa, impulsada por el líder popular Alberto Núñez Feijóo, obtuvo 171 votos a favor, frente a la oposición del PSOE, Sumar y sus socios parlamentarios, y con las 7 abstenciones de Junts como elemento decisivo.

El debate, lejos de cerrarse, se intensifica a medida que se acerca la primera gran fecha del calendario: el cierre previsto de Almaraz en 2027.