La principal fuente de financiación de Liberty es el grupo Greensill Capital, uno de cuyos principales asesores es el ex primer ministro británico David Cameron. El banco Credit Suisse le congela 8.200 millones de euros en fondos de inversión que estaban ligados a transacciones crediticias. Por eso, Greensill está en proceso de declararse en insolvencia en Reino Unido con el objetivo de evitar su quiebra.

"GFC es una empresa de factoring, es decir, financia la operativa de sus proveedores, analiza las facturas y se queda con una comisión por ello, eso es todo, y como el banco suizo cerró el grifo, no hay nada más detrás".

"Estamos pidiendo que se busque una industria fiable que saque adelante las tres fábricas, necesarias para la producción de aluminio reciclable", apuntan.

El aluminio en la transición energética

Uno de los eslabones imprescindibles de la cadena de valor de la transición energética es el aluminio. Según el Banco Mundial, la producción de algunos minerales debería aumentar en un 500% para 2050 para satisfacer la creciente demanda de tecnologías de energía limpia, pero el aluminio también estará en el ranking de los más demandados.

Por ejemplo, en una instalación fotovoltaica el 88% del material que se necesita es aluminio y un 11,2% cobre, según la Confederación Nacional de Empresarios de la Minería y de la Metalurgia (Cofedem) y la Confederación Española de las Industrias de las Materias Primas Minerales (Primigea).

"Las fábricas son necesarias en España, no solo por las necesidades del producto sino porque genera empleo y riqueza económica", añaden los sindicatos.

Entre las tres suman más de 1.500 empleos directos y varias comarcas gallegas y asturianas dependen de ellas. El próximo 6 de abril el Ministerio de Industria ha convocado una nueva reunión con los representantes de los trabajadores de la factoría de aluminio primario de Alcoa en San Cibrao.

Alu Ibérica y la justicia

El problema de San Cibrao (Lugo) es la inacción de las autoridades públicas por participar en una solución que salve su futuro, pero en el caso de las dos fábricas de La Coruña y Avilés (Asturias), es el proceso judicial en el que están envueltas.

"Alcoa quería vender estas plantas a Grupo Riesgo, una empresa que iba a esperar dos años para declararse en quiebra y así tanto uno como otro ahorrarse 160 millones de euros en la descontaminación, que era su responsabilidad", explican.

A principios de este mes de marzo, un centenar de agentes de la Policía Nacional se presentaron en estas dos factorías por una presunta descapitalización fraudulenta, así como en oficinas de Madrid, Málaga y Castellón. El objetivo era realizar varios registros por orden del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.

"Hay que evitar que Alcoa consiga salir de España por la puerta de atrás", concluyen las fuentes, "no le puede salir gratis".