La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado la querella al considerar la investigación abierta "prospectiva" y basada en "meras sospechas carentes de seriedad", según detalla la resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. 

Tras la sentencia, el departamento de Teresa Ribera ha ordenado la demolición de uno de los dos complejos, el hotel Oliva Beach en Fuerteventura.

[La Fiscalía pide investigar si tres altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica han prevaricado.]

La titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid abrió el año pasado diligencias, con el respaldo de la Fiscalía. Su objetivo era determinar si los tres altos cargos del Ministerio habían maniobrado para anular las concesiones de ocupación de los hoteles Oliva Beach y Riu Palace Tres Islas, y si lo habían hecho de forma arbitraria, en contra de los informes de la Abogacía del Estado.

Se trataba de Ana Oroño Valenciano (directora general de la Costa y el Mar), Ainhoa Pérez Puyol (secretaria general de Dominio Público Marítimo-Terrestre) y Jacobo Martín Fernández (secretario general técnico del Ministerio).

Según los abogados del grupo hotelero, los expedientes que instruyeron los funcionarios no sólo habrían privado a Riu del derecho a explotar estos establecimientos, sino también habrían implicado la posterior decisión de derribo, con un perjuicio económico millonario para la cadena hotelera. 

Tras notificarle la apertura de la causa, la Abogacía del Estado presentó un recurso pidiendo al juez que no admitiese a trámite la querella, al entender que la actuación de los tres altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica fue ajustada a derecho.

Así, la Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón a Transición Ecológica, argumentado que "se evidencia que durante el curso del expediente surgió un problema jurídico" y, consecuencia de ello, "se inició un complejo procedimiento de revisión de oficio de la concesión administrativa", lo que "no comete ninguna conducta antijurídica".

Asimismo, la decisión de la Corte Provincial afirma que que el "procedimiento caducó y terminó sin una resolución decisoria o fondo, sin que la simple apertura de un procedimiento o el apartarse del criterio (no vinculante) de la Abogacía del Estado constituya la conducta típica del delito de prevaricación".

Expediente sancionador

El departamento de Costas del Ministerio de Transición Ecológica incoó en mayo de 2021 otro procedimiento para extinguir la concesión de dominio público que ocupa el hotel Riu Palace Tres Islas en la misma playa de Corralejo.

Costas esgrimió para ello un expediente sancionador instruido en 2008 (es decir, 13 años antes), que se había saldado con la imposición de una multa de 10.885 euros y la orden de demolición de una planta del inmueble.

"La voluntad del jefe de la Demarcación de Costas de Canarias al retomar un procedimiento sancionador que se encontraba inactivo desde hacía más de 13 años", argumentaba el grupo Riu en su querella, "no era asegurarse de su cumplimiento, sino emplearlo como pretexto para justificar la incoación de un expediente de caducidad de la concesión explotada por Riu".

Sobre esta cuestión, la Corte Provincial de Madrid ha resuelto que "carece de sentido alguno abrir una investigación penal sobre una actuación administrativa, cuando la jurisdicción que procede, que es la contenciosa, no se ha pronunciado sobre su regularidad".

Conflicto

El hotel Oliva Beach fue construido en los años 70 en la playa de Corralejo e incluye un conjunto de 400 apartamentos turísticos. En virtud de la Ley de Costas, tiene una concesión otorgada en 2003 para ocupar la zona pública del litoral hasta el año 2033, prorrogable en otros 30 años.

En cuanto al hotel Riu Palace Tres Islas, tiene una concesión otorgada por el Ministerio en 2007, también con una duración de 30 años prorrogables. Tras la entrada en vigor de la Ley de Protección del Litoral de 2013, el Ministerio otorgó al grupo Riu una prórroga de 75 años para explotar este establecimiento (hasta el año 2089), a cambio del pago de un canon anual de 1.996.794 euros.

El grupo Riu solicitó en diciembre de 2017 a la Demarcación de Costas de Canarias autorización para modernizar el complejo Oliva Beach, con la construcción de una nueva piscina y un auditorio de 1.900 metros cuadrados.

Al requerir información al Registro de la Propiedad, Costas descubrió entonces que 18 de los 400 apartamentos del complejo habían sido vendidos a terceros antes del otorgamiento de la concesión, y preguntó a la Abogacía del Estado si este era motivo para anularla.

Según defiende el grupo hotelero, en su informe, emitido en noviembre de 2019, la Abogacía determinó que sólo podría dictarse la nulidad parcial de la concesión respecto a los 18 apartamentos enajenados y descartó que esto sea motivo para denegar la autorización de las obras.

Pese a ello, los tres altos cargos del Ministerio pusieron en marcha un expediente para anular la totalidad de la concesión que ocupa el complejo turístico, "sin prever las indemnizaciones que establece la ley y sin contar con competencias para ello", ya que habían sido traspasadas al Gobierno canario tras la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de 2018.