El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se han vuelto a sentar con sus respectivos equipos en san Telmo, sede del Gobierno andaluz. Es la tercera reunión en cinco meses y esta vez ha sido para paliar las consecuencias de la sequía y refrendar que el acuerdo sobre Doñana sigue su curso.

Sobre la mesa se han puesto todo tipo de medidas, incluso la posibilidad de que lleguen barcos de agua a la comunidad, con la colaboración administrativa y económica de ambas instituciones. Esta circunstancia sería in extremis y si no llueve hasta verano. 

Sólo el transporte, que lo asumiría la Junta, supondría una factura de 20 millones de euros, a razón de cinco millones al mes para la llegada de un buque diario a los puertos de Carboneras (Almería), Algeciras (Cádiz) y Málaga, durante la temporada de verano. Es decir, de junio a septiembre.

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El Gobierno central correría con el gasto del agua desalada que sería transportada hasta la comunidad, que alcanzarían entre los 60 y 70 céntimos de euros por metro cúbico. Estos barcos pueden tener una capacidad de hasta 100.000.

No obstante, la ministra no ha querido concretar la procedencia de la misma. Sí ha dicho que no sería de titularidad estatal -sería privada-, y que no está funcionando actualmente a pleno rendimiento. 

Además, ambos dirigentes han marcado un calendario de reuniones, de obras e inversiones, que tendrán que analizar para cada zona. El norte de la provincia de Córdoba y de Almería o la zona de la Axarquía de Málaga están viviendo una situación más grave.

Acuerdo por Doñana

Con el mismo espíritu que les llevó a un acuerdo para preservar el Parque Nacional de Doñana el pasado mes de noviembre, esta vez ambos dirigentes han mantenido un encuentro para abordar y enderezar la dura situación que está dejando la sequía pertinaz que Andalucía lleva cinco años sufriendo.

No obstante, también han analizado la viabilidad de ese plan del espacio natural y que esta semana se ha tambaleado por una modificación legislativa autonómica, que finalmente el Gobierno andaluz ha salvado tras otra reunión previa mantenida hace 24 horas.

Juanma Moreno ha destacado "el clima de entendimiento y de confianza" que también quieren generar a los ciudadanos afectados. El presidente ha asegurado que el plan tiene "un enorme vigor y es un éxito de la apuesta por el diálogo".

La polémica surgió tras denunciar el PSOE andaluz que uno de los artículos que modificaba la Ley de Forestal, a raíz de la entrada en vigor de ese cuarto decreto, permitía la conversión de terreno forestal en agrícola de unas 80 hectáreas en toda la comunidad.

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Concretamente, estaban ubicadas a la Vega de Granada y una mayor parte en la Corona Norte del parque. Esto último hizo saltar todas las alarmas, incluso que la ministra suspendiera una reunión técnica con los alcaldes y agricultores prevista para el pasado martes ante esta "legislación retroactiva" de la que acusaba a la Junta. No obstante, estos encuentros ya se han retomado con total normalidad.

"La polémica no ha durado 24 horas", le insistió esta mañana Juanma Moreno en la sesión de control del Parlamento andaluz al líder de la oposición, el socialista Juan Espadas. Es más, le reprochó que "quiera boicotear los acuerdos con el Gobierno de España" y que parece que "le molesta que el talante permita conseguir esos acuerdos, porque le dejan fuera de la foto".

Todo ello después de que consejeros de su gobierno tuvieran un encuentro telemático con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en el que acordaron reformar el artículo que modificaba la Ley de Forestal para que el plan de Doñana siguiera vigente.