Alcoa afirma estar "cooperando con las autoridades" en relación con el operativo que ha desplegado la Policía en busca de pruebas de despatrimonialización fraudulenta en la venta de las que fueron sus plantas de La Coruña y Avilés.

La multinacional estadounidense vendió ambas plantas en 2019 a Parter Capital Group "en una venta que fue avalada por el Gobierno español y apoyada por los representantes de los trabajadores", según destacan fuentes de la empresa consultadas por Europa Press.

Posteriormente, recuerdan estas fuentes, Alcoa ha presentado una demanda contra Parter relacionada con la venta de acciones en las dos plantas.

A finales del año pasado, la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella presentada por un sindicato contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas en relación con la venta de las dos factorías.

La querella se presentó por hechos que a juicio de los sindicatos --después se sumaron otras organizaciones-- son constitutivos de los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal, y se dirige contra, entre otros, Víctor Rubén Doménech y las sociedades Alcoa Inespal SLU, Alu Ibérica LC SL, Alu Ibérica AVL SL y Parter Capital Group.

La investigación, dirigida por el juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional en sus diligencias previas declaradas secretas y coordinada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, persigue la obtención de pruebas de cara al esclarecimiento de los hechos y la salvaguarda de los derechos de todos los posibles perjudicados por tales actuaciones.

Agentes de la Policía Nacional están llevando a cabo este jueves una actuación operativa en las provincias de Madrid, La Coruña, Asturias, Málaga y Castellón, en relación a la supuesta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio de Alcoa en La Coruña y Avilés.

En el marco de dicha operación se incluyen un total de 11 registros en domicilios de personas físicas y jurídicas, entre ellos los propios centros de producción y un despacho de abogados.

En el operativo van a participar más de 100 funcionarios policiales de distintas especialidades de la organización central y territorial de la Dirección General de la Policía, incluida la unidad central de delincuencia económica y fiscal (UDEF), además de integrantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.