Los ministros de Energía de los Veintisiete han alcanzado este lunes un acuerdo de mínimos para fijar un tope al precio del gas importado de 180 euros por megavatio hora (MWh). Se trata del último paso en la intervención del mercado energético que ha puesto en marcha la Unión Europea desde el verano con el fin de hacer frente a la subida desorbitada del precio del gas debida al chantaje de Rusia.

Al final, Holanda y Austria se han abstenido, mientras que Hungría ha votado en contra. El resto de Estados miembros (entre ellos Alemania) han apoyado el acuerdo, que requería una mayoría cualificada para salir adelante. El precio máximo se aplicará a partir del 15 de febrero de 2022 y tiene una duración de un año.

El pacto representa una solución de compromiso entre dos bandos con posiciones irreconciliables, que se mantienen hasta hoy. Por un lado, un grupo de 15 Estados miembros (liderado por España, Francia, Italia y Polonia) reclaman desde hace meses topar el precio del gas importado como receta imprescindible para rebajar de inmediato la factura de la luz sin coste presupuestario.

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En el extremo contrario, Alemania y Holanda (con el apoyo de Austria, Dinamarca, Luxemburgo y Estonia) sostienen que el tope al precio de gas provocará todo lo contrario de lo que pretende. A su juicio, el peligro más importante es la seguridad de suministro, ya que los productores de gas natural licuado (GNL) pueden desviar los buques metaneros a los países que paguen más, como China o los asiáticos. Los operadores subirán el precio para incorporar este riesgo. El tope también representa una amenaza para la estabilidad financiera, según estos países.

Al final, el 'mecanismo de corrección del mercado' aprobado (ese es su nombre en jerga bruselense) sólo se activará en caso de picos extraordinarios de precios, como los que se registraron en Europa en agosto de 2022, cuando el gas marcó un máximo histórico de casi 320 euros/MWh. 

Pero en ningún caso puede considerarse una solución estructural para rebajar la factura, como habían imaginado Italia, Polonia o España. De hecho, el gas ha cotizado en los últimos días a alrededor de 130 euros de media en el mercado TTF holandés.

Doble llave

Además, Alemania y Holanda han incorporado al reglamento un gran número de salvaguardas (tanto con carácter previo como a posteriori), cuyo objetivo es dificultar al máximo la activación del tope al gas y facilitar su suspensión automática inmediata en caso de problemas de suministro.

De hecho, el tope al gas aprobado por la UE funciona con una doble llave de seguridad. Para activarse, el precio debe superar los 180 euros/MWh durante tres días seguidos. El tope es el típico compromiso bruselense: entre los 275 euros que propuso originalmente Bruselas (con la connivencia de Alemania) y los 160 euros que querían Italia, Polonia o Bélgica. 

Pero además, la activación requiere un diferencial medio de 35 euros respecto al mercado internacional del gas natural licuado (casi la mitad de los 58 euros que había planteado inicialmente la Comisión Europea). Es decir, que los precios en Europa sean como mínimo 35 euros más altos que en el resto del mundo. Se trata así de evitar que los buques metaneros se desvíen de la UE hacia Asia. Eso significa que, en la práctica, el precio final pagado podría superar los 180 euros/MWh una vez aplicado el diferencial.

En cuanto a su ámbito de aplicación, el tope al gas se aplicará en el principal mercado europeo (el TTF holandés) y otros hubs regionales para los contratos a un mes, a tres meses y a un año. Pero no incluye el comercio al contado (OTC), en el que se negocian y firman contratos bilaterales individuales al margen de cualquier mercado, como pedía España. Una vez activado, el tope estará en vigor un mínimo de 20 días.

La aprobación del tope al gas ha permitido desbloquear otros dos reglamentos energéticos que España y sus aliados habían bloqueado como medida de presión para convencer a Alemania y Holanda.

Compras conjuntas

Por un lado, la norma para facilitar las compras conjuntas de gas, cuyo objetivo es facilitar que la UE tenga mayor poder de negociación en los mercados mundiales y evitar que los Estados miembros compitan entre sí. Una propuesta que planteó por primera vez el Gobierno de Pedro Sánchez hace un año imitando el éxito de las vacunas contra la covid.

De acuerdo con este reglamento, la UE contratará a un proveedor de servicios para calcular la demanda agregada y buscar ofertas en los mercados mundiales a fin de satisfacer la demanda total.

Los Estados miembros exigirán a las empresas nacionales que utilicen el proveedor de servicios para comprar volúmenes de gas equivalentes al 15 % de sus respectivas obligaciones de llenado de las instalaciones de almacenamiento de gas correspondientes a 2023 (alrededor de 13.500 millones de metros cúbicos para el conjunto de la UE). Por encima del 15%, la agregación será voluntaria, pero se basará en el mismo mecanismo.

Los Estados miembros han declarado explícitamente que el gas ruso quedará excluido de la compra conjunta.

Los ministros de Energía han aprobado también el reglamento para acelerar la concesión de permisos a las plantas de renovables. Según esta norma, se presumirá que la planificación, construcción y explotación de centrales e instalaciones para la producción de energía renovable son de interés público superior. Esto permitirá que tales proyectos se beneficien de una evaluación simplificada de una serie de obligaciones medioambientales que se contemplan en las normas de la UE.