Las palabras de Sánchez suponen un refrendo a la vicepresidenta tercera, cuya postura en esta cuestión está bastante alejada de la postura de la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. 

En los corrillos del Congreso durante la celebración del 45 aniversario de la Constitución, Díaz aseguraba que para ella "trabajar para mi país" pasa por asegurar una fiscalidad justa. Más en un momento en el que las grandes compañías energéticas están publicando beneficios extraordinarios por la subida de los precios de las materias primas. 

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Está por ver de qué manera se "modula" el impuesto a las energéticas, máxime porque es una cuestión que ya estaba en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar. Sin embargo, los socialistas parecen querer aliviar la presión fiscal sobre las grandes compañías para evitar que pueda pasar factura a las inversiones que se necesitan para acometer la transición energética. 

De hecho, el propio Sánchez reconocía en Antena 3 que "el Gobierno ya se está planteando el rediseño del impuesto a las eléctricas, porque hay proyectos industriales que necesitan una política energética que estimule la inversión".

Unas inversiones que estaban en entredicho tras la presión lanzada en las últimas semanas por grandes empresas como Repsol o Iberdrola. De hecho, en el mundo energético han acogido con satisfacción estas palabras, pues lo ven como un acercamiento a este sector clave en la transformación de la economía.

"Lo importante es el hecho y la visión industrial que traslada", señalan fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia. "Ya lo ha dicho Bruselas en un informe", señalan otras fuentes, que recuerdan que "la situación en los mercados energéticos es muy diferente de lo que era cuando el Reglamento del Consejo entró en vigor en octubre de 2022". 

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"La disminución de los precios de la energía a lo largo de 2023 y un entorno económico más incierto ha llevado a las empresas del sector a ver una disminución de sus beneficios en comparación con los excedentes extraordinarios de 2022", recuerdan otras fuentes consultadas por este diario. 

No sólo los costes energéticos son diferentes. También lo es la presión que el sector energético ha vertido en las últimas semanas sobre el Gobierno. La empresa más beligerante ha sido Repsol. Su presidente, Antonio Brufau, aseguraba hace unos días que si la situación se mantenía no descartaban llevarse inversiones en Hidrógeno verde a Francia y Portugal. 

El montante total de esos proyectos llegaba a los 1.500 millones de euros. Además, la energética había paralizado ya varios proyectos en nuestro país a la espera de que se aclarase el panorama fiscal. En total, Repsol estaba dispuesta a 'llevarse' de España unos 8.000 millones de euros. 

También Iberdrola ha sido muy beligerante en esta cuestión. El CEO en España, Mario Ruiz-Tagle, insistía en el Foro Cinco Días en que “pagamos más impuestos que el beneficio que tenemos. Las energéticas no solo pagamos impuestos sociales, pagamos también muchísimos otros. Tenemos que tener cuidado con convertir la transacción energética en una caja recaudadora".

Acuerdo de Coalición

De momento son sólo palabras. Ahora está por ver en qué se transforma y cómo evoluciona el impuesto a las energéticas. Fuentes de Hacienda explican a EL ESPAÑOL-Invertia que, por ahora, "no consta" que se vayan a hacer cambios. Por tanto, sea lo que sea que vaya a acometer el Gobierno no se hará a corto plazo.

Eso sí, no sería la primera vez que desde el Ejecutivo sorprenden con una estrategia fiscal urgente que no estaba en los planes del ministerio que lidera María Jesús Montero. 

De hecho, el cómo se estructure la transformación de la tasa será vital para evitar un enfrentamiento a mayores entre los socios de Gobierno. PSOE y Sumar firmaron en el acuerdo de legislatura de octubre pasado la prórroga de forma indefinida los gravámenes extraordinarios sobre la banca y sobre las empresas energéticas. También en noviembre, el Gobierno y Bildu sellaron la posibilidad de convertir el impuesto en permanente.

"No vamos a perder el impuesto a la banca y a las energéticas. Seguimos en una situación excepcional y no podemos permitirnos perderlos", dijo Díaz en el acto público que escenificó el Gobierno de coalición.

Bruselas, en contra

La Comisión Europea ha considerado que la disminución de los precios de la energía a lo largo de este año 2023, así como un entorno económico "más incierto y el aumento de los costes de capital" han llevado a las empresas de los sectores del petróleo, gas y carbón "a ver una disminución de sus beneficios en comparación con los excedentes de beneficios extraordinarios de 2022".

En el informe para analiza la intervención de emergencia, la Comisión subrayó que la evolución de los mercados de energía fósil muestra que la situación "es muy diferente" a la que era cuando entró en vigor la medida en octubre de 2022.

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"Como señala Bruselas, el reglamento de medidas de emergencia no incluía desde un principio a las eléctricas, pero el Gobierno lo aplicó a las eléctricas y sobre los ingresos, en contra del reglamento, que señalaba a los beneficios", señalan las mismas fuentes del sector.

En el documento, la Comisión Europea indicó que el repunte de los precios de la energía en 2022, tras el impacto por la guerra de Ucrania tras la invasión rusa, presentó un entorno empresarial "único y favorable" para las empresas de combustibles fósiles, "a pesar de la incertidumbre reinante".

Recursos en los tribunales

Aunque en los próximos meses el Gobierno decida suprimir este impuesto, el proceso judicial de los recursos presentados por todas las afectadas ante la Audiencia Nacional continuará adelante.

"Desde aelēc (la patronal que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP) consideramos que este gravamen es discriminatorio e injustificado", decían en febrero pasado en el comunicado en el que anunciaban que recurrían el impuesto. Y alegaban que era único en Europa, penalizaba los ingresos, era discriminatorio e incoherente desde el punto de vista fiscal.

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Petroleras y gasistas como Repsol, Cepsa, Galp y Naturgy también han presentado demandas correspondientes. El cambio de postura coincide en el tiempo con las declaraciones que han hecho tanto el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, como el presidente de la energética, Antonio Brufau.

"Es un impuesto discriminatorio, ilegal e inconstitucional. Hay negocios [de Repsol], como el de la química, que están pagando este impuesto y eso hace que tengan dificultades a la hora de competir en el mercado internacional", decía hace unas semanas Imaz.

"Condiciona nuestras inversiones futuras [en España]: antes de tomar una decisión de inversión, miraremos el entorno regulatorio. Seré claro, cristalino: si no vemos estabilidad, tomaremos decisiones", agregó.