Bruselas cuestiona el laudo arbitral que obliga a España a pagar 101 millones de euros (más intereses y costas) al fondo de inversión Antin, basado en Luxemburgo y Holanda, por el recorte de las primas a las renovables. La Comisión de Ursula von der Leyen ha lanzado este lunes una investigación en profundidad sobre este dictamen por considerar que el dictamen constituye una ayuda pública ilegal y además socava el ordenamiento jurídico comunitario al ser obra de un órgano ajeno a la UE.  

Si se confirman las sospechas, el Ejecutivo comunitario podría pedir la anulación de este laudo arbitral. España también ha recurrido este laudo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el órgano dependiente del Banco Mundial que impuso esta compensación.

El litigio se refiere al régimen de apoyo a la producción de electricidad procedente de renovables que España instauró en 2007, que no se notificó al Ejecutivo comunitario para su autorización. En 2013, España modificó las condiciones en las que las instalaciones de energías renovables podían obtener ayuda y aplicó los cambios de forma retroactiva a las plantas que habían comenzado a recibir subvenciones en virtud del régimen de 2007. Estos cambios sí recibieron luz verde de Bruselas. 

Antin Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l. y Antin Energia Termosolar B.V. (en lo sucesivo, «Antin») habían llevado a cabo inversiones en instalaciones de energías renovables en España, que se beneficiaban del régimen de apoyo de 2007. Tras los cambios de 2013, Antin inició un procedimiento de arbitraje con objeto de obtener una compensación por el cese del apoyo que sí habría recibido con arreglo al sistema de 2007.

Un laudo arbitral de 2018 del CIADI dictaminó que España había infringido el Tratado sobre la Carta de la Energía al recortar retroactivamente el apoyo a las renovables. El tribunal de arbitraje ordenó a España compensar a Antin por las pérdidas sufridas y fijó la indemnización en 101 millones de euros, más los intereses devengados por ese importe y una contribución a las costas del procedimiento arbitral.

Tras una investigación preliminar, el Ejecutivo comunitario considera que "el laudo arbitral constituiría ayuda estatal, dado que concede a Antin una ventaja equivalente a las que otorgaba el régimen español no notificado de 2007".

En particular, las dudas de Bruselas afectan a la conformidad del laudo arbitral con los principios de confianza mutua y autonomía del Derecho de la UE. La base en que se sustenta el laudo son las disposiciones del Tratado sobre la Carta de la Energía relativas a las relaciones entre inversores y Estados.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la UE ya ha dictaminado que el arbitraje entre inversores y Estados, cuando se aplica entre Estados miembros de la UE, socava el sistema de recursos legales previsto en los Tratados de la UE para resolver esos litigios. Por lo tanto, supone una amenaza para la autonomía del Derecho de la UE y el principio de confianza mutua entre los Estados miembros.

La Comisión verificará además "si el laudo arbitral puede generar discriminación entre los inversores en función de su nacionalidad y su capacidad de recurrir al arbitraje internacional, dado que los inversores españoles no tienen la posibilidad de interponer una acción ante un tribunal de arbitraje por las modificaciones del régimen de 2007".

Finalmente, el Ejecutivo comunitario ha resaltado que las instalaciones de energías renovables en las que ya había invertido Antin se benefician del régimen de ayudas de 2013, que ha sido autorizado por la Comisión con arreglo a las normas sobre ayudas estatales. "La Comisión investigará si el apoyo adicional concedido por el laudo arbitral es necesario para el desarrollo de una actividad económica, tiene efecto incentivador y es proporcionado. Asimismo, investigará si conceder ese apoyo únicamente a Antin puede falsear indebidamente la competencia", ha apuntado.

El inicio de una investigación en profundidad otorga a todas las partes interesadas una oportunidad de formular observaciones sobre la medida. No prejuzga en ningún modo el resultado de la investigación.