El Gobierno está dispuesto a dar la batalla para evitar que España tenga que recortar el 15% el consumo de gas de aquí a marzo tal y como pretende la Comisión Europea. El objetivo que persigue Pedro Sánchez es lograr ‘recortes cero’ para nuestro país, y que el gran ajuste lo hagan aquellos Estados que no han hecho los deberes en materia de almacenamiento gasista y de transición a las renovables. 

Una posición que ha sido muy bien acogida en algunas partes del sector energético que considera que el Gobierno debe partirse la cara en Bruselas para evitar lo que puede ser una medida “irracional”, “injusta” y que no va a ayudar a que la aportación de España a la crisis del gas provocada por Vladímir Putin sea mayor. 

El primer argumento que se pone encima de la mesa para este órdago del Gobierno lo señalaba la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera: “Nosotros no hemos consumido por encima de nuestras posibilidades y hemos hecho los deberes”, decía en referencia al argumento que daban los países frugales de Europa cuando el Sur reclamaba ayuda en la crisis financiera. 

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Se refería Ribera a la capacidad de almacenamiento de gas que hay en nuestro país, que supone el 30% de toda la Unión Europea; pero también a la capacidad de regasificación que es el 25% de la que tienen los 27. Si a eso le sumamos que nuestras reservas de cara al invierno alcanzan ahora mismo el 80% frente al 50% del conjunto de los socios comunitarios se puede decir que afrontamos el futuro en buenas condiciones. 

Esto no significa que España no quiera ser solidaria. Todo lo contrario. El Gobierno admite que es necesario ayudar a los socios comunitarios que requieran gas durante el invierno. Alemania es, quizá, el más vulnerable por su exposición a Rusia; pero hay otros Estados que también pueden pedir ayuda. Sin embargo, el Ejecutivo cree que la solidaridad no se expresa sólo mediante los recortes al consumo de gas. 

Se insiste una y otra vez en que España contribuirá en lo que sea necesario, pero también en que nuestra capacidad de exportación es limitada. Dos gasoductos a través de los Pirineos que algún mes ya ha estado al 100% de su capacidad, pero que en este momento todavía tienen margen de bombeo.

Además, se ha instaurado un puente virtual entre España e Italia para enviar a Gas Natural Licuado (GNL) a través de pequeños metaneros. También se va a poner en marcha la regasificadora de El Musel, en Asturias, que se va a destinar exclusivamente a enviar gas a través de barco a la Unión Europea.

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Hablamos en total de unos 64bcm a través de barcos y otros 7bcm por el tubo de los Pirineos al año. Esa es toda la capacidad que tiene en estos momentos nuestro país, dado que las interconexiones con Francia no se han desarrollado y el Midcat ha estado en punto muerto hasta la Guerra de Ucrania y todavía no se sabe cuándo arrancará. 

Es por ello por lo que, desde el Ejecutivo, se considera que con las reservas actuales y el gas que llega a España a través de buques y gasoductos desde Argelia el suministro a hogares, industrias y socios europeos está más que garantizado sin hacer ajustes adicionales en el consumo. 

Corte a empresas

Por tanto, la pregunta que se hacen en el Gobierno es “por qué se necesita infligir un castigo mayor a nuestras fábricas” si no es necesario.

El objetivo es evitar tener que recurrir a las grandes empresas como la única opción de ahorrar gas de forma masiva. ¿De qué manera? Forzando su cierre durante determinadas horas para que reduzcan el consumo. Todo ello al margen de los ahorros que se consigan con la transformación a otras energías de aquellas empresas que se lo puedan permitir. 

Estos serán los argumentos principales que el Ejecutivo quiere plantear a Bruselas para exigir que los recortes no sean lineales. Muestra de que consideran que tienen razón en Moncloa se pone como ejemplo un informe reciente del think tank Bruegel que tiene un gran predicamento entre las instituciones europeas. 

Ese documento coincide en la necesidad de que Europa recorte un 15% su consumo de gas respecto a la media de 2019 a 2021 para evitar problemas durante el invierno. ¿Por qué? Porque la capacidad de sustitución de gas ruso por GNL ha llegado a su tope en el conjunto de la UE; por tanto, toca apretarse el cinturón en los próximos meses para evitar agonías futuras. 

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Según los cálculos de este organismo, España, Francia y Portugal no tienen necesidad de hacer ningún tipo de recorte para pasar el invierno. Recuerdan además que estos tres países “están aislados del mercado europeo por las limitadas conexiones entre España y Francia y de Francia con el norte y el este” de la Unión Europea. 

Por el contrario, Alemania ya ha llevado a cabo un recorte del 3% de la demanda este año, pero para pasar sin problemas el invierno necesitaría rebajar hasta un 29%; mientras que otros países como Grecia requerirían bajar su consumo un 49% respecto a la media entre 2019 y 2021. La peor situación es la de los países bálticos que necesitarían un ajuste de más de la mitad de su demanda, aunque ya han recortado más de un 35%.

De momento el órdago está lanzado. La partida ha comenzado, y ahora está por ver cómo es recibido en las instituciones europeas y cómo lo ven los socios comunitarios. El objetivo es reducción cero en España, y el Gobierno está decidido. A partir de ahora toca negociar, otra de las cuestiones que el Ejecutivo ha echado en falta por parte de la Comisión Europea.