La Unión Europea fue la que dio el pistoletazo de salida para la transición energética mundial, pero ahora le siguen muy de cerca EEUU y China. En el primer caso, no solo es la nueva Administración de Joe Biden con su cambio de rumbo de 180 grados en políticas climáticas, sino también las grandes petroleras del país. Del gigante asiático también se esperan grandes anuncios el día que presenta su Plan Quinquenal 2021-2025.

Todos ellos coinciden en un punto: poner un precio al CO2, al estilo del Comercio de Derechos de Emisión de la UE, es una medida muy positiva para cumplir con los objetivos climáticos. 

Un nuevo estudio, publicado en Nature Climate Change, examina los avances en la reducción de las emisiones de CO2 fósiles desde que se adoptó el Acuerdo de París en 2015. El resultado: 64 países redujeron sus emisiones de CO2 fósil durante el período 2016-2019, pero el ritmo de reducción mundial debe ser diez veces mayor que el actual para cumplir con el Acuerdo de París y hacer frente al cambio climático.

Xi Jinping, presidente de China. Reuters

14º Plan Quinquenal chino

Este año 2021 marca el inicio del período cubierto por el decimocuarto plan quinquenal sobre Desarrollo Social y Económico Nacional. Un plan que fijará una gama de objetivos relacionados con el crecimiento económico de China, el sistema de bienestar social, el consumo de energía y la protección medioambiental a nivel nacional.

Pero lo que más expectación despierta es, sin lugar a dudas, la ruta que diseñen para la transición energética y que determinará la trayectoria de las emisiones de China en los próximos cinco años y más allá de este período. El plan de 2021 es de particular interés, dado el compromiso anunciado por China en septiembre de 2020 de alcanzar las emisiones máximas de carbono antes del año 2030 y conseguir la neutralidad de carbono de aquí a 2060.

Y, más aún, porque los objetivos actuales de reducción de carbono en China han sido calificados de "altamente insuficientes” por el consorcio Climate Action Tracker. 

Algunos investigadores recomendaron una reducción del 70%-75% en intensidad de carbono, que conduciría a una situación en la que se podrían alcanzar las emisiones de CO2 máximas alrededor del año 2025.

Por ello se espera que este plan proponga un tope de emisiones de carbono en todo el espectro económico para así guiar mejor los esfuerzos del país en el ámbito climático. Aunque se incluirá un límite en el consumo de carbón, podría reducirse aún más con una normativa más agresiva y eficaz de sustitución de carbón, siguiendo la estela del Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea. 

Esto ha llevado a una expectativa creciente de que el 14º Plan fijará unos objetivos climáticos más potentes, especialmente en lo que se refiere a energías renovables. Por el momento, el Banco Popular de China -el banco central del país asiático- ya ha dicho que acelerará el desarrollo de un sistema de estándares financieros verdes y promoverá el desarrollo de préstamos, bonos y seguros verdes y derivados.

Emisiones de gases a la atmósfera. EFE/How Hwee Young

Pagar por el CO2

Esta semana también ha sorprendido la revelación que ha hecho el lobby petrolero norteamericano, el Instituto Estadounidense del Petróleo. Está considerando respaldar un precio por las emisiones de dióxido de carbono, según adelanta Bloomberg. Los analistas del sector dicen que es la señal más clara hasta ahora de que las empresas de combustibles fósiles ven el cambio de Washington en la política climática como una amenaza real y significativa.

Un precio del carbono, ya sea en forma de un esquema de comercio de emisiones o un impuesto sobre la contaminación que calienta el planeta, parece contrario a los intereses de la industria de los combustibles fósiles, ya que efectivamente encarecería su producto principal para los consumidores. 

Sin embargo, es probable que al mismo tiempo estén preocupadas de que cualquier otra acción potencial de la administración Biden sea peor para ellas, según Joe Aldy, profesor de políticas públicas en la Escuela Kennedy de Harvard que anteriormente trabajó como asistente del expresidente Barack Obama. "Creen que la política climática alternativa puede ser una gran cantidad de regulaciones que considerarían onerosas e ineficientes".

Un impuesto al CO2 ha sido durante mucho tiempo la herramienta favorita de los economistas porque es una forma simple y eficiente de desalentar las emisiones. Garantizar que el coste negativo del cambio climático esté integrado en el precio de los productos intensivos en carbono, desde la gasolina hasta el cemento. 

También es una de las herramientas favoritas de la comunidad empresarial, incluso para el sector Oil & Gas. Para empezar, a diferencia de las regulaciones que restringen la perforación o exigen energía limpia, un impuesto al carbono no impediría a estas empresas extraer gas natural ni forzaría al combustible fósil a salir de mix eléctrico de EEUU. También podría impulsar las inversiones en proyectos de captura de carbono (CCUS) y otras tecnologías que prolongarían el uso de combustibles fósiles como fuente de energía.

Y por último, a corto plazo, poner precio a las emisiones de gases de efecto invernadero podría dar al gas natural una ventaja aún mayor sobre el carbón de combustión más sucia.

Importancia ASG

Mientras todo esto está a punto de resurgir en China y en EEUU, lo cierto es que ya nadie duda de que los combustibles fósiles ya descuentan lo que se va a penalizar la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. 

Según el análisis de Norbert Rücker, director de Economía e Investigación de Next Generation de Julius Baer, la perspectiva de un repunte en la actividad de ocio y viajes a mediados de año y una actividad manufacturera cada vez más boyante, ha aumentado los riesgos de una subida a corto plazo por encima de los 70 dólares por barril. A largo plazo, la reactivación del negocio del gas y petróleo esquisto y el debilitamiento del sector se interponen en el camino de un precio alto duradero.

A no ser que, según señala Esther Yong, analista de renta fija de Asia de la misma casa de inversión, temas como el greenwashing, la regulación y los factores ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) empiecen a pesar realmente, particularmente en regiones como Asia, donde el mercado de finanzas verdes es relativamente menos maduro y los marcos están menos desarrollados.

La pandemia de la Covid-19 ha acelerado el enfoque en las finanzas verdes en Asia, en conjunto con la tendencia global, y la tendencia solo continuará creciendo en medio de una mayor atención por parte de gobiernos y empresas, y también de inversores.

El mes pasado, Moody's dijo que la crisis del coronavirus ha llevado a un enfoque intensificado en los factores ASG, y ha brindado a los gobiernos la oportunidad de infundir objetivos ambientales en sus paquetes de apoyo fiscal.

Esto podría ayudar a mejorar su resiliencia a los riesgos climáticos físicos y reducir la intensidad de carbono de la actividad económica en la región.

Sin embargo, si bien parte del gasto se ha destinado a proyectos como infraestructura renovable y vehículos eléctricos, el estímulo se ha limitado en gran medida a cubrir las necesidades urgentes de salud pública y el apoyo a los ingresos. Todo ello hace presagiar que los combustibles fósiles vivirán momentos cada vez más complicados.