El ponente de la Eurocámara para la reforma del mercado eléctrico de la UE, el eurodiputado del PSOE Nicolás González Casares, plantea hacer permanente el tope a los beneficios de las energías de bajo coste (renovables y nuclear) que se aprobó el pasado septiembre para responder a la crisis del gas y que en principio expira al final de 2023.

Las propuestas de González Casares todavía tienen que negociarse con el resto de grupos políticos, por lo que todavía podrían cambiar mucho. La posición del Parlamento Europeo sobre la reforma eléctrica se votará en julio en el comité de Industria y en septiembre en el pleno. A partir de ese momento, la Eurocámara y los Gobiernos de los 27 (que todavía están muy lejos de un acuerdo) tendrán que pactar un texto definitivo. 

En su informe de enmiendas, el eurodiputado del PSOE considera que la reforma del mercado eléctrico que planteó la Comisión de Ursula von der Leyen en marzo "es insuficiente" para lograr el objetivo de rebajar la factura y acabar con la volatilidad de precios.

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González Casares ve "positivo" que Bruselas introduzca medidas específicas para situaciones de crisis, como la posibilidad de tarifas reguladas incluso con precios por debajo del coste. Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo comunitario no detalla cómo financiarlas, lo que a su juicio deja a los países con poco espacio presupuestario en una situación de desventaja.

Por todo ello, el ponente de la Eurocámara pide hacer permanente el tope a los beneficios de las energías de bajo coste y destinar los ingresos generados con esta medida a financiar las tarifas reguladas y otras medidas de intervención en caso de crisis.

El ponente de la Eurocámara para la reforma eléctrica, Nicolás González Casares Parlamento Europeo

Al igual que ha propuesto la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, González Casares reclama dar más importancia al almacenamiento de energía y "europeizar" los mecanismos de capacidad, muy cuestionados en Bruselas. Se trata de las remuneraciones que los Estados miembros conceden a operadores de electricidad para que estén disponibles en caso de necesidad con el objetivo de garantizar la seguridad de suministro.

Finalmente, González Casares pide aprovechar la reforma del mercado eléctrico para reforzar los derechos de los ciudadanos. En particular, se trataría de introducir la obligación para los Estados miembros de prohibir la desconexión de los clientes vulnerables, incluyendo los que sufren pobreza energética, y de garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir suministro eléctrico para cubrir sus necesidades básicas.