El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha desvelado a qué empresas se les va a gravar con un nuevo impuesto temporal. Se barajaba extender la subida fiscal (además de a las eléctricas) a petrolíferas y gasísticas, y ahora se conoce el baremo: las que facturen más de 1.000 millones de euros al año. Una cifra que deja fuera solo a Enagás y a Solaria de las cotizadas en el Ibex Energía, y que incluye a Cepsa.

Y Enagás se salva por muy poco. La facturación del grupo descendió en 2021 un 8,6%, hasta 991,2 millones de euros por el cambio retributivo del marco 2021-2026. Esos escasos 8 millones le han evitado incorporar esta nueva tasa. Caso aparte es el de Solaria con una facturación de poco más de 36 millones.

Es decir, Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Redeia (antes REE), Acciona Energía y Cepsa (que no cotiza) sí estarían en el radio de acción de la nueva fiscalidad que gravará sus beneficios. Pero otras compañías del sector también podrían incluirse en la lista, porque al no cotizar en bolsa, se desconocen sus resultados públicamente. 

Aelec, la patronal que representa a las grandes eléctricas, ha señalado que "vamos a esperar a tener más información y detalles antes de realizar una valoración. Desde el verano pasado, se han implementado numerosas medidas en el mercado eléctrico para reducir la factura. No solo no hay beneficios extraordinarios, además la crisis actual está reduciendo los resultados de las empresas eléctricas".

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Facturación de las eléctricas

En el caso de Iberdrola, en 2021 obtuvo unos ingresos totales de 39.113,5 millones de euros (un 18% superiores a los de 2020), con un margen bruto de 17.061,7 millones, y un beneficio neto de 3.884,8 millones de euros.

Endesa, por su parte, entre ventas de electricidad (14.423 millones), de gas (2.898 millones), ingresos regulados de distribución de electricidad (2.059 millones) y otras ventas y prestación de servicios (1.077 millones), sus ingresos ascendieron a 20.457 millones.

Para Naturgy, la facturación se disparó en 2021 hasta los 22.130 millones de euros, un 44,2% más que en 2020, “con un impacto especialmente positivo en las actividades de gestión de energía”, tal y como reconocía la empresa en la nota remitida al regulador del pasado febrero.

Otras energéticas

Se incorpora a la nueva fiscalidad 'temporal' por la crisis energética, Repsol. La compañía multienergética que preside Antonio Brufau y dirige Josu Jon Imaz elevó su facturación un 50% respecto a 2020, hasta los 49.480 millones de euros.

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La otra gran petrolera española, Cepsa, consiguió en 2021 unas ventas de 13.145 millones de euros, situándose otro año más como la primera empresa en Andalucía por volumen de facturación. 

La facturación del operador y transportista del sistema eléctrico español, Redeia (antes Grupo Red Eléctrica de España - REE) se situó el año pasado en 1.982 millones, un 1,6% menos que en 2020, pero tanto su rama de satélites (+18,7%) como su filial brasileña Argo mejoraron claramente su aportación. 

En 2021, los ingresos totales de Acciona Energía ascendieron a los 2.472 millones (+39,8%) como consecuencia del crecimiento en EEUU (+105%), España (+49,9%) y Chile (+49,2%).

En vigor en 2023

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha informado de que este impuesto se registrará en una proposición de ley por parte del PSOE y Unidas Podemos para poder estar en vigor en 2023.

El impuesto a las grandes energéticas se aplicará durante dos años sobre los beneficios registrados en 2022 y 2023, con el objetivo de recaudar 2.000 millones de euros cada ejercicio.

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La ministra de Hacienda ha justificado la vía de la proposición de ley en el Congreso, a través de los grupos parlamentarios que respaldan al Gobierno, porque es "el instrumento jurídico más ágil" para conseguir su aprobación antes de final de año.

También ha explicado que se tramitará "en paralelo" a los nuevos Presupuestos Generales del Estado -no se puede crear por decreto ley ni a través de las cuentas públicas- y ha dicho estar "convencida" de que contará con el apoyo de los socios que han respaldado las "medidas progresistas" del Gobierno.

Impacto en las energéticas

"Si el Gobierno español aumenta los impuestos a las empresas de servicios públicos, los beneficios de las compañías se verán impactados. No obstante, en el caso de Iberdrola y Endesa, podemos esperar que el efecto sea más moderado dada su diversificación geográfica", ha dicho Anne Grammatico, analista de Scope Ratings.

Dicho esto, "cualquier subida de impuestos y la falta de previsibilidad de la política fiscal del Gobierno español corren el riesgo de comprometer el calendario y el volumen de inversión de capital de las empresas, que es vital para la transición de España hacia un futuro con menos emisiones de carbono".

"Con menos beneficios retenidos por el impuesto, las empresas de servicios públicos podrían pedir más préstamos para seguir invirtiendo, lo que provocaría un deterioro de su nivel de apalancamiento".

La experta de Scope Ratings ha añadido que "cabe recordar que, en septiembre de 2021, el Gobierno español dijo que aplicaría un impuesto extraordinario durante seis meses a los operadores de electricidad con el fin de recaudar fondos para subvencionar a los consumidores finales en respuesta a la subida de los precios de la electricidad en el mercado minorista".

"Sin embargo, el Gobierno se retractó al mes siguiente tras las quejas de las compañías españolas".

"Uno de los factores que influyó en la marcha atrás del Ejecutivo español fue que los Estados miembros de la UE no habían aplicado impuestos similares. En ese momento, Iberdrola estimó que el coste de esa medida rondaría los 2.000 millones de euros al año. En su informe correspondiente a los nueve primeros meses de 2021, Iberdrola declaró que el impacto fiscal de la aplicación de este impuesto durante dos semanas fue de 85 millones de euros".