El sector nuclear defiende que atrasar cuatro o cinco años el cierre de las centrales españolas sería suficiente para cubrir los "sobrecostes" del nuevo plan de gestión de residuos.

El Gobierno anunció hace menos de dos semanas la subida de casi un 40% de la tarifa que abonan los titulares de las centrales nucleares por la gestión de los desechos radiactivos. "Una decisión que se tomó sin comunicación previa al sector", según ha recalcado el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, en un encuentro con medios este martes.

La conocida como tasa Enresa pasaría de los 7,98 euros por MWh producido a los 11,14 euros. Actualmente, las centrales nucleares destinan cada año 450 millones de euros al fondo Enresa.

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Teniendo en cuenta que los sobrecostes del séptimo plan de residuos (7° PGRR) ascienden a 2.000 millones de euros, con cinco años más de operatividad las plantas nucleares aportarían al fondo 2.250 millones adicionales.

El aumento de la tasa responde a los principalmente a los costes extra que implica la decisión de distribuir los residuos en siete almacenes de depósito temporal (ADT) diferentes, frente a la idea inicial de elegir un único cementerio nuclear en Villar de Cañas (Cuenca).

Desde Foro Nuclear "no se entiende" que las nucleares tengan pagar por una decisión que es fruto de "una falta de consenso social y político".

En este sentido, el sector también ha señalado los impuestos ambientales de las comunidades autónomas, "tasas que ya abonamos al Ministerio de Transición Ecológica", o el impuesto sobre la producción de combustible, "cuyo fin era hacer frente a un déficit tarifario que ya no existe", son otras alternativas para cubrir el este sobrecoste.

Reclamación a Ribera

Foro Nuclear ha solicitado al Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) la documentación económico-financiera relativa al incremento de la tasa Enresa, según ha revelado Ignacio Araluce este martes.

Transición Ecológica hizo el proyecto de Real Decreto por el que se regula esta prestación patrimonial de carácter no tributario -que, por tanto, no es una tasa sino un coste operativo de las propias centrales-, cuya fase de alegaciones finalizaría el próximo viernes 2 febrero.

Desde la patronal han solicitado una ampliación del periodo de alegaciones con el objetivo de disponer previamente de la citada información económico-financiera.

Además, el Ejecutivo quiere aplicar el impacto de inflación real de los años 2021 a 2023 a los cálculos de financiación de la gestión de residuos, superiores a los que se calcularon en 2019, cuando se pactó el cierre nuclear.

Impacto inflacionario

"Aplicar aquí el dato de inflación media en España no tiene sentido", ha alegado Araluce. Según el presidente de la patronal, el impacto inflacionario en el hormigonado de un almacén individualizado o en las materias primas necesarias para estos contenedores es "muy inferior a la inflación media".

El sector nuclear ha reiterado su disposición a ampliar su vida útil. Desde la patronal recuerdan que los siete reactores nucleares españoles han generado más del 20% de la electricidad consumida en 2023 y han conseguido evitar unos 20 millones de toneladas de CO2.

Estas plantas han generado durante el pasado año 54.275,01 GWh, una cifra que representa el 20,34% del total de la producción eléctrica neta. Con una potencia instalada neta de 7.117 MW, tan solo el 5,71% del total, ha conseguido ser la segunda fuente de producción en España, según datos de Red Eléctrica analizados por Foro Nuclear.

La energía nuclear es la única tecnología que lleva doce años consecutivos produciendo más del 20% de la electricidad en España. Se trata, además, de la fuente que más horas equivalentes a plena potencia ha estado operativa, concretamente el 87,06% del total de las horas del año.

"El sistema eléctrico necesita contar con fuentes de base, estables y con una producción constante como la nuclear, que aporta estabilidad, robustez y potencia
firme al sistema", ha indicado Ignacio Araluce.