Teresa Ribera renueva como vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica. El nuevo Gobierno de coalición de Pedro Sánchez la mantiene como el mayor bastión de las políticas climáticas.

Y es que la vicepresidenta (1969) acumula una larga trayectoria en los ámbitos de la energía, la sostenibilidad y el medioambiente. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, acumula cargos relacionados con la lucha contra el calentamiento global. 

Ha sido miembro del Consejo Asesor Global sobre el Clima del Foro Económico Mundial y del Consejo Global de Liderazgo de la Red Española para el Desarrollo sostenible (SDSN), presidenta de la Junta Asesora de la Iniciativa Momentum for Change del Secretariado de Cambio Climático de Naciones Unidas, y a partir de 1996 ocupó varios cargos para el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

[Boom de las renovables, guerra con las energéticas y decenas de leyes: balance de la política energética de Ribera]

En 2013, se trasladó a París como asesora del programa de Energía y Clima en el Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) y un año después se convertía en la directora de IDDRI, hasta 2018 cuando la llamó Pedro Sánchez, tras su exitosa moción de censura, para formar parte de su Gobierno. 

A favor de la amnistía

El perfil de Teresa Ribera está más enfocado a defender políticas verdes y promover la transición energética, con el foco en las renovables y en generar una nueva industria, el hidrógeno verde. Un vector energético que considera clave y que pretende que España sea líder mundial de producción y exportación. 

Sus declaraciones en torno a la amnistía que se va a conceder a los encausados por el 'proces' catalán son escasas. Cuando se ha pronunciado ha asegurado que aun reconociendo las "discrepancias con algunos interlocutores", valora la "firme voluntad de trabajar juntos".

De hecho, confía en que los acuerdos con los diferentes socios de investidura "permitan contar con un marco estable y comprometido socialmente con los españoles dentro del marco de la Constitución".

Balance de su gestión

En estos cinco años, Ribera ha tenido que hacer frente a la paralización de la economía con la pandemia, la invasión rusa en territorio europeo, la crisis energética y las políticas climáticas.

Antes de la Covid, el Gobierno se propuso pactar con las eléctricas un calendario de cierre de las centrales nucleares, que se selló en 2019, y eliminar el impuesto al sol, una medida que había taponado el autoconsumo en España.

También coincidió en fechas con el compromiso de los entonces 28 países de la Unión Europea de alcanzar en 2020 el 20% de energía procedente de tecnologías renovables en el consumo final bruto, cifra que se superó en 1,22 puntos.

Con la crisis energética, Europa inició un proceso de aceleración de las energías renovables, y en España Ribera aprobó un plan fiscal de reducción de las tarifas de luz y gas para consumidores domésticos. También, se puso en marcha el 'mecanismo ibérico' de tope al precio del gas en el mercado mayorista de electricidad y el 'impuestazo' a las energéticas.

Por último, Ribera ha sido la encargada de hacer numerosas hojas de ruta de las distintas tecnologías y sectores, como la del Autoconsumo, la del Almacenamiento o la del Hidrógeno Verde. Y una más genérica, que es el PNIEC (Plan Nacional de Energía y Clima) que ha sido actualizado este año y se está discutiendo en Bruselas hasta la primavera de 2024. Con el PNIEC se establecen los objetivos generales del escenario energético español en 2030.

Retos de su Ministerio

En la nueva etapa que se abre, Ribera tendrá que cerrar los flecos de la futura reforma del mercado eléctrico, una versión tan 'light' de la original que no tendrá que solventar muchos obstáculos para que se ponga en marcha. 

[El futuro mercado eléctrico europeo no toca lo esencial: el gas seguirá fijando precios con el mismo sistema marginalista]

También le tocará lidiar en la COP28 para que se alcancen acuerdos con trascendencia real en la economía global, y llevar a cabo un proceso de instalación de nuevos proyectos renovables a un ritmo constante pero buscando consensos con el medio rural.

Por último, se abre a partir de ahora la posibilidad de que España pueda contar con proyectos de eólica marina, se dispare el almacenamiento necesario para que las inversiones en renovables sigan siendo rentables y colocar a nuestro país en el liderazgo de la producción del hidrógeno verde.