Se calcula que hay cerca de 200.000 conexiones ilegales en todo el país y detrás de una parte de esos fraudes se esconden plantaciones de marihuana e incluso 'granjas' de criptomonedas.

El sistema eléctrico considera a estos consumos anuales de electricidad de manera ilegal como pérdidas de energía y se computa en el término coeficiente D (coeficiente de pérdidas) que aparece en la fórmula para calcular el precio de una tarifa indexada al mercado eléctrico. Aunque no solo afecta a los clientes con tarifa indexada, todos los suministros llevan asociados los costes de pérdidas.

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Este problema se puede encontrar en cualquier punto del territorio nacional, pero es una ilegalidad que tiene especial incidencia en determinadas zonas de Cataluña, el sur de Madrid, Sevilla o Granada.

Y hay dos formas de hacer trampas: manipulando el contador o 'tirando' cable de la línea de alta tensión o del alumbrado. Y en volumen de energía sustraída a la red, el mayor consumo suele asociarse a las plantaciones de marihuana o el minado de criptomonedas.

Pérdidas de energía

Los sistemas eléctricos nacionales suelen tener pérdidas de energía en la red por su camino desde la generación hasta el consumo final, y aquí se consideran como tal las pérdidas técnicas y las no técnicas.

Las primeras se explican con el "efecto Joule". La energía transportada por la corriente a través de los cables eléctricos de transporte y distribución se pierde por efecto de la energía cinética generada por el movimiento de los electrones en su circulación por el interior del propio conductor.

También se pierde energía durante el tránsito por las máquinas que se emplean en el recorrido como subestaciones, centros de transformación y otros sistemas.

Y las no técnicas son los enganches ilegales. La suma de todas ellas supone un gasto económico que se tiene que pagar de alguna manera y por eso, se cobra a través de un concepto regulado a los clientes del sistema, en base al coeficiente porcentual de pérdidas calculado para el sistema.

Problemas en la red

Las pérdidas medidas en un momento concreto suelen ser del 5%, así que los clientes suelen asumir el pago de un 5% adicional en factura para compensarlas, según expertos en el sector eléctrico.

Así que esta práctica tiene efectos negativos en las facturas de otros consumidores y en la recaudación fiscal del Estado, además de fomentar la competencia desleal y poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos cercanos a esos enganches.

Tanto Naturgy como Endesa, en su papel de distribuidores de red en zonas con especial incidencia de enganches ilegales -en Madrid la primera y en Cataluña y Andalucía la segunda- han recordado en numerosas ocasiones que se trata de un problema de salud pública pero también de seguridad.

Según Endesa, a Grosso modo, en concreto el consumo ilegal de energía dedicado a alimentar plantaciones de marihuana a lo largo del año en toda España es equivalente al que tienen unos 630.000 hogares, es decir, algo parecido a lo que sería una ciudad como Sevilla, por ejemplo.

Los enganches ilegales de luz están tipificados como delito en el artículo 255 del Código Penal. Cualquier persona que crea que puede estar sucediendo, sólo debe ponerse en contacto con la Policía para iniciar una investigación.

La sanción por enganche ilegal de luz puede ir asociada a meses de prisión si se comete un fraude por valor superior a 400 euros, y la sanción económica va desde los 1.000 a los 2.000 euros. Si no se puede saber la cifra defraudada, la ley dice que la cantidad a facturar corresponderá al 100% de la potencia eléctrica contratada durante 6 horas al día en el último año.