La presidencia española del Consejo de la Unión Europea y los negociadores de la Eurocámara han cerrado este jueves, tras una última maratón negociadora que se ha prolongado hasta la madrugada, un acuerdo final sobre el nuevo diseño del mercado eléctrico europeo. 

La reforma tiene como objetivo hacer que la factura de la luz dependa menos de los precios volátiles de los combustibles fósiles, proteger a los consumidores de los aumentos repentinos y brutales de precios como los sucedidos en 2022, acelerar el despliegue de energías renovables y mejorar la protección de los consumidores.

"Este acuerdo es una gran noticia, ya que nos ayudará a reducir aún más la dependencia de la UE del gas ruso e impulsar la energía libre de combustibles fósiles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero", ha celebrado la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, que ha conducido la recta final de las negociaciones en nombre de la presidencia española.

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"Gracias a este acuerdo, podremos estabilizar los mercados a largo plazo, acelerar el despliegue de fuentes de energía renovables y libres de combustibles fósiles, ofrecer electricidad más asequible a los ciudadanos de la UE y mejorar la competitividad industrial", sostiene Ribera.

Se trata de una reforma de mínimos centrada en incentivar los contratos a largo plazo. Un plan que está muy lejos de los cambios radicales que reclamaban España y Francia y que se alinea con los retoques limitados que defendían Alemania, Holanda o los nórdicos. 

El acuerdo no toca el actual sistema marginalista de fijación de precios, por el que es la tecnología más cara necesaria para cubrir la demanda (ahora mismo el gas) la que determina el precio de todas las demás (incluidas las renovables o la nuclear, cuyos costes son mucho más bajos).

Además, la UE ha descartado la propuesta de España de convertir en permanente el tope a los beneficios de las energías de bajo coste (renovables y nuclear) que la UE aprobó en septiembre de 2022 y que expiró el pasado mes de junio. En caso de una nueva crisis de precios, la única medida que podrán adoptar los Estados miembros es regular los precios minoristas para hogares y pymes.

Contratos a largo plazo

La solución aprobada por la UE consiste en completar el sistema vigente con nuevos incentivos para los contratos a largo plazo con proveedores de energías renovables y nuclear. De este modo, se espera reducir el impacto de los combustibles fósiles en la factura de la luz y se garantizará que el menor coste de las renovables se traslade a lo que pagan los consumidores finales, sostiene el Ejecutivo comunitario. 

Para las ayudas públicas a la inversión en renovables o nuclear, la reforma introduce como modelo (tras un periodo transitorio de dos años) los contratos por diferencias en el caso de nuevas instalaciones y también autoriza esta opción para plantas existentes pero con restricciones. Se trata de un contrato firmado entre un productor de electricidad y el Estado que fija, normalmente por subasta, un precio preestablecido para toda la duración de la inversión.

Después, el productor vende la energía en el mercado, pero si allí el precio supera al preestablecido en el CfD, el Estado se queda con este superávit. Los Estados miembros tendrán flexibilidad a la hora de usar estos ingresos, aunque el objetivo es que sirvan para reducir los costes de la electricidad. Al contrario, si el precio de mercado es inferior al del contrato, el Estado tendrá que compensar a la compañía. 

Protección de los consumidores

Este sistema permite a los productores recibir unos ingresos estables por su energía y al mismo tiempo introduce una limitación de beneficios cuando los precios de mercado son muy altos. Su efecto neto sería estabilizar los ingresos y los precios, a niveles cercanos a los costes de producción. 

Para las inversiones en renovables que no requieren ayudas públicas, la reforma pretende impulsar otra modalidad de contratos a largo plazo. Se trata de los contratos de compra de energía (o PPA, por sus siglas en inglés), firmados entre productores de energía y empresas. Los Estados miembros deberán impulsarlos eliminando barreras injustificadas y facilitando sistemas de garantía privados o respaldados por el Estado a precio de mercado.

Al margen del impulso a los contratos a largo plazo, la reforma refuerza los derechos de los consumidores. Las compañías eléctricas estarán obligadas a ofrecer contratos a precio fijo a sus clientes, y los Estados miembros deberán proteger de la desconexión a los consumidores vulnerables con pagos atrasados. La reforma consagra además el derecho de los particulares a compartir la energía que generen (por ejemplo con una instalación de paneles solares) con otros particulares, como sus vecinos.