La historia de 'amor' entre las compañías eléctricas y el Gobierno ha llegado a su fin. El distanciamiento comenzó con el proyecto de ley para el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, con el objetivo de ampliar la financiación de las renovables a gasistas y petroleras. Después, continuó con los "dividendos de CO2", que apuntaba a la línea de flotación de las nucleares, y ahora se ha puesto la guinda con la reforma eléctrica para bajar la luz. 

Y, junto a la batalla legal que está a punto de iniciarse, está la mediática. Todo depende de si se defiende la postura de los mercados, los inversores y las cuentas de las compañías o la economía de las familias y las pymes, la recuperación económica o el efecto de estas medidas en la temida inflación.

Es la consecuencia de los récords históricos de los precios de la electricidad que se están batiendo semana tras semana y se prevé que continúe así hasta por lo menos la primavera que viene. El Gobierno estaba entre la espada y la pared y algo tenía que hacer, pero el sector eléctrico se queja de que, al menos, debería haber contado con ellos para ver las posibles alternativas.

Inseguridad en los mercados

Las casas de análisis coinciden en que la reforma eléctrica, y en especial la medida que obliga a devolver al Estado la retribución sobrevenida por los altos precios del gas, es "un tratamiento especial que debilita el trasfondo jurídico de la normativa y facilitará las apelaciones en los tribunales de las compañías eléctricas tradicionales".

De hecho, aseguran que "los clientes de electricidad liberalizados verán una enorme inflación en sus facturas de electricidad en los próximos meses y, lo que es más importante, en su conjunto, ya que el aumento de la incertidumbre regulatoria y el consiguiente aumento de la prima de riesgo hará que la recuperación económica española sea más lenta y costosa".

"La posible modificación del RD solucionará un problema para algunos proyectos renovables pero, lamentablemente, es poco probable que reduzca o elimine la incertidumbre regulatoria creada y los impactos negativos asociados para el país".

Según JP Morgan, hay una "clara intención del Gobierno para cobrar esa retribución (también conocida como impuesto) de las eléctricas y de los desarrolladores renovables".

En su opinión, "la necesidad de emitir una regulación rápidamente y evitar contradecir las directivas de la UE obligó al gobierno a incluir a la capacidad renovable no regulada. Así que las energías renovables se han convertido en una víctima no intencionada".

En el caso de RBC, aseguran que "el precio del gas pone en riesgo los nuevos proyectos renovables". Su desarrollo es el principal objetivo del Gobierno y, aunque la reforma eléctrica abrirá la puerta a la apelación de las eléctricas, podría llevar varios años su resolución. Además, esta saga de recuperación de gas ha dañado el coste de capital en el país.

Exane BNP cree que "las medidas de RD tienen un impacto negativo para el sector eléctrico (con una reducción de 3.200 millones suponiendo que la recuperación de gas finalice el 31 de marzo de 2022)".

También "para los clientes de electricidad liberalizados, que verán una enorme inflación en sus facturas de luz en los próximos meses". Y, lo más importante, "para el país en su conjunto, ya que el aumento de la incertidumbre regulatoria y el consiguiente aumento de la prima de riesgo país harán que la economía española se recupere para ser más lento y más caro".

Protección al consumidor

Por su parte, asociaciones de consumidores y plataformas sociales y ecologistas han aplaudido la reforma de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. Según las estimaciones de OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), su aplicación puede suponer en torno a 25 o 28 euros menos en la factura de un hogar medio en el contexto actual.

"Indudablemente es una mejora", señala la asociación, pero cree que insuficiente. Pide que estas medidas tengan carácter permanente. 

Desde Facua también aplauden las medidas, pero recuerdan que son temporales. "Tienen fecha de caducidad. El Gobierno debe acometer una reforma del sector a nivel regulatorio para que los españoles tengamos tarifas razonables de la electricidad", apunta Rubén Sánchez.

Para Francisco Espinosa, socio director de la Asociación de Consumidores de Electricidad (ACE), que engloba a unas 2.000 pequeñas y medianas empresas, "el Gobierno ya ha agotado las posibilidades de bajar la luz porque no puede intervenir todo un mercado".

Por su parte, las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han manifestado su apoyo plan de choque y piden que se haga frente a las "presiones" de las eléctricas para frenar estas medidas. De hecho, esperan que sigan mejorando las medidas que se están tomando para proteger a la ciudadanía y asegurar "una transición energética socialmente justa y compatible con la conservación de la biodiversidad".