
Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica
El decreto 'anti-apagones' del Gobierno genera incertidumbre en energéticas e industria si no consigue los apoyos en un mes
Algunas de las medidas son de implementación inmediata, pero está en el aire que se activen sólo temporalmente, provocando caos en el sector.
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El Gobierno ha aprobado este martes su escudo anti-apagones, un Real Decreto-Ley ómnibus que incluye muchas medidas de aplicación inmediata, que entrarán en vigor este miércoles con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), además de otras adicionales que buscan mejorar el sistema energético español.
Sin embargo, genera incertidumbre en el sector energético e industrial por si no se consigue contar con el respaldo del arco parlamentario para su aprobación, una vez puestas en marcha esas medidas.
Según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, confían en contar con su respaldo. El Congreso tiene un plazo de un mes para aprobarlo y si no lo hace, como es lógico, decaerán todas propuestas presentadas.
Proyectos de hibridación de parques renovables con baterías, reducción de los peajes en un 80% para la industria electrointensiva, ampliar el perímetro de acción para el autoconsumo colectivo o la tramitación de los puntos de recarga del vehículo eléctrico ya estarían vigentes desde finales de junio.
El Real Decreto-ley de medidas urgentes para reforzar la supervisión y resiliencia del sistema eléctrico también salvaría de perder su punto de acceso y conexión a la red de numerosos parques renovables.
El plazo para que las plantas renovables estén efectivamente en funcionamiento vence este miércoles, 25 de junio de 2025, y eso implicaría volver a iniciar el proceso administrativo desde cero, con la consiguiente pérdida de garantías y la necesidad de competir de nuevo por capacidad en la red.
Estos plazos afectan a miles de proyectos renovables en España y suponen un volumen de inversión de unos 25.000 millones de euros solo en fotovoltaica.
Baterías e hibridación
El decreto da un impulso muy relevante al almacenamiento, tanto mediante la hibridación en instalaciones de generación como con su incorporación al sistema eléctrico en general.
Se agiliza la tramitación administrativa de los expedientes, especialmente en el ámbito de proyectos que sean competencia de la Administración General de Estado, con una reducción de los plazos a la mitad.
"Se va a primar la hibridación y la prioridad de despacho del almacenamiento para facilitar el desarrollo de proyectos y acelerarse su puesta en marcha", ha señalado Sara Aagesen, vicepresidenta para la Transición Ecológica en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del martes.
Además, el texto abre la puerta a que se culmine el mecanismo de capacidad, aún encallado en Bruselas, según fuentes del Ministerio que lidera Aagesen, la llave para incentivar a que las empresas se lancen a conectar baterías a la red eléctrica.
Otras medidas inmediatas
También entran inmediatamente otras medidas como la renovación de instalaciones de generación –su repotenciación–, reduciendo los plazos administrativos a la mitad, siempre que la potencia resultante sea inferior al 125% de la original.
En la línea de medidas de electrificación, al objeto de fomentar el autoconsumo colectivo, también se pone en marcha que se aumente la distancia máxima entre la generación y el consumo a 5 Km para instalaciones menores de 5 MW.
Se flexibilizan las tipologías y se introduce la figura del gestor de autoconsumo, que podrá ejercer de representante de los partícipes, facilitando las gestiones necesarias para su buen funcionamiento.
Se favorece la electrificación de la climatización en las comunidades de vecinos y se habilita a los ayuntamientos la aplicación de deducciones del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles y del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), tal como ya sucede con el autoconsumo.
Impulso de la demanda
También de manera inmediata, se recupera y con carácter retroactivo desde el pasado 23 de enero la exención del 80% de los peajes eléctricos a la industria electrointensiva. El Gobierno reconoce la eficacia que ha demostrado desde su establecimiento, hace dos años y medio, con motivo de la guerra en Ucrania.
Por último, para facilitar la conexión a las redes eléctricas de nuevas actividades económicas -industriales, principalmente- se revisa la normativa de acceso y conexión de la demanda, fijando en cinco años el plazo de caducidad de los derechos de acceso.
Se busca un mayor aprovechamiento de redes existentes y, actualmente, en desuso. Igualmente, se acortan los plazos para que las empresas eléctricas atiendan nuevos suministros y se adoptan disposiciones para agilizar la conexión de nuevos accesos para demanda, principalmente industrial.
Pero, como novedad, a partir de ahora deberán incorporar el CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) para que se tenga constancia de cuál es la actividad a la que se va a dedicar cada solicitud e intentar acabar con la especulación y el acaparamiento, según las mismas fuentes del MITECO.
Todas estas medidas que se pondrán en marcha desde ya se verían en un callejón sin salida si dentro de un mes el RDL no pasa el visto bueno del Congreso, una marcha atrás que traería complicaciones y caos en su paralización.