Los negociadores de la Eurocámara y de los Gobiernos de los 27 han alcanzado este martes un acuerdo final sobre el reglamento para crear una tasa al CO2 en frontera (CBAM, por sus siglas en inglés). Una iniciativa cuyo objetivo principal es evitar la deslocalización de empresas europeas a países con reglas medioambientales menos exigentes.

"Este mecanismo es una pieza clave de nuestra acción climática. Promoverá la importación a la UE por parte de empresas extracomunitarias de productos que respeten los altos estándares climáticos aplicables en los Estados miembros. Eso garantizará un tratamiento en igualdad de condiciones de estas importaciones y se ha diseñado para animar a nuestros socios en el resto del mundo a unirse a los esfuerzos climáticos de la UE", ha dicho el ministro checo de Industria, Josef Síkela, cuyo país ocupa la presidencia de turno de la UE.

De hecho, Europa es la primera región del mundo en aprobar un mecanismo de este tipo, que constituye una de las piezas centrales de la estrategia de Bruselas para acelerar la lucha contra el cambio climático. En una primera fase, la tasa al CO2 se aplicará a un número muy limitado de sectores altamente contaminantes: cemento, hierro y acero, aluminio, fertilizantes, hidrógeno y electricidad. Rusia, China o Turquía serán los países más perjudicados, según el análisis de impacto.

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"La CBAM será un pilar crucial de las políticas climáticas europeas. Es uno de los únicos mecanismos que tenemos para incentivar a nuestros socios comerciales a descarbonizar su industria manufacturera. Además de esto, es una alternativa a nuestras actuales medidas para frenar la fuga de carbono, lo que nos permitirá aplicar el principio de quien contamina paga a nuestra propia industria. Una situación en la que todo el mundo gana", sostiene el negociador de la Eurocámara, el socialista holandés Mohammed Chahim.

La tasa al CO2 se basará en el sistema europeo de comercio de emisiones. Los importadores que quieran vender en la UE tendrán que pagar el precio del carbono que emiten al fabricar sus productos según la cotización en Europa. Si pueden demostrar que ya han abonado parte o todo el precio en su país de origen, se les descontará de la factura.

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El nuevo sistema se introducirá de forma progresiva. Durante la etapa de transición, a partir de 2023, los importadores, a modo de preparación, estarán obligados únicamente a informar del CO2 que emiten para fabricar sus productos. En una segunda fase, ya tendrán que empezar a pagar. En paralelo, se suprimirán paulatinamente los permisos de emisión gratuitos de los que gozan ahora los sectores afectados en la UE.

La propuesta original de la Comisión se presentó en julio de 2021. El acuerdo de este martes tiene que ser avalado tanto por el pleno del Parlamento Europeo como por los Gobiernos de los Veintisiete. Está supeditado a que en los próximos días se cierre también un pacto sobre la reforma del mercado europeo de emisiones de CO2.