El Consejo y el Parlamento Europeo han acordado retrasar dos años la aplicación de la normativa que obliga a presentar informes de sostenibilidad a determinados sectores y empresas de terceros países para facilitar su adaptación a los nuevos estándares.

El acuerdo, que debe ser formalmente adoptado por ambas instituciones, dará más tiempo a las empresas para prepararse para los Estándares Europeos de Información de Sostenibilidad (ESRS, por sus siglas en inglés) sectoriales y para estándares específicos para grandes empresas no pertenecientes a la UE. 

Se adoptarán en junio de 2026, dos años después de la fecha inicialmente prevista.

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La legislación de la UE exige que las empresas que cotizan en bolsa divulguen información sobre los riesgos y oportunidades que surgen de cuestiones sociales y medioambientales para ayudar a los inversores, la sociedad civil, los consumidores y otras partes interesadas a evaluar la sostenibilidad ecológica y social de sus actividades.

El 31 de julio de 2023, la Comisión Europea adoptó las primeras normas y estándares transversales para todos los temas de sostenibilidad para facilitar esta presentación de informes.

A estas deben seguirles normas sectoriales, normas para pequeñas y medianas empresas y normas para empresas de terceros países con un volumen de negocios de 150 millones de euros en la UE y que tengan al menos una filial o sucursal en la Unión.

Todas estas nuevas normas estaban previstas para el 30 de junio de 2024, pero la directiva acordada por los colegisladores pospone su adopción hasta el 30 de junio de 2026.

Esto permitirá a las empresas centrarse en la implementación del primer conjunto de ESRS y dará más tiempo para desarrollar estándares de sostenibilidad específicos del sector y de empresas de terceros países.

La fecha de solicitud para empresas de terceros países seguirá siendo el ejercicio 2028.

El acuerdo político respalda los objetivos de la propuesta de Bruselas, pero modifica la naturaleza jurídica del texto --de una decisión de la Comisión a una directiva-- para respetar la base jurídica.

También sugiere que la Comisión publique ocho normas de presentación de informes sectoriales tan pronto como estén listas antes de la nueva fecha límite del 30 de junio de 2026. Los Estados miembro no necesitarán transponer esta directiva, ya que las modificaciones específicas se refieren a la competencia para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión.

Fecha tope 2027

La "inmensa mayoría" de las empresas estarán obligadas a publicar sus informes de sostenibilidad, como tarde, en 2027, según ha advertido la abogada de Laboral de Grant Thornton, Marga Guitart.

La experta ha explicado que para 2025 tendrán que entregar sus informes de sostenibilidad las grandes empresas de interés público, de más de 500 empleados, ya sujetas a la directiva sobre información no financiera.

A su vez, en 2026 será el turno de las grandes compañías no sujetas a la directiva sobre información no financiera (de más de 250 empleados y/o una facturación de 50 millones de euros y/o 25 millones en activos totales).

Así, ya en 2027 será el turno para las pymes cotizadas, excepto las microempresas, las entidades de crédito pequeñas y no complejas, y las empresas de seguros cautivas.

En este sentido, Marga Guitart ha advertido sobre las distintas legislaciones que en términos de sostenibilidad afectan a las empresas, tanto a nivel internacional como europeo y nacional.

En concreto, ha destacado la Directiva Europea de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y el Reglamento sobre normas europeas de información sobre sostenibilidad (NEIS). Ambas legislaciones europeas pretenden "mejorar el reporte de sostenibilidad por parte de las empresas, mejorando su transparencia en lo relativo a su impacto social y ambiental".

En este escenario, asegura Marga Guitart, las empresas se enfrentan "a varias dificultades para integrar los ESG y los ODS en su estrategia corporativa debido a la falta de conocimiento, de capacidad y de recursos, la existencia de múltiples marcos y sobre todo el cambio en la cultura corporativa".

Asimismo, ha apuntado que "la falta de orientación es una dificultad añadida para las empresas, especialmente para las pymes". La experta también ha señalado que prevé nuevas legislaciones sobre transparencia salarial y ley de paridad o a raíz de la irrupción de la Inteligencia Artificial, que "tendrá un claro impacto en el ámbito laboral, particularmente en recursos humanos".

Sin embargo, la abogada ha defendido que "nada de todo esto será plenamente eficaz sin un cambio de cultura en el seno de la compañía, incluyendo a toda la plantilla, de las personas trabajadoras, los cargos ejecutivos y el consejo de administración".