Con este plan, las propietarias de las cinco plantas operativas en España (y siete reactores) han mostrado su rechazo a esta subida, e incluso han llegado a pedir alargar su vida cinco años para hacer frente al 'sobrecoste' del nuevo plan de residuos. Una alternativa que no entra en los planes de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Entonces, ¿qué se puede hacer? Si a las propietarias de las nucleares no les salen los números y el calendario de cierre sigue adelante, solo se puede esperar un choque de trenes.

[Las nucleares defienden que alargar su vida cinco años cubriría el 'sobrecoste' del nuevo plan de residuos]

"Los planes del Gobierno de desmantelar definitivamente el parque nuclear de aquí al año 2035 corren el riesgo de desbaratarse por un nuevo aumento de impuestos que amenaza la supervivencia inmediata de las siete centrales operativas", señalan fuentes del sector energético a EL ESPAÑOL-Invertia.

Sin embargo, si se tiene en cuenta lo que se ha recaudado con "el impuesto nuclear para imprevistos, que suma 3.000 millones, es justo la cantidad que se necesita para cubrir los sobrecostes del apagón de las centrales", aseguran. 

Impuesto para 'imprevistos'

Aunque las empresas titulares de las centrales nucleares ya pagan unos impuestos específicamente destinados al desmantelamiento y gestión de residuos de las instalaciones (tasa Enresa), desde 2013 también contribuyen con un tributo creado específicamente para posibles sobrecostes. Desde entonces, lo recaudado suma unos 3.000 millones de euros.

En 2012 el entonces gobierno de Mariano Rajoy aprobó una Ley, más allá de la tasa Enresa, que establecía dos nuevos tributos sobre las centrales, uno sobre la producción de combustible nuclear gastado y otro sobre su almacenamiento.

En el texto de la Ley se explicaba "el establecimiento de un gravamen sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en las centrales nucleares, así como sobre su almacenamiento en instalaciones centralizadas, con el objeto de compensar a la sociedad por las cargas que debe soportar como consecuencia de dicha generación".

Esta tasa supone algo más de 5 euros por cada MWh de cada central dirigidos a financiar posibles imprevistos. 

El PGRR aprobado en diciembre estima que la gestión de residuos nucleares a partir de 2024 ascenderá a 20.200 millones de euros, 3.000 millones más de lo previsto frente a versiones anteriores. Esto es debido a la decisión de ubicar los residuos nucleares en siete almacenes de depósito temporal (ATIs) en lugar de un único cementerio nuclear centralizado (ATC).

"No tiene sentido que se suba la tasa 'Enresa' para recaudar un dinero que ya tiene el Estado en su haber. Es como una doble recaudación", apuntan las mismas fuentes.

'Tasa Enresa'

Desde que se aprobó la 'tasa Enresa', las nucleares aportan cada año 450 millones de euros para financiar el cierre, y por tanto ya cuenta con unos 7.500 millones acumulados.

Además de este impuesto y el de la Ley del 2012, el parque nuclear español soporta otras cargas impositivas nacionales, locales y autonómicas que elevan la factura fiscal (sin tener en cuenta la subida propuesta) hasta unos 25 euros/MWh, entre un 25 y un 40% de su facturación anual.

"Las centrales nucleares están sometidas a una fiscalidad excesiva, en algunos casos redundante, así como discriminatoria y no homogénea ni comparable a la del resto de tecnologías y que penaliza enormemente el funcionamiento y la gestión de estas, por lo que cualquier incremento adicional de tasas comprometería su viabilidad económica", ha advertido el Foro Nuclear.