En los últimos días del pasado diciembre, consiguió in extremis el apoyo de la mayoría parlamentaria para aprobar un real decreto-ley ómnibus con importantes medidas anticrisis. Entre ellas, se incluía la dilatación de hasta ocho años para obtener la Autorización Administrativa de Explotación.

"Eso ha permitido que hayan desaparecido las tensiones en la oferta y demanda para conseguir mano de obra, material y 'epecistas' que tenían que construir a contrarreloj los parques renovables", explican fuentes del sector fotovoltaico a EL ESPAÑOL-Invertia.

[Miedo en el sector fotovoltaico: hasta el 70% de los proyectos peligran por la falta de "EPCistas" y mano de obra]

El 25 de enero de este año (en dos días) se iba a acabar el plazo para que miles de proyectos eólicos y solares consiguieran la licencia de obra y después construirlo todo en año y medio.

Entre 50 GW y 60 GW (entre eólica y fotovoltaica) están en la carrera por finalizar su construcción. En su momento depositaron en el Ministerio para la Transición Ecológica altos avales a cambio de aceptar las reglas de juego, es decir, cumplir con una serie de plazos.

El problema entonces no estaba en la lentitud de la Administración pública, sino en que iban a faltar EPCistas (empresas que se encargan del diseño, suministro y construcción de una planta de energía renovable) y mano de obra cualificada.

La solución "al enorme cuello de botella para conseguir proveedores (de suministro de material, de construcción, grúas, transporte, mano de obra…) no ha sido la más apropiada", continúan las mismas fuentes. 

Una prórroga sin penalización

"No han penalizado al que no ha hecho los deberes a tiempo, y han traspasado los problemas de hoy a dentro de dos años. Y aunque es cierto que hasta esa fecha muchos se van a conectar a red, va a haber otra vez cuello de botella. Eso sin contar que no es justo para los que sí se han esforzado por llegar a tiempo", añaden las fuentes mencionadas.

Sin embargo, reconocen que "han caído las expectativas de encarecimiento de los costes de construcción de las plantas renovables, porque la presión de la demanda de proveedores ya no es la de los meses anteriores". "La mejor solución hubiera sido una intermedia entre mantener los hitos y prorrogarlos", señalan.

"Es decir, que sí, que se permitiera una prórroga para aquellos que lo necesitaran, pero con una penalización, por ejemplo, un mayor coste de los avales". 

En caso contrario, "se genera una sensación de que no es necesario cumplir con lo acordado, porque no pasa nada", aseguran. 

Finalizar en 2026

La propuesta de revisión del Plan Nacional de Energía y Clima 2030 (PNIEC), que se está evaluando en Europa y que se aprobará en este semestre, incrementa la ambición para descarbonizar basándose en una mayor penetración de renovables respecto del anterior Plan.

El Gobierno ha incrementado el objetivo eólico desde los 50 MW hasta los 62 GW, una subida del 23%, y de fotovoltaica de los 40 GW iniciales hasta los 57 GW (más 19 GW de autoconsumo).

En los próximos seis años, será necesario instalar 32 GW de eólica terrestre (actualmente hay algo más de 30 GW según datos de REE), o lo que es lo mismo, más de 6 GW anuales, y unos 32 GW fotovoltaicos (hay 25 GW instalados), si se quiere cumplir con los objetivos de 2030.

"En el caso de la eólica, en 2023 apenas se han instalado 600 MW de los 6.000 MW anuales, vamos lentos, y ahora con la nueva prórroga se ha creado la sensación de que hace falta apretar el ritmo", concluyen las fuentes.