El arsenal de medidas para combatir el cambio climático (Fit for 55, en jerga bruselense) propuesto este miércoles por la Comisión de Ursula von der Leyen se traducirá en un aumento de la factura energética para particulares y empresas. En concreto, el porcentaje de los gastos de los hogares relacionados con la energía subirá hasta 0,8 puntos porcentuales, según los cálculos de Bruselas. Un incremento que golpeará de forma desproporcionada a los hogares más vulnerables.

El Ejecutivo comunitario es consciente de estos riesgos y quiere evitar a toda costa que surja en toda la UE un movimiento de protesta como el de los 'chalecos amarillos' en Francia, que en su origen se movilizaron contra el alza de los precios de los combustibles. Por eso, ha propuesto crear un nuevo Fondo Social para el Clima, cuya dotación total ascenderá a 72.200 millones de euros para el periodo 2025-2032. El reglamento obliga a los Estados miembros beneficiarios a aportar una cofinanciación del 50%, lo que significa que el fondo movilizará 144.400 millones de euros.

Según la propuesta de Bruselas -que todavía debe ser ratificada por los Gobiernos de los 27 y a la Eurocámara- a España le corresponderán un total de 7.600 millones (el 10,5% del total). Si se tiene en cuenta la cofinanciación obligatoria del 50% que deben aportar las autoridades nacionales, la cantidad total disponible para combatir la pobreza energética ascenderá a 15.200 millones de euros.

Asignación por países del Fondo Social para el Clima

El reparto por Estados miembros se ha calculado teniendo en cuenta factores como el PIB per cápita, la tasa de población en riesgo de pobreza en zonas rurales o el porcentaje de hogares en riesgo de pobreza con pagos atrasados en sus facturas energéticas. Polonia será el principal beneficiario (12.714 millones), seguido de Francia (8.087 millones) e Italia (7.806 millones). 

El nuevo Fondo Social para el Clima permitirá conceder ayudas directas a los hogares más vulnerables para compensar la subida de su factura energética, pero también servirá para costear inversiones en ahorro energético, en nuevos sistemas de calefacción y refrigeración de cero emisiones, en la compra de coches eléctricos o en el acceso gratuito al transporte público. Al igual que ocurre con Next Generation, los Gobiernos que soliciten ayuda tendrán que enviar a Bruselas un plan en el que detallen cómo se usará el dinero y los objetivos concretos que se pretenden lograr con su calendario correspondiente.

¿Será este instrumento suficiente para evitar una repetición de los 'chalecos amarillos'? "Nos damos cuenta de que ahora mismo ya es difícil para algunas personas pagar sus facturas energéticas o su transporte. El Fondo Social para el Clima está diseñado específicamente para afrontar este problema. No sólo proporcionará ayudas directas para las rentas más bajas, sino que también irá a inversiones en innovación", ha respondido Von der Leyen. 

"Pero no perdemos de vista nuestro objetivo común de reducir las emisiones de CO2. Al final, el CO2 está dañando nuestro clima y nuestro medio ambiente y los más perjudicados por eso son los que tienen ingresos más bajos", ha insistido la presidenta de la Comisión.

"Esta iniciativa representa nuestro compromiso con una transición justa. Debemos pasar la página de los combustibles fósiles, pero también debemos ayudar a los que se enfrentan a mayores problemas para hacerlo. En esta carrera hacia emisiones cero, necesitamos que todo el mundo llegue a la meta. No podemos dejar a nadie atrás", sostiene el vicepresidente del Ejecutivo comunitario y responsable del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans.

Las negociaciones sobre este nuevo instrumento se prevén muy difíciles. Los países "frugales" nórdicos, liderados por Holanda ya han expresado su oposición a esta iniciativa. Alegan que ya existen suficientes instrumentos financieros a escala de la UE para combatir la eficiencia energética, como el propio Next Generation o los fondos estructurales tradicionales. 

¿Cómo se paga?

Bruselas propone que el nuevo Fondo para combatir la pobreza energética se financie con cargo al presupuesto de la UE, utilizando un importe equivalente al 25 % de los ingresos previstos del nuevo sistema de comercio de emisiones para la vivienda y el transporte por carretera. La inclusión de estos dos sectores en el sistema de comercio de emisiones (aunque en un régimen separado de la industria) es otra de las grandes novedades del paquete Fit for 55.

En la práctica, eso significa que los dos sectores tendrán que pagar una nueva tasa por el CO2 que emitan. Una tasa que se aplicará a los suministradores de combustibles y no directamente a los hogares y los propietarios de coches, aunque lo más probable es que los primeros la repercutan en los segundos. El nuevo régimen comenzará a funcionar en 2026.

Por lo demás, el Ejecutivo comunitario pretende introducir límites de emisión más estrictos para la industria, lo que hará subir todavía más el precio de CO2 y funcionará como aliciente para introducir tecnologías limpias. En concreto, las emisiones de las grandes plantas industriales y eléctricas deberán reducirse un 61% de aquí a 2030, en comparación con los niveles de 2005.

Esto representa un incremento de 18 puntos porcentuales respecto al recorte del 43% que ya se ha llevado a cabo gracias al sistema de comercio de emisiones. Para alcanzar el nuevo objetivo, la Comisión propone un ritmo anual de reducción más pronunciado del 4,2%, en lugar del 2,2% previsto en el actual sistema. Bruselas quiere además eliminar gradualmente los derechos de emisión gratuitos para la aviación e incluir por primera vez al transporte marítimo en el régimen de comercio de emisiones.

Finalmente, el Ejecutivo comunitario plantea aumentar la cuota de renovables hasta el 40% para 2030, en lugar del 32% actual. Por su parte, el consumo de energía deberá reducirse al menos un 9% en 2030 en comparación con el escenario de referencia de 2020.