Responsables de Alcoa y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se han reunido este viernes para abordar la situación de la planta de aluminio de Cervo (Lugo) y la multinacional ha propuesto "soluciones alternativas que aborden los problemas" de la factoría para "permitir así una vía de futuro" para sus trabajadores y la comarca. De hecho, mantendría las operaciones sin hacer despidos hasta julio de 2020. 

"Una vez que el Gobierno ha descartado una venta directa de la planta a SEPI, el presidente y consejero delegado de Alcoa, Roy Harvey, ofreció un escenario alternativo para la venta de la planta de aluminio primario de San Cibrao", apunta la empresa.

Como primer paso, Alcoa sugiere la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) antes del 15 de septiembre de 2021 por la compañía, el Gobierno, la Xunta, los sindicatos y la representación de los trabajadores.

En dicho memorando, destaca, "Alcoa mantendría las operaciones de la planta y no iniciaría el despido colectivo hasta el 31 de julio de 2022 en caso de que el Tribunal Supremo fallara a favor de Alcoa antes de esa fecha".

Este plazo de un año se emplearía, según explica, "para abordar los problemas energéticos de la planta de aluminio primario y obtener un precio de energía garantizado".

Marco energético poco competitivo

La firma reitera que la fábrica "no es viable debido al marco energético poco competitivo de España" y asegura que paga actualmente "un precio medio anual final de unos 90 Euros por MWh y más del triple de lo que paga la compañía en cualquier otra planta de aluminio del mundo".

"Los problemas energéticos ocasionan pérdidas de alrededor de 1 millón de dólares por semana en la planta de aluminio, esto incluso con un entorno de mejores precios del aluminio", añade.

Para hacer posible la viabilidad futura de la planta, "el problema de la energía debe resolverse", incide. Una vez "resuelto el reto energético", afirma que se comprometerá a realizar "un nuevo proceso de venta directa con potenciales compradores", pero "tras la confirmación expresa de su solvencia a través de instrumentos del Estado, conforme ofreció la ministra".

Este proceso de venta, sin embargo, lo condiciona a "que esté garantizado el suministro de energía a un precio que permita a la planta ser competitiva a largo plazo".

Reducir riesgos

Para lograr esta competitividad, "el mejor camino para reducir los riesgos compartidos de la operación", Alcoa propone "trabajar hasta el 31 de julio de 2022, en un entorno de paz social, en dos vías paralelas para garantizar un precio final de energía competitivo para la planta y sus potenciales compradores".

El primero sería "trabajar conjuntamente con el Gobierno nacional, Xunta de Galicia y uno o más suministradores de energía, con el objetivo de poner a disposición de la planta de San Cibrao un suministro competitivo de energía eléctrica renovable a partir del 1 de enero de 2023".

Y el segundo implicaría "trabajar conjuntamente con el Gobierno nacional y la Xunta de Galicia, con el objetivo de establecer un marco regulatorio que permita, en combinación con el punto anterior, garantizar un precio final competitivo para la planta a partir del 1 de enero de 2023".

"La propuesta de Alcoa evita riesgos potenciales, tanto para los trabajadores como para la compañía, asociados a vender una planta que no es competitiva", según reivindica.

Por su parte, la ministra Reyes Maroto considera "positivo el cambio de actitud de Alcoa que abre la puerta a una solución definitiva a la situación de la planta de San Cibrao".

"Este cambio se produce tras la reunión de la ministra en la oficina central de la empresa en Pittsburgh el 19 de julio", indica. El Gobierno, agrega, "siempre ha trabajado en la búsqueda de soluciones que garanticen el futuro industrial y laboral de la planta".