La enésima reunión de ministros de Energía de los 27 celebrada este jueves en busca de una respuesta común para frenar la subida imparable de la luz ha vuelto a acabar en fracaso. El choque entre los bandos liderados por Alemania y España impide a la Unión Europea adoptar medidas concretas que permitan amortiguar el encarecimiento de la factura eléctrica. El próximo debate está previsto en la cumbre de líderes europeos que se celebrará el 16 y 17 de diciembre en Bruselas, pero tampoco allí se esperan soluciones.

El enfrentamiento entre las dos facciones se ha escenificado este jueves con una guerra de declaraciones cruzadas. Por un lado, Berlín ha promovido un manifiesto conjunto con otros 8 países (Austria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Letonia y Holanda) en el que rechaza cualquier reforma en el sistema europeo de fijación de precios de la luz, como pide la vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Estos países sostienen que las propuestas españolas pondrían en riesgo la seguridad de suministro, aumentarían el coste de integración de las renovables y fragmentarían el mercado eléctrico europeo.

España, Francia e Italia han contraatacado con otra declaración en la que vuelven a exigir a la UE medidas para limitar la subida de precios. "Debemos garantizar que los consumidores de energía eléctrica compartan plenamente los beneficios de las tecnologías de emisiones cero a partir de ahora mismo, evitando la volatilidad excesiva de los mercados de gas natural", reza el texto, que también ha sido suscrito por Grecia y Rumanía.

El bando de España suma el 45,8% de la población de la UE, mientras que el frente promovido por Alemania apenas llega al 28,9%, según han destacado fuentes gubernamentales. Sin embargo, lo cierto es que las diferencias irreconciliables entre los Estados miembros frenan cualquier intervención de la UE para mitigar el alza de la luz.

"Hemos insistido en la necesidad de que el precio que pagamos los consumidores se parezca mucho más al coste medio del sistema eléctrico y no que refleje preferentemente el coste marginal, el coste más elevado", ha explicado Ribera al término de la reunión.

Derecho a un precio estable

El documento promovido por España reclama además reforzar la protección de los consumidores, introduciendo en las normas de la UE el "derecho a tener una oferta de precio estable durante un tiempo prolongado y no con la letra pequeña de que se revisará la tarifa que se les aplica en el corto plazo". 

Finalmente, la vicepresidenta tercera ha reclamado "un sistema de compra de gas que sea más protector". "No basta sólo con proteger a los inversores. Es importante ofrecer estabilidad a los inversores pero hay que pensar sobre todo en los consumidores", ha dicho.

¿Cuál ha sido la reacción del resto de socios ante las nuevas propuestas españolas? "La respuesta ha sido de mucha más comprensión, de creciente comprensión por parte de todos", ha asegurado Ribera. Al final del debate, incluso ministros del bando contrario "se han acercado a compartir informalmente su preocupación, sus preguntas" y han expresado su "respeto" a la posición española.

"Hay muchos Estados miembros que lo están pasando realmente mal, que tienen una dependencia mucho mayor del gas natural, que tienen una interconexión todavía más baja de la que tenemos España y Portugal con el resto del continente y por tanto tienen que afrontar precios mucho más volátiles, mucho más altos y a veces con capacidad de pago de sus ciudadanos por debajo de la tenemos en España o en Portugal", ha indicado la vicepresidenta tercera.

Pese a esta actitud más receptiva, Ribera admite que "las decisiones en el ámbito de la UE llevan mucho tiempo" y que el invierno "va a ser complicado". A su juicio, todavía hay una "oportunidad" de que prosperen las tesis de España, pero esto no ocurrirá al menos hasta abril de 2022, fecha en que está previsto que se publique el informe definitivo de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) sobre el funcionamiento del mercado eléctrico europeo.

Por su parte, la comisaria de Energía, Kadri Simson, ha vuelto a alinearse con la posición de Alemania y sus socios, que a su vez se ha visto reforzada con el informe preliminar de ACER. Este estudio concluye que "el actual modelo de precios, en el que las fuentes de energía más baratas se compran y se usan primero, es la mejor opción para los hogares y empresas de Europa", ha destacado Simson.

Los riesgos del cambio

El informe señala además "los riesgos que plantean mecanismos de fijación de precios alternativos (como los que plantea España) para una descarbonización rentable, para los intercambios transfronterizos de energía y para la seguridad de suministro", ha insistido la comisaria de Energía.

En todo caso, el Ejecutivo comunitario asegura estar dispuesto a "estudiar" las propuestas de Madrid y París y "reflexionar" sobre su puesta en práctica. "Hay motivos para explorar soluciones que permitan mitigar la volatilidad, en particular en el mercado minorista, aunque sin distorsionar nuestro mercado único liberalizado", ha dicho Simson.

La comisaria de Energía ha anunciado además que sus propuestas para reformar el mercado gasístico europeo, que se presentarán el próximo 14 de diciembre, incluirán "un marco que permita la compra conjunta de reservas de gas por parte de entidades reguladas, en línea con el reglamento del mercado de la energía y las reglas de competencia de la UE". Esta es otra de las propuestas que defienden España y Francia.

Por lo demás, Simson ha desvelado que un total de 20 Estados miembros han adoptado ya medidas nacionales para amortiguar la subida de la luz (tanto rebajas de impuestos y costes regulados como ayudas a los hogares más vulnerables). El importe total de estas intervenciones nacionales supera los 3.400 millones de euros, según los cálculos de Bruselas.

El escenario central que maneja la Comisión es que los precios bajarán en primavera de 2022, aunque "continuarán siendo altos en términos históricos".