Primero la pandemia y ahora la crisis energética. El riesgo a la exclusión social o a no poder hacer frente a las facturas de la luz y del gas podría crecer si se cumplen los pronósticos para este invierno. 

Según una encuesta realizada por Worldenergytrade, un 74% de los estrategas de renta variable, gestores de carteras e inversores minoristas consideran que los precios de la electricidad y el gas natural son los que más impulsarán la inflación mundial este año, especialmente si Rusia sigue interrumpiendo el suministro de gas por gasoducto a Europa este otoño e invierno.

La referencia para los contratos de electricidad que se negocian en España de cara a todo 2023 (YR-23) se dispara hasta los 200 euros por MWh de media en el año completo, según los datos del Operador del Mercado Ibérico (OMIP). 

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Y en el MIBGAS (mercado ibérico del gas), los precios del mercado de futuros para 2023 llegan hasta los 180,59 euros/MWh. Una cota que supera incluso al último trimestre de este año, con 177 euros/MWh.

Esto tendrá un efecto directo sobre los gastos de los hogares. Y, especialmente, en las familias más vulnerables, que tendrán aún más dificultades para calentar su casa este invierno o encender la luz.

Bono social eléctrico y de gas

Entre un 9,6% y un 16% de los hogares españoles se encuentran en situación de pobreza energética, según el Ministerio para la Transición Ecológica, con datos de diciembre de 2020, lo que supone un aumento del 22% con respecto al año anterior. 

Si el precio medio de una factura eléctrica PVPC, o tarifa regulada, en 2021 fue de 79 euros, en lo que va de 2022 ya ha escalado hasta los 118 euros, lo que significa un encarecimiento del 49%, según cifras de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios).

Esto puede dar una idea de cuánto podría aumentar el porcentaje de familias en riesgo de sufrir pobreza energética. Más aún, si la crisis energética deriva en una recesión, como se baraja entre algunas casas de análisis.

Cruz Roja asegura que hasta un 75% de las familias vulnerables afirman no poder mantener la temperatura adecuada en su vivienda, especialmente en invierno: un 23% de estas familias aseguran no disponer de calefacción frente al 10% que fija el Gobierno como tope para el conjunto de la población nacional.

Imagen de una factura de luz. Efe Efe

La zona climática con un mayor número de familias que afirman no poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada en verano y/o en invierno es la Atlántica o, lo que es lo mismo, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco (82%), seguida por la Continental (76%) y, por último, la Mediterránea (72%). 

Desde junio de 2022, el Gobierno prorrogó hasta diciembre y amplió lo que se llama el 'escudo social'. Unas medidas especiales para ayudar a las personas más vulnerables que evitan los desahucios y garantizan los suministros básicos de energía, con acceso al bono social eléctrico, y que suponen descuentos desde el 25% hasta el total del consumo en función del nivel de ingresos.

Lo pueden solicitar todos aquellos que cumplan con los requisitos económicos marcados por el IPREM, es decir, que sus ingresos anuales no superen los 8.106,28 euros, pero el baremo cambia si son parejas sin hijos, una familia con un menor en casa, con dos menores o familias numerosas. Independientemente de la renta, se incluye a los pensionistas con prestaciones mínimas.

También existe el bono social térmico, una ayuda económica directa, complementaria al bono social eléctrico, destinada a las personas más vulnerables para compensar los gastos que ocasiona el uso de la calefacción, el agua caliente o la cocina. 

Ayudas de la UE

Ya en 2019, la población española sufrió un shock sin precedentes como consecuencia de la parada de la actividad económica y el empleo. Así aparece en el informe 'Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España', de Cáritas y la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada).

Y no solo es un problema en España, pues la crisis energética también preocupa en toda la Unión Europea. Por eso, en julio pasado la Comisión Europea presentó un amplio arsenal de medidas, entre las que se incluye un fondo para combatir la pobreza energética.

[Nuevas tasas y un fondo para la pobreza energética: el arsenal de la UE contra el cambio climático]

Con la recaudación obtenida con el nuevo régimen de comercio de emisiones para transportes y edificios, la Comisión pondrá en marcha este mecanismo.

El equipo de Von der Leyen pretende evitar así que surja a escala europea un movimiento como el de los "chalecos amarillos" en Francia, que en su origen protestaban contra el alza de los precios de los combustibles. El nuevo fondo funcionará de forma parecida a los fondos Next Generation: los Estados miembros deben presentar planes a Bruselas en los que expliquen cómo usarán el dinero para apoyar a los hogares más vulnerables.