Productores y distribuidores de carburantes y biocarburantes han instado al Gobierno a tomar medidas más contundentes y nuevas acciones para combatir y eliminar el fraude que afecta al sector en España. El propósito es recuperar la recaudación del IVA actualmente evadido, asegurar la seguridad en el suministro de combustibles y proteger a los consumidores.

En un comunicado conjunto, las asociaciones Aevecar, AOP, APPA, ATliq, Bio-e y UPI elogiaron las medidas recientemente incorporadas en el Real Decreto-Ley 8/2023 destinadas a combatir el fraude en la distribución de combustibles. Sin embargo, instaron al Gobierno a implementar medidas adicionales para abordar este problema significativo.

A finales del año pasado, el Gobierno incluyó varias reformas de la Ley de Hidrocarburos en un decreto ómnibus de medidas económicas para prevenir fraudes cometidos por algunos minoristas en la venta de carburantes.

[Vuelve la trama del dinero negro a las gasolineras: así esquivan el pago del IVA para vender más barato.]

A pesar de ello, los productores y distribuidores están trabajando en medidas adicionales para combatir el fraude, que planean presentar a la Administración.

Estas asociaciones, que representan a más de 800 empresas en toda la cadena de producción y distribución de carburantes y biocarburantes, recordaron que han denunciado repetidamente prácticas fraudulentas que incumplen obligaciones sectoriales y fiscales, generando problemas de competencia desleal y afectando a las arcas públicas y a los consumidores.

Las patronales apreciaron la prohibición del suministro entre distribuidores minoristas y mayoristas, ya que esta práctica facilitaba la creación de estructuras societarias fraudulentas.

Además, consideran positiva la posibilidad de inhabilitar de manera permanente a los operadores mayoristas que incurran en infracciones graves, aunque solicitan mejoras en los mecanismos de control y agilización de los procesos de inhabilitación.

Biocarburantes

También destacaron la importancia de acelerar la aprobación de la Orden ministerial que aumenta la periodicidad del control del cumplimiento de los objetivos de incorporación de biocarburantes en el transporte, y pidieron medidas para fortalecer el seguimiento y aumentar las penalizaciones para las empresas que no cumplan con los porcentajes mínimos de biocombustibles establecidos.

La exposición de motivos del Real Decreto-Ley señala que siete empresas dejaron de pagar al Estado 95 millones de euros solo en 2022 por este concepto.