Un rótulo de Naturgy en uno de sus centros de trabajo.

Un rótulo de Naturgy en uno de sus centros de trabajo.

Observatorio de la Energía

Criteria no se plantea vender a IFM su participación en Naturgy mientras el Gobierno se inclina por vetar la opa

El Ejecutivo cree que hay que proteger a las empresas estratégicas y en el sector empieza a rondar la idea de que aparezca un 'caballero blanco'. 

15 febrero, 2021 03:48
Laura Ojea Arturo Criado

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La opa de IFM sobre el 22,69% de Naturgy podría quedar en agua de borrajas. El principal accionista de la energética, CriteriaCaixa, no se plantea la venta de su 24,7% del capital social. Una oposición frontal a la entrada del fondo de pensiones australiano que podría verse acompañada por el rechazo a la operación por parte del Gobierno. 

En el seno de las Torres Negras de la Diagonal de Barcelona no ha sentado nada bien la forma en la que el fondo de pensiones australiano ha presentado su oferta por Naturgy: hablando con GIP y Rioja (CVC) antes de lanzar la propuesta de compra, y dejando al margen al principal accionista de la compañía, que se enteró horas antes del envío a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

Desde el grupo inversor no hacen comentarios sobre la operación. Recuerdan, eso sí, que la vocación de Criteria en Naturgy es de largo plazo y que es una de sus participaciones históricas. Insisten, además, en que sólo dirán su posición de forma oficial cuando toque. Y para eso el Gobierno debe pronunciarse primero. 

¿Y cuál es la posición del Ejecutivo? En este momento la balanza se inclina del lado de vetar la operación y rechazar la entrada de IFM en la primera gasista de España. Así lo explican fuentes conocedoras a Invertia, quienes insisten en que de lo que se trata es de proteger los intereses nacionales en empresas estratégicas. 

Se impone la tesis del no, pese a que algunos sectores del Ejecutivo con la vicepresidenta Nadia Calviño a la cabeza, estarían presionando para que hubiera luz verde. Entre esas personas existe un cierto temor a que un rechazo a IFM provoque una espantada de futuros inversores en un momento clave para la recuperación económica de España. 

Aunque la decisión no está tomada, la oposición a la opa ha tomado posiciones en el seno del equipo económico de Moncloa. ¿El motivo? Que IFM es un fondo de inversión que busca la rentabilidad a corto plazo y no piensa en crear un proyecto de valor para las empresas en las que se adentra. 

De hecho, ya ha habido posicionamientos de miembros del Gobierno en este sentido. El más claro ha sido el ministro de Transporte, José Luis Ábalos. En unas declaraciones radiofónicas avisó de que "no será la primera vez que el Gobierno preserva la españolidad de las empresas estratégicas". 

Las fuentes con las que ha contactado Invertia explican que si la oferta la hubiera lanzado un fondo con un fuerte componente industrial la cosa podría ser distinta. Una visión que lleva a algunas personas conocedoras del sector a plantearse la posibilidad de que aparezca un 'caballero blanco' que sí cumpla con los requerimientos del Gobierno y Criteria.  

¿Y cuáles son? Básicamente, garantizar la estabilidad de Naturgy y, sobre todo, la españolidad de la compañía al ser una empresa estratégica. 

Solicitud a Industria

El balón acaba de echar a rodar y todavía queda partido por delante. Desde IFM insisten en que su vocación es invertir a largo plazo y contribuir al crecimiento de Naturgy. Tiempo tendrá el fondo de explicárselo al Gobierno, pues ahora tiene que presentar la solicitud de autorización ante el Ejecutivo.

Hace una semana, el fondo presentó ante la CNMV la solicitud de autorización, con su correspondiente folleto, para su oferta pública voluntaria y parcial para hacerse con hasta el 22,69% del capital social de Naturgy a un precio de 23 euros por título.

Con la presentación de esta solicitud al supervisor bursátil comenzó así a correr el reloj de los plazos. Desde entonces, la CNMV dispone de un periodo de 20 días hábiles para aprobar la oferta, que se podrá alargar en el tiempo, ya que se reiniciará cada vez que el organismo solicite información adicional a IFM.

El Ejecutivo cuenta con hasta seis meses para tomar una decisión, aunque es previsible que este tiempo se acorte, ya que es un paso preceptivo antes de que la CNMV autorice la opa, como ha subrayado la institución supervisora.