De las sentencias de arbitrajes internacionales que se han realizado, solamente el 6,7% están en situación de impago y España se ha subido a ese "carro" a raíz de sus incumplimientos con las empresas e inversores que se vieron afectados por la retirada retroactiva de las primas renovables.

El informe señala que el importe total de los laudos pendientes de pago por parte de España casi se ha duplicado hasta alcanzar al menos 1.200 millones de euros (excluyendo tipos de interés, honorarios de abogados y costas de arbitraje que España también ha sido condenada a pagar).

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Además, España ha incurrido en tipos de interés y honorarios legales por un total de 250 millones de euros, más unos 70 millones de euros en concepto de honorarios legales propios.

Además, se enfrenta a 51 reclamaciones del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), todas ellas relativas al sector de las energías renovables, y los daños reclamados suman casi 10.000 millones de euros, a los que también se suman los tipos de interés.

Pero no solo está España. Hay otros cuatro Estados miembros de la UE que también se sitúan entre los 20 primeros.

Estos son Italia, la República Checa, Croacia y Polonia, todos ellos negándose a pagar las sentencias adversas dictadas en su contra.

Más reacio a pagar

Nuestro país también ocupa el puesto número 1 de los demandados más reacios a pagar del mundo por su retraso en pagar estas indemnizaciones, igual que Venezuela y por delante de Rusia.

"Nuestro análisis ilustra que la mayoría de los laudos de arbitraje de diferencias inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) no pagados se relacionan con disputas que surgen del sector de energía renovable y dictadas bajo el TCE (Tribunal de Cuentas Europeo)", señala el informe. "La anunciada retirada común de la UE y sus Estados miembros del TCE no hará que los laudos finales y las disputas pendientes simplemente desaparezcan", aclara.

"El colapso del TCE arroja serias dudas sobre los objetivos declarados de la UE de liderar el mercado energético mundial, la transición según el Acuerdo de París y el Pacto Verde de la Unión Europea (UE), y también es digno de mención que los laudos resultantes de disputas en el sector energético de combustibles fósiles se resuelven con mucha más frecuencia que los laudos en materia de energías renovables", prosigue.

Dada la actitud antiarbitraje dentro de la UE, la ejecución de los laudos tiene cada vez más éxito fuera de ella, en particular, en Reino Unido, Australia y EEUU.

En el informe, España figura con 15 incumplimientos, pero "en los próximos meses podría sumar hasta 25 sentencias", señalan fuentes jurídicas implicadas en los casos. "Esto se debe a que, en esos diez casos que no se han contabilizado para el índice de Lavranos, la sentencia aún no es firme y está sujeta a algún tipo de apelación o intento de anulación por parte de España", apunta.

"Esto también significa que, a lo largo de 2024, es más que probable que muchos de estos procesos se zanjen definitivamente, situando a España ahora ya en solitario como el país con más incumplimientos", vaticina.