El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha avalado este jueves el impuesto español que grava el carbón destinado a la producción de electricidad por considerar que se ajusta a la legislación comunitaria sobre fiscalidad energética. El gravamen había sido recurrido por Endesa, que pidió a la Audiencia Nacional que presentara una cuestión prejudicial a la justicia europea.

El litigio tiene su origen en una inspección fiscal relativa al ejercicio 2013 referida a la central térmica de Litoral de Almería, que pertenece a Endesa. A raíz de ésta, la inspección tributaria consideró que el carbón adquirido por Endesa debía quedar gravado, puesto que estaba destinado a su consumo para la producción de electricidad, y dictó un acuerdo de liquidación exigiendo a esa sociedad una cuota tributaria incrementada, más los intereses de demora por las cantidades dejadas de ingresar.

Endesa recurrió esta decisión hasta llegar a la Audiencia Nacional y esgrimió entre sus argumentos la no conformidad de este impuesto al carbón con el derecho de la Unión Europea. La Audiencia Nacional suspendió el procedimiento y preguntó al TJUE, entre otras cosas, si es legal que la recaudación del gravamen se destine a financiar los costes del sistema eléctrico pese a proclamar que su objetivo es proteger el medioambiente.

En su fallo de este jueves, los jueces europeos responden que la directiva sobre fiscalidad de la energía "no exige necesariamente un vínculo directo entre el uso de los ingresos y la finalidad de la imposición en cuestión".

El TJUE señala que en la medida en que lo recaudado mediante este impuesto se destine a fines relacionados con la mejora del sistema eléctrico para poder alcanzar los objetivos medioambientales de la UE (incluida la reducción de emisiones y la neutralidad climática), "esos elementos pueden confirmar que el gravamen persigue efectivamente un objetivo de protección del medioambiente".

La justicia europea considera además que el impuesto al carbón genera un "doble dividendo". Por un lado, puede generar elevados ingresos presupuestarios, pero además tiene un "impacto sobre el comportamiento" ya que incentiva la reducción del uso del carbón en la producción de electricidad.