Los precios récord de la luz vuelven a enfrentar a Gobierno y oposición. En enero pasado ocurrió con la tormenta Filomena y ahora con la llegada del calor. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que se aprobaría una medida que ya utilizó en noviembre de 2018, la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación eléctrica.

Una decisión con la que se esperaba bajar la factura de la luz de entre el 2,5% y el 4% en el recibo doméstico y de entre el 5% y el 5,5% de la factura industrial, pero ¿tendría el mismo efecto en esta ocasión?

En la segunda mitad de 2018 los precios de la electricidad empezaron a dispararse, pero, en comparación con lo que está ocurriendo desde marzo pasado, no hay comparación. Entonces el Ejecutivo daba respuesta al fuerte repunte en agosto del precio de la electricidad, que en septiembre de disparó a máximos anuales. Sin embargo, el precio medio en 2018 fue de 56,4 €/MWh, un 8% superior a 2017, un 42,7% por encima de 2016 y un 24% mayor que la media de los últimos 6 años.

Todos ellos muy alejados de los 94,63 €/MWh de este martes, 16 de junio, cifra récord para este mes del año o los 81,50 €/MWh, su valor más alto en un mes de junio desde que hay registros, según explican los analistas del Grupo ASE.

Un impuesto polémico

El Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, IVPEE, o impuesto para la generación eléctrica se introdujo en la Ley 15/2012 de 27 de diciembre de 2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Era un tipo fijo de gravamen del 7%.

Nunca gustó al sector eléctrico, que al final, como ocurre con todos los impuestos, terminaba trasladándolo al recibo del consumidor. El 5 de noviembre de 2018 la ministra anunciaba su suspensión temporal por seis meses, porque se le venía encima las elecciones de 2019 y no podía alargarlo más.

Sin embargo, es difícil calcular cuánto fue realmente el efecto reductor de la suspensión del impuesto. Porque el precio de la electricidad en el pool fue bajando a medida que se acercaba la primavera, hasta rozar los 49,5 euros MWh en aquel abril de 2018, sólo un 1,4% más que durante el mes anterior, aún sin impuesto.

Lo que sí pudo calcular el Gobierno es cuánto dejó de ingresar en las arcas públicas por no aplicar el tributo: 830 millones de euros.

En contra, los consumidores 

Facua-Consumidores en Acción ha advertido al Gobierno de que "la carestía de la luz no se resuelve eliminando impuestos que deben pagar las eléctricas". Rubén Sánchez ha asegurado que la eliminación de este impuesto "aliviaría la factura poco más de lo que cuesta un café".

En un comunicado, Sánchez consideró que el Gobierno tiene que diseñar un plan que "incida sobre los beneficios que generan las empresas, no sobre un impuesto que pagan las eléctricas y repercuten a los consumidores".

Y por eso, pide que "si se toca un impuesto debe ser el IVA, a la baja, pero debe ir acompañado de impuestos directos más elevados a las rentas más altas y a las empresas que tienen beneficios mayores".

En esa misma línea se posiciona la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que ya reclamó hace una semana, una reducción del IVA de la luz al 10%, desde el 21% actual. Coincide con el Gobierno en la eliminación del impuesto a la generación eléctrica. Ambas medidas podrían conseguir un ahorro en la factura de casi el 14%.